En línea con las obligaciones establecidas por la Directiva Europea 2014/55 sobre la facturación electrónica en la contratación pública, Bélgica introdujo un mandato para que las entidades públicas reciban y procesen facturas electrónicas en 2019.
En el caso de Bruselas, Flandes y Valonia, la iniciativa fue más allá de los requisitos mínimos de la Directiva de la UE e introdujo la obligación de emitir también facturas electrónicas para los proveedores de las entidades del sector público de estas regiones.
Con los recientes cambios legales, Bélgica se prepara ahora para ampliar la obligación de facturación electrónica a un número aún mayor de empresas, introduciendo la facturación electrónica obligatoria en el sector B2B.
El 31 de marzo de 2022, el Boletín Oficial belga publicó el Real Decreto de 9 de marzo de 2022, que pretende ampliar la obligación de emitir facturas electrónicas a todos los proveedores de las instituciones públicas en el marco de los contratos públicos y de los contratos de concesión.
Como se ha mencionado anteriormente, esta obligación ya existía en varias regiones, como Bruselas, Flandes y Valonia, pero ahora el mandato abarca a los proveedores de los organismos públicos de todas las regiones. Las fechas relativas a la emisión de facturas electrónicas en los contratos públicos, en función de su valor son:
Sólo están exentos los contratos públicos y las concesiones cuyo valor estimado sea inferior o igual a 3.000 euros sin IVA.
Como se informó anteriormente en , las autoridades belgas han indicado la ambición de ir más allá de la facturación electrónica B2G. El 11 de mayo de 2022, la Cámara de Representantes de Bélgica publicó un proyecto de ley que modifica la ley de 2 de agosto de 2002 relativa a la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales, modificada por última vez por la ley de 28 de mayo de 2019, con el objetivo de implantar la facturación electrónica entre empresas privadas (B2B).
La justificación de la propuesta es la necesidad de permitir a las empresas invertir en la facturación electrónica, después de haber apoyado ya la digitalización de la facturación en el sector B2G. Las ventajas que se derivan son un proceso de facturación mucho más rápido, más seguro y que minimiza el riesgo de errores y de falta de datos.
Además, las posibilidades de fraude disminuyen y la protección de la privacidad aumenta, sin necesidad de intervención humana en el proceso de facturación.
Por último, se destaca el aspecto medioambiental relativo al menor consumo de papel. En términos de beneficio financiero, según los cálculos del Servicio de Simplificación Administrativa (DAV), la plena digitalización de las facturas en Bélgica podría reducir la carga administrativa en 3.370 millones de euros.
En base al proyecto de ley, las empresas (a excepción de las microempresas) estarán obligadas a enviar sus facturas en formato electrónico estructurado (en línea con la norma europea de facturación electrónica EN 16931-1:2017 y CEN/TS 16931-2:2017), así como a recibir y procesar las facturas electrónicamente.
Nada en el proyecto de ley describe la participación de una plataforma de compensación centralizada, o la notificación de los datos de la factura electrónica a las autoridades fiscales. Por lo tanto, en este momento no hay ninguna indicación formal de que el mandato propuesto se diseñe como un sistema de facturación electrónica de control continuo de las transacciones (CTC), aunque es posible que el sistema evolucione para conectarse con PEPPOL.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2025 en lo que respecta a las PYME, garantizando así que las empresas tengan el tiempo suficiente para prepararse para la transición. Si se trata de grandes empresas, se espera que la facturación electrónica obligatoria esté presente a partir de enero de 2024. En principio, la fecha relativa a los grandes contribuyentes era julio de 2023, y la de los pequeños contribuyentes, a partir de 2024, por lo que lo más probable es que esas fechas se pospongan.
Póngase en contacto con para saber cómo puede ayudarle Sovos con sus retos de cumplimiento de la facturación electrónica .
En 2019, el gobierno portugués promulgó el Decreto Ley n. 28/2019, introduciendo una reforma completa de las normas relativas a la emisión, el procesamiento y el archivo de las facturas, con los principales objetivos de implementar la facturación electrónica, simplificar el cumplimiento para los contribuyentes y reducir la brecha del IVA.
La ampliación del ámbito de los obligados a utilizar un software de facturación certificado por la Agencia Tributaria portuguesa, la inclusión de un código QR y un código numérico único secuencial (ATCUD – código único de documento) y los requisitos más estrictos de integridad y autenticidad en la emisión de facturas y otros documentos fiscales relevantes fueron algunos de los mandatos más impactantes introducidos por esta ley.
Sin embargo, muchos contribuyentes tuvieron dificultades para cumplir con los nuevos requisitos. Por ello, la autoridad fiscal ha retrasado la puesta en marcha de diferentes componentes del Decreto, y algunos de ellos siguen sin aplicarse.
En una reciente Decisión Ministerial de 26 de mayo de 2022 , la línea de meta para la aplicación del requisito de integridad y autenticidad más estricto, el punto central de este artículo, se ha trasladado de nuevo, ahora al 1 de enero de 2023.
El Decreto de 2019 estableció que para garantizar el cumplimiento de los requisitos de autenticidad e integridad de las facturas electrónicas y otros documentos fiscales relevantes (según el artículo 233 de la Directiva del IVA de la UE 2006/112/CE), los contribuyentes deben utilizar una firma electrónica cualificada, un sello electrónico cualificado (QES) o un sistema de intercambio electrónico de datos (EDI) con medidas de seguridad según el Modelo Europeo de Acuerdo EDI. Este cambio es importante ya que limita la elección de los métodos de cumplimiento generalmente reconocidos en la UE a uno solo entre QES y EDI.
Para lograr este objetivo, el Decreto determinó que los contribuyentes sólo podrían utilizar las firmas electrónicas o los sellos (el nivel más bajo de seguridad de la firma) previamente aceptados en advanced hasta el 31 de diciembre de 2020. A partir de entonces, todas las facturas tendrían que incorporar una firma o sello cualificado o ser emitidas a través del EDI.
El plazo original para la aplicación de los requisitos más estrictos de integridad y autenticidad se ha pospuesto varias veces. El primer aplazamiento se ordenó a través de Despacho n. 437/2020-XXII de 9 de noviembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Asuntos Fiscales (SEAF – Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais). De acuerdo con esto, las facturas en PDF sin QES se aceptarían hasta el 31 de marzo de 2021 y se considerarían facturas electrónicas a todos los efectos fiscales.
Desde entonces, el mandato ha sido aplazado cuatro veces más, siendo la última el 26 de mayo de 2022, mediante el Despacho n. 49/2022-XXIII del SEAF. Según este acto, las facturas en PDF sin medidas de seguridad específicas deben ser reconocidas como facturas electrónicas a efectos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2022, en lugar de la fecha establecida anteriormente, el 30 de junio de 2022.
Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2023, los contribuyentes acogidos al Decreto Ley n. 28/2019 deberán cumplir con el requisito de garantizar la autenticidad e integridad, bien aplicando una Firma/Sello Electrónico Cualificado o bien utilizando el “EDI by-the-book” (EDI según el Modelo Europeo de Acuerdo EDI).
Además de la exigencia más estricta de autenticidad e integridad, los contribuyentes deben estar preparados para cumplir con los nuevos mandatos de facturación adicionales en curso en Portugal. El 1 de julio de 2022, se exigirá el uso exclusivo de facturas electrónicas estructuradas en formato CIUS-PT para las transacciones B2G. La facturación electrónica obligatoria B2G ya se está aplicando mediante un despliegue gradual. Está previsto que finalice y sea obligatoria para las pequeñas y medianas empresas y las microempresas el 1 de julio de 2022. Además, la inclusión del código ATCUD en las facturas y otros documentos fiscales relevantes, que también se había pospuesto anteriormente, será obligatoria el 1 de enero de 2023.
¿Necesita garantizar el cumplimiento de los últimos requisitos de facturación electrónica en Portugal? Póngase en contacto con los expertos fiscales de Sovos.
Desde que se convirtió en el primer país de la UE en hacer obligatoria la facturación electrónica a través de un proceso de liquidación en 2019, Italia ha mantenido un ritmo constante en la mejora de su sistema de control continuo de las transacciones (CTC) para cerrar las brechas en el cumplimiento del IVA.
En los últimos años, Italia ha ampliado gradualmente su sistema introduciendo diversos mandatos. Los siguientes cambios reflejan los esfuerzos del Gobierno por atar los cabos sueltos y hacer valer mecanismos de control de mayor alcance para lograr un sistema eficiente y completo.
Los cambios que se enumeran a continuación entrarán en vigor el 1 de julio de 2022; algunos de ellos ya están disponibles de forma voluntaria y otros permiten un breve periodo de gracia para su adaptación.
La retirada del sistema de declaración de impuestos, Esterometro, obligará a los contribuyentes italianos a informar de todas las transacciones transfronterizas a través del Sistema di Interscambio (SDI). Dado que la compensación de las facturas transfronterizas no entra en el ámbito de aplicación del sistema italiano de CTC, se trata de un claro paso hacia la centralización.
Los contribuyentes pueden seguir intercambiando facturas de cualquier forma acordada, incluido el formato FatturaPA. La declaración, sin embargo, debe hacerse a través de la IDE utilizando el formato FatturaPA. Esto es opcional desde enero de 2022.
Italia ha ampliado recientemente el alcance de su mandato de facturación electrónica incorporando nuevos grupos de contribuyentes:
Se establece un breve periodo de carencia desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. Durante este periodo, estos contribuyentes podrán emitir facturas electrónicas dentro del mes siguiente a la realización de la operación sin que se les aplique ninguna sanción.
El nuevo mandato también establece que las microempresas con ingresos o tasas de hasta 25.000 euros al año estarán obligadas a emitir y compensar las facturas electrónicas con la IDE, pero esto no empieza hasta enero de 2024.
Siguiendo el mandato del CTC italiano, Italia y San Marino iniciaron negociaciones para acomodar el intercambio de facturas entre los dos países a través del sistema más moderno basado en la compensación, que requiere que los contribuyentes de emitan y compensen las facturas electrónicas utilizando el formato FatturaPA. Esto se estableció mediante la creación de un modelo de “cuatro esquinas” con la IDE italiana como punto de acceso para los contribuyentes italianos y la plataforma HUB-SM como la contraparte de la IDE por parte de San Marino.
El mandato cubre la venta de bienes enviados a San Marino para los contribuyentes residentes, establecidos o identificados en Italia. Para las ventas de bienes a Italia, los operadores económicos deben emitir una factura electrónica con la identificación que les atribuye la República de San Marino. Un efecto importante de este mandato es que las obligaciones de información a través de Esterometro llegarán a su fin.
La fase de transición voluntaria comenzó en octubre de 2021.
El inicio del segundo semestre de 2022 traerá consigo cambios significativos, y los contribuyentes tienen un tiempo limitado para ajustarse a medida que se acerca el mes de julio. Entender cómo estos nuevos requisitos pueden afectar a su empresa garantizará el cumplimiento y evitará errores innecesarios.
Hable con nuestro equipo si tiene alguna pregunta sobre los últimos requisitos de facturación electrónica en Italia. Sovos tiene más de una década de experiencia en mantener a sus clientes al día con los mandatos de facturación electrónica en todo el mundo.
El sistema de facturación electrónica de Arabia Saudí se está implantando en en dos fases; los requisitos de la segunda fase difieren de los de la primera. La primera fase comenzó el 4 de diciembre de 2021 para todos los sujetos pasivos residentes. La segunda fase entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2023, y aún no se ha anunciado el grupo de contribuyentes afectado. Sin embargo, la Autoridad del Zakat, los Impuestos y las Aduanas (ZATCA) ha avanzado considerablemente en la puesta en marcha de la segunda fase.
La fase 2 introducirá un régimen de control continuo de las transacciones (CTC) en el que las facturas electrónicas y las notas de crédito y débito electrónicas se transmitirán a la plataforma ZATCA en tiempo real. Se prescribe un régimen de compensación para las facturas B2B, mientras que las facturas B2C deben ser comunicadas a la plataforma de la autoridad fiscal en las 24 horas siguientes a su emisión. Por lo tanto, se esperaba que la ZATCA introdujera su plataforma de facturación electrónica mucho antes del lanzamiento de la fase 2.
Como se esperaba, la ZATCA anunció recientemente el lanzamiento de un portal de desarrollo de facturación electrónica (Sandbox). Los usuarios utilizarán el Sandbox para simular la integración con la plataforma de ZATCA y podrán acceder a los detalles sobre las API y otros requisitos a través de esta plataforma previo registro.
ZATCA ha propuesto cambios específicos en las normas de facturación electrónica. Los cambios propuestos son objeto de consulta pública y las partes interesadas pueden presentar sus comentarios hasta el 10 de junio de 2022.
Los cambios pretenden aclarar algunos requisitos (por ejemplo, el sello criptográfico, el hash, el contador, etc.) en lugar de introducir otros nuevos.
Los últimos cambios aclaratorios de las normas de facturación electrónica están en marcha, y se ha puesto en marcha el portal para desarrolladores. Ahora esperamos el anuncio de la ZATCA sobre los grupos de contribuyentes en el ámbito del mandato y esperamos que se produzca al menos seis meses antes de la fecha de entrada en vigor. Como la ZATCA tiene previsto desplegar la fase 2, habrá diferentes plazos para los distintos grupos de contribuyentes. Esperamos esta información en los próximos meses.
¿Necesita garantizar el cumplimiento de los últimos requisitos de CTC en Arabia Saudí? Póngase en contacto con el equipo de expertos fiscales de Sovos.
Actualización: 29 febrero 2024 por Inês Carvalho
Desde enero de 2023, el sistema obligatorio de transporte electrónico de Rumanía supervisa el transporte de determinadas mercancías en el territorio nacional. El sistema de transporte electrónico funciona en paralelo con el sistema de facturación electrónica de Rumanía.
Este blog responde a las preguntas más frecuentes sobre el sistema de transporte electrónico de Rumanía, incluido qué y quién está en el ámbito de aplicación, el formato del documento y las multas por incumplimiento.
A partir de enero de 2023, el sistema rumano de transporte electrónico supervisa el transporte de mercancías de alto riesgo fiscal en el territorio nacional.
El transporte en el alcance incluye:
Además del tipo de transporte, las categorías de vehículos de carretera incluidas en el ámbito de aplicación son las siguientes:
El transporte de mercancías de alto riesgo fiscal que no entren en este ámbito de aplicación no necesita declararse en el sistema de transporte electrónico de Rumanía.
El transporte de mercancías destinado a misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones internacionales, fuerzas armadas de Estados miembros extranjeros de la OTAN o como resultado de la ejecución de contratos, no entra en el ámbito de aplicación del sistema RO e-Transport.
A partir del 15 de diciembre de 2023, el alcance del mandato de transporte electrónico se amplió para incluir el transporte internacional de todas las mercancías. Si bien el cambio entró en vigencia de inmediato, existe un período de gracia vigente hasta el 1 de julio de 2024, después del cual se impondrán sanciones.
La Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumanía (ANAF) estableció una lista de productos de alto riesgo fiscal utilizando los mismos criterios que el sistema de facturación electrónica (E-Factura), con algunas diferencias.
Las categorías de productos de alto riesgo fiscal para el sistema de transporte electrónico son:
Si el transporte incluye tanto mercancías de alto riesgo fiscal como mercancías fuera de la categoría de alto riesgo fiscal, el transporte debe declararse en el sistema rumano de transporte electrónico.
El sistema de transporte electrónico de Rumanía funciona a través del Espacio Privado Virtual (SPV), el portal de la autoridad fiscal utilizado a efectos fiscales, incluido el sistema rumano de facturación electrónica. El sistema de transporte electrónico se puede utilizar a través de una API o una aplicación gratuita proporcionada por el Ministerio de Finanzas.
Las entidades obligadas a comunicar los datos de transporte en la plataforma de transporte electrónico son las siguientes:
El declarante debe presentar un archivo en formato XML siguiendo el esquema oficial que incluya lo siguiente:
El incumplimiento de las normas del sistema de transporte electrónico dará lugar a una multa de hasta 50.000 RON (aprox. 10.000 €) para particulares y 100.000 RON (aprox. 20.000 €) para personas jurídicas. Además, se decomisará el valor de los bienes no declarados.
En cuanto al transporte internacional de mercancías, distintas de las comprendidas en la categoría de ‘alto riesgo fiscal’, las multas solo se aplicarán a partir de julio de 2024, una vez finalizado el periodo de carencia establecido.
Manténgase al tanto de sus obligaciones con Sovos. Mapee, borre, corrija, confirme y elimine la guía electrónica saliente y mucho más con nuestra solución especializada.
La verdadera clave para el cumplimiento es mirar más allá de hoy; Si sabes lo que viene, siempre puedes estar preparado. Sovos es su socio de cumplimiento ideal para el presente y el futuro, tanto en Rumanía como en cualquier otro lugar donde haga negocios, proporcionando una solución única y global. Hable con nuestros expertos para asegurarse de que está en el lado correcto del riesgo.
Los países de Europa del Este están dando nuevos pasos en la implantación de sistemas de control continuo de las transacciones (CTC) para reducir la brecha del IVA y combatir el fraude fiscal. Este blog le ofrece información sobre los últimos avances en varios países de Europa del Este que pueden dar forma al establecimiento de sistemas de CTC en otros países europeos y más allá.
Previamente, el 1 de enero de 2022, los contribuyentes han podido emitir facturas estructuradas (facturas electrónicas) utilizando Sistema Nacional de Facturación Electrónica de Polonia (KSeF) de forma voluntaria, lo que significa que los formularios electrónicos y en papel siguen siendo aceptables en paralelo. El 30 de marzo de 2022, la Comisión Europea anunció la decisión de excepción al artículo 218 y al artículo 232 de la Directiva 2006/112/CE. La decisión se aplicará desde el 1 de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026, tras recibir la última aprobación del Consejo de la UE.Además, el 7 de abril de 2022, el Ministerio de Hacienda publicó la versión de prueba de la aplicación para contribuyentes del KSeF que permitía gestionar las autorizaciones de emisión y recepción de facturas del KSeF. Está previsto que la fase obligatoria del mandato comience el segundo trimestre de 2023, el 1 de abril de 2023.
El sistema rumano CTC es uno de los de más rápido desarrollo en Europa del Este, con el sistema E-Factura disponible para las transacciones B2G desde noviembre de 2021. Basado en la Ordenanza de Emergencia del Gobierno no. 41, publicada en el boletín oficial el 11 de abril de 2022, el uso del sistema será obligatorio para el transporte nacional de mercancías de alto riesgo fiscal a partir de julio de 2022.
Además, el Proyecto de Ley sobre la aprobación de la Ordenanza de Emergencia del Gobierno no. 120/2021 sobre la administración, el funcionamiento y la aplicación del sistema nacional de facturación electrónica (Proyecto de Ley) el 20 de abril de 2022 fue publicado por la Cámara de Diputados rumana. De acuerdo con el Proyecto de Ley, la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) emitirá una orden en 30 días tras la decisión de derogación de la Directiva del IVA de la UE y establecerá el alcance y el calendario del mandato de facturación electrónica B2B. Según se desprende de las modificaciones propuestas, la facturación electrónica B2G será obligatoria a partir del 1 de julio de 2022, y la facturación electrónica obligatoria para todas las transacciones B2B está en proyecto.
Serbia ha introducido una plataforma de CTC denominada Sistem E-Faktura (SEF) y un sistema adicional para ayudar a los contribuyentes en la tramitación y almacenamiento de las facturas denominado Sistem za Upravljanje Fakturama (SUF).
Para empezar a utilizar el sistema CTC Sistem E-Faktura (SEF) proporcionado por el Ministerio de Hacienda serbio, el contribuyente debe registrarse a través del portal dedicado : eID.gov.rs. El SEF es un portal de compensación para enviar, recibir, capturar, procesar y almacenar facturas electrónicas estructuradas. El destinatario debe aceptar o rechazar una factura en un plazo de quince días a partir de la recepción de la factura electrónica.
El sistema CTC pasó a ser obligatorio el 1 de mayo de 2022 para el sector B2G, en el que todos los proveedores del sector público deben enviar las facturas electrónicamente. El Gobierno serbio deberá poder recibirlas y almacenarlas a partir del 1 de julio de 2022. Además, todos los contribuyentes estarán obligados a recibir y almacenar facturas electrónicas, y a partir del 1 de enero de 2023, todos los contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas B2B.
El gobierno eslovaco anunció su sistema de CTCllamado Sistema de Información de Facturación Electrónica(IS EFA, Informačný systém elektronickej fakturácie) en 2021 mediante un proyecto de ley.
La facturación electrónica del CTC abarca las transacciones B2G, B2B y B2C y se realizará a través del sistema de información de facturación electrónica (IS EFA).
La legislación oficial que regula el sistema de facturación electrónica aún no se ha publicado, aunque se espera que lo haga en breve. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha publicado recientemente nuevas fechas relativas a la implantación de la solución electrónica:
La segunda fase seguirá para las transacciones B2B y B2C.
Eslovenia no ha avanzado en la introducción de su sistema de CTC. Debido a las elecciones nacionales de abril de 2022, no se esperaba que la reforma del CTC cobrara mucha fuerza hasta al menos el verano de 2022. Sin embargo, todavía se está debatiendo la reforma del CTC, que se intensificó poco después de las elecciones parlamentarias eslovenas.
El rápido ritmo de los acontecimientos que se producen en los países de Europa del Este conlleva desafíos. La falta de claridad y los cambios de última hora dificultan aún más a los contribuyentes el cumplimiento de la normativa en estas jurisdicciones.
Cumplir con los cambios del CTC en toda Europa del Este es más fácil con la ayuda del equipo de expertos en IVA de Sovos. Póngase en contacto con o descargue el informe 13th Annual Trends para mantenerse al día con el cambiante panorama normativo.
La tendencia mundial en el ámbito de la facturación electrónica durante la última década ha demostrado que los legisladores y las autoridades fiscales locales de todo el mundo se están replanteando el proceso de creación de facturas. Mediante la introducción de plataformas tecnológicamente sofisticadas de control continuo de las transacciones (CTC), las autoridades fiscales obtienen un control inmediato y detallado del IVA, lo que ha demostrado ser una forma muy eficaz de reducir la brecha del IVA.
Sin embargo, muchos países de derecho consuetudinario que no tienen un sistema de IVA, como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, no han seguido el mismo camino. Han destacado en las comparaciones internacionales por su escasa regulación en el ámbito de la facturación electrónica. La razón por la que no es necesario tener un control sobre las facturas es la falta de un régimen fiscal de IVA. Sin embargo, la evolución reciente indica que también los países de derecho consuetudinario tratan de impulsar la facturación electrónica, impulsados por la eficiencia de los procesos empresariales más que por la necesidad de control fiscal. En consecuencia, en este blog se abordarán las próximas novedades, centrándose en el programa piloto de facturación electrónica de Estados Unidos y en las iniciativas australianas y neozelandesas de fomento de la facturación electrónica.
La facturación electrónica está permitida desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, pero todavía no es una práctica comercial generalizada. Según algunas fuentes, la facturación electrónica sólo representa actualmente el 25% de todas las facturas intercambiadas en el país. Con la introducción del programa piloto de facturación electrónica de la Business Payments Coalition (BPC), en cooperación con la Reserva Federal, esto puede estar a punto de cambiar.
El programa piloto del mercado de intercambio de facturas electrónicas de la BPC tiene como objetivo promover una comunicación B2B más rápida y ofrecer una oportunidad para que todo tipo de empresas intercambien facturas electrónicas en Estados Unidos.
El programa piloto es una red de facturación electrónica estandarizada a través de la cual se pueden intercambiar facturas electrónicas estructuradas entre las contrapartes que utilizan varios sistemas de facturación interoperables para conectarse e intercambiar documentos. Su objetivo es impulsar la eficiencia y la productividad, reduciendo al mismo tiempo los errores de datos. Un modelo de servicios de registro federado permite a los administradores o registradores autorizados registrar e incorporar a los participantes al marco de intercambio de facturas electrónicas.
El marco de intercambio de facturas electrónicas funciona de forma similar al ecosistema del correo electrónico. Los usuarios pueden inscribirse en un proveedor de correo electrónico para enviar y recibir mensajes. El proveedor sirve de punto de acceso a los intercambios de correo electrónico para sus usuarios y entrega los correos electrónicos entre ellos a través de Internet. Permite que varios registradores inscriban a los participantes en el marco del intercambio de facturas electrónicas. Esto recuerda al modelo PEPPOL, establecido a nivel mundial, que estandariza la estructura de una factura y proporciona un marco de interoperabilidad.
Estados Unidos sigue el modelo europeo de facturación electrónica, basado en la funcionalidad de interoperabilidad abierta. Permite a las partes que utilizan diversos sistemas de facturación conectarse e intercambiar documentos a través de la red de facturación electrónica con facilidad. El proceso de digitalización en el ámbito de la facturación electrónica permitirá a las organizaciones grandes y pequeñas de EE.UU. ahorrar recursos, promover la sostenibilidad y proporcionar eficiencia empresarial.
Al igual que en EE.UU., la evolución hacia la facturación electrónica en Australia y Nueva Zelanda no está impulsada principalmente por cuestiones fiscales, sino por la eficiencia de los procesos. Ninguno de los dos países tiene planes relativos a un mandato tradicional de facturación electrónica B2B. Sin embargo, los gobiernos de Nueva Zelanda y Australia se han comprometido a adoptar un enfoque conjunto de la facturación electrónica, y los primeros pasos son garantizar que todas las entidades gubernamentales puedan recibir facturas electrónicas.
En Australia, todos los organismos gubernamentales de la Commonwealth deberán poder recibir facturas electrónicas PEPPOL a partir del 1 de julio de 2022. Además, el Gobierno también pretende impulsar la facturación electrónica en el espacio B2B sin el tradicional mandato de que las empresas facturen electrónicamente. En su lugar, la propuesta consiste en implantar lo que se denomina Derecho de Facturación Electrónica Empresarial (BER).
Según la propuesta del Gobierno, las empresas tendrían derecho a solicitar a sus interlocutores comerciales el envío de una factura electrónica a través de la red PEPPOL en lugar de las tradicionales facturas en papel. Las empresas deben configurar sus sistemas para poder recibir las facturas electrónicas PEPPOL. Una vez que una empresa tenga esta capacidad, podrá ejercer su “derecho” y solicitar a otras empresas que le envíen facturas electrónicas PEPPOL.
Se espera que esta reforma se introduzca en julio de 2023, para lo cual las empresas podrán solicitar la recepción de facturas electrónicas PEPPOL sólo de las grandes empresas, y a continuación se llevará a cabo un despliegue por etapas para que finalmente abarcará a todas las empresas el 1 de julio de 2025.
Tras la reforma de la facturación electrónica australiana a partir de julio de 2022 para el sector B2G, el Gobierno de Nueva Zelanda está animando a las empresas y a los organismos gubernamentales a adoptar la facturación electrónica. Un paso en esta dirección es la posibilidad de que todos los organismos de la administración central puedan recibir facturas electrónicas basadas en PEPPOL BIS Billing 3.0 a partir del 31 de marzo de 2022.
Aparte de estos requisitos para el sector B2G, actualmente no hay planes publicados para que toda la economía pase a la facturación electrónica obligatoria.
Para saber más sobre lo que creemos que nos depara el futuro, descargueTrends 13th Edition.
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El Gobierno italiano ha dado pasos importantes para ampliar el alcance de su mandato de facturación electrónica , más concretamente ampliando el ámbito de los contribuyentes sujetos a las obligaciones de emisión y compensación de facturas electrónicas, a partir del 1 de julio de 2022.
El 13 de abril de 2022, el proyecto de Ley-Decreto, conocido como la segunda parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (Decreto Legge PNRR 2 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), fue aprobado por el Consejo de Ministros italiano (Consiglio dei ministri).
El Plan Nacional de Recuperación aprobado por el Gobierno italiano forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, un instrumento creado para ayudar financieramente a los Estados miembros a recuperarse de los retos económicos y sociales planteados por la pandemia del Covid-19.
La ampliación del mandato de facturación electrónica de Italia es uno de los elementos del paquete de medidas del Gobierno contra la evasión fiscal y aborda, en particular, el avance de la transformación digital, uno de los seis pilares del DRR.
El proyecto de Decreto-Ley PNRR 2 amplía la obligación de emitir y compensar facturas electrónicas a través de la plataforma de compensación italiana Sistema di Intercambio (SDI) a determinados contribuyentes del IVA exentos del mandato hasta ahora. Esto significa que, a partir del 1 de julio de 2022, los siguientes contribuyentes adicionales están obligados a cumplir el mandato de facturación electrónica italiano:
El régimen forfettario está disponible para los contribuyentes que cumplen requisitos específicos, lo que les permite adoptar un régimen de IVA a tanto alzado reducido del 15%, disminuido al 5% para las nuevas empresas durante los primeros cinco años. Estos contribuyentes han estado, hasta ahora, exentos de la obligación de emitir facturas electrónicas y compensarlas a través de la IDE, según el Decreto Legislativo 127 de 5 de agosto de 2015.
Además, se incluyen como nuevos sujetos las asociaciones deportivas de aficionados y las entidades del tercer sector con ingresos de hasta 65.000 euros que también han estado exentas del mandato de facturación electrónica. A partir del 1 de julio de 2022, la facturación electrónica también será obligatoria para ellos.
El mandato sigue excluyendo a las microempresas con ingresos o tasas de hasta 25.000 euros al año, que en cambio estarán obligadas a emitir y compensar facturas electrónicas con la IDE a partir de 2024.
El proyecto de decreto también establece un breve período de gracia transitorio desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. Durante este tiempo, los contribuyentes sujetos al nuevo mandato podrán emitir facturas electrónicas dentro del mes siguiente al que se realizó la transacción, sin estar sujetos a ninguna sanción. Esto da tiempo a los nuevos sujetos para ajustarse a la norma general que establece que las facturas electrónicas deben emitirse en un plazo de 12 días desde la fecha de la transacción.
El texto definitivo del decreto aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial italiana; sólo cuando se dé este último paso, el decreto se convertirá formalmente en ley y su ámbito de aplicación ampliado será vinculante. El inicio del segundo semestre de este año trae consigo otros cambios significativos en Italia en relación con la notificación obligatoria de las facturas transfronterizas a través de FatturaPA, que también comenzará el 1 de julio de 2022.
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La página web de Filipinas sigue avanzando constantemente hacia la implantación de su sistema de control continuo de transacciones (CTC), que consiste en la notificación casi en tiempo real de las facturas y recibos emitidos electrónicamente. El 4 de abril comenzaron las pruebas en el Sistema de Facturación Electrónica (EIS), la plataforma del gobierno, con seis empresas seleccionadas como pilotos para este proyecto.
El movimiento inicial hacia un sistema de CTC en Filipinas comenzó en 2018 con la introducción de la Ley de Reforma Fiscal para la Aceleración y la Inclusión, conocida como ley TRAIN, que tiene como objetivo principal simplificar el sistema fiscal del país haciéndolo más progresivo, justo y eficiente. El proyecto de implantación de un sistema obligatorio de facturación e información electrónica en todo el país se ha desarrollado en estrecha colaboración con el gobierno de Corea del Sur, considerado un modelo de éxito con su completo y experimentado sistema de CTC.
La facturación y los informes electrónicos son algunos de los muchos componentes establecidos por la ley TRAIN como parte del programa de transformación digital DX Vision 2030 del país. Con ello, Filipinas avanza en la modernización de su sistema fiscal.
El sistema CTC de Filipinas exige la emisión de facturas (B2B) y recibos (B2C) en formato electrónico y su comunicación casi en tiempo real a la Oficina de Impuestos Internos (BIR), la autoridad fiscal nacional. El EIS ofrece diferentes posibilidades de presentación, lo que significa que la transmisión puede hacerse en tiempo real o casi en tiempo real. Los documentos que deben emitirse y notificarse electrónicamente son las facturas de venta, los recibos y las notas de crédito/débito.
Según el Código Fiscal de Filipinas, los siguientes contribuyentes están cubiertos por el próximo mandato:
No obstante, los contribuyentes que no estén cubiertos por la obligación pueden optar por inscribirse en el EIS a efectos de notificación de facturas y recibos electrónicos
Las facturas electrónicas deben emitirse en formato JSON (JavaScript Object Notation) y contener una firma electrónica. Una vez emitidas, los contribuyentes pueden presentar sus facturas y recibos a sus clientes. No es necesaria la aprobación de la autoridad fiscal para proceder. Sin embargo, los documentos electrónicos deben transmitirse a la plataforma EIS en tiempo real o casi.
Filipinas ha introducido unos requisitos algo inusuales en este periodo de digitalización, en lo que respecta al archivo de las facturas electrónicas. El periodo de conservación es de diez años y consiste en un sistema en el que los contribuyentes están obligados a conservar copias impresas durante los primeros cinco años. Después de este primer periodo, ya no se requieren copias impresas, y se permite el almacenamiento exclusivo de copias electrónicas en un archivo electrónico durante los cinco años restantes.
Con las pruebas oficialmente en marcha, la siguiente fase debería comenzar el 1 de julio de 2022, con la puesta en marcha para 100 contribuyentes piloto seleccionados por el Gobierno, incluidos los seis iniciales. Después, el Gobierno tiene previsto avanzar en una implantación gradual en 2023 para todos los contribuyentes incluidos en el ámbito de aplicación del sistema. Mientras tanto, los contribuyentes pueden aprovechar este periodo provisional para ajustarse a los requisitos de información de la CTC de Filipinas.
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Transición de la facturación electrónica voluntaria a la obligatoria prevista a partir del 1 de abril de 2023
Desde el 1 de enero de 2022, los contribuyentes pueden emitir facturas estructuradas (facturas electrónicas) utilizando el Sistema Nacional de Facturación Electrónica (KSeF) de Polonia de forma voluntaria, lo que significa que los formularios electrónicos y en papel siguen siendo aceptables en paralelo. La introducción del sistema KSeF forma parte de la transformación digital que se está produciendo en Polonia tras el establecimiento de mandatos de control continuo de las transacciones (CTC) en toda Europa, lo que permite una identificación más rápida y eficaz del fraude fiscal.
El sistema KSeF permite a los contribuyentes emitir y recibir facturas electrónicamente. Es una de las herramientas tecnológicamente más avanzadas de Europa para el intercambio de información sobre hechos económicos. Las facturas estructuradas emitidas a través del sistema se preparan de acuerdo con el modelo de factura desarrollado por el Ministerio de Hacienda. Tras su emisión, las facturas se envían desde el sistema financiero y contable a través de una interfaz (API) a la base de datos central (KSeF). Después están disponibles en el sistema y pueden ser descargadas por el destinatario.
El 5 de agosto de 2021, la República de Polonia solicitó autorización para establecer una excepción a los artículos 218, 226 y 232 de la Directiva del IVA a fin de poder aplicar la obligación de expedir facturas electrónicas, procesadas a través del Sistema Nacional de Facturación Electrónica (KSeF), para todas las operaciones que requieran la expedición de una factura con arreglo a la legislación polaca en materia de IVA.
Posteriormente, el 9 de febrero de 2022, Polonia modificó su solicitud, solicitando la autorización para establecer una excepción a los artículos 218 y 232 de la Directiva del IVA y especificó que la facturación electrónica obligatoria sólo se aplicaría a los sujetos pasivos establecidos en el territorio de Polonia.
Polonia considera que la introducción de una obligación generalizada de emitir facturas electrónicas aportaría importantes beneficios en términos de lucha contra el fraude y la evasión del IVA, al tiempo que simplificaría la recaudación del impuesto. Además, la aplicación de la medida acelerará la digitalización del sector público.
Como se deriva del artículo 218 de la Directiva del IVA, los Estados miembros están obligados a aceptar como facturas todos los documentos o mensajes en papel o en formato electrónico. Polonia se esforzó por obtener una excepción al citado artículo de la Directiva del IVA para que la administración fiscal polaca sólo pudiera considerar como facturas los documentos en formato electrónico.
Además, sobre la base del artículo 232 de la Directiva del IVA, la utilización de una factura electrónica está sujeta a la aceptación del destinatario. Por lo tanto, la introducción de una obligación de facturación electrónica en Polonia requiere una excepción a este artículo, de modo que el emisor ya no tenga que obtener el consentimiento del destinatario para enviar una factura en un formato sin papel. Actualmente, según el artículo 106n de la ley polaca del IVA, el uso de facturas electrónicas requiere la aprobación del destinatario de la factura, lo que dificulta la posibilidad de imponer la facturación electrónica obligatoria.
Tal como anunció la Comisión Europea el 30 de marzo de 2022, se ha concedido a Polonia la decisión de excepción tanto del artículo 218 como del artículo 232 de la Directiva 2006/112/CE. La decisión se aplicará desde el 1 de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026, tras recibir la última aprobación del Consejo de la UE. Se espera que la fase obligatoria del mandato comience el 1 de abril de 2023.
Para que los contribuyentes puedan emitir y disponer de facturas electrónicas mediante KSeF, el Ministerio de Hacienda polaco ofrecerá varias herramientas de forma gratuita:
El 31 de marzo de 2022, el Ministerio de Hacienda anunció que la versión de prueba de la aplicación KSeF Taxpayer estará disponible el 7 de abril de 2022. Permitirá gestionar las autorizaciones, emitir y recibir facturas del KSeF.
Con la decisión publicada por la Comisión Europea, Polonia ha entrado en la siguiente fase de aplicación de la facturación electrónica obligatoria. Los siguientes pasos se darán después de recibir la aprobación del Consejo de la UE (que ahora es una formalidad y debería tener lugar en unas semanas). Posteriormente, el Ministerio de Hacienda implantará la facturación electrónica universal en Polonia dando el tiempo suficiente para que las empresas se adapten a las nuevas soluciones.
El desarrollo de la solución CTC de Sovos para Polonia ya está muy avanzado y en breve estará listo para su aplicación. Para adelantarse a las inevitables prisas por cumplir el mandato CTC de Polonia, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Brasil es, sin duda, una de las jurisdicciones más complicadas del mundo en lo que respecta a la legislación fiscal. El intrincado sistema fiscal que abarca normas de 27 estados y más de 5.000 municipios ha creado una carga para las empresas, especialmente para las transacciones entre estados y municipios.
Además, los contribuyentes deben examinar cuidadosamente los numerosos formatos y requisitos de la facturación electrónica (y, a veces, la ausencia de ellos). Por lo tanto, las esperanzas de una reforma fiscal en Brasil existen desde hace tiempo.
En los últimos años, varias iniciativas legislativas encaminadas a integrar los mandatos de la fiscalidad indirecta en todo el país no han tenido resultados satisfactorios. Entretanto, un paso factible para lograr tales cambios puede ser la unificación de las normas sobre el cumplimiento digital de las obligaciones fiscales, como la facturación y la declaración electrónica del IVA.
A finales de 2021 se inició una propuesta de ley (Projeto de Lei Complementar n. 178/2021) por parte del sector privado. Denominado Estatuto Nacional de Simplificación de las Obligaciones Fiscales Auxiliares, ha sido acogido este año por la Cámara de Diputados. Su objetivo principal es introducir una importante reforma dentro de las obligaciones fiscales digitales mediante la creación de un sistema unificado de facturación electrónica.
Al establecer la cooperación fiscal nacional, la propuesta pretende reducir los costes con el cumplimiento, permitir el intercambio de información entre las autoridades fiscales y crear un incentivo para la conformidad de los contribuyentes en todos los niveles federales, estatales y municipales.
El programa principal de la propuesta de ley es introducir:
Lo que significa para las empresas
El cambio más significativo es la introducción de la NFB-e (Nota Fiscal Brasil Eletronica), una norma nacional para la facturación electrónica. Supone la unificación de la NF-e (Nota Fiscal Eletronica), la NFS-e (Nota Fiscal de Servicos Eletronica) y la NF-C (Nota Fiscal do Consumidor Eletronica) en un único documento. De este modo, se incluirán los impuestos similares al IVA de Brasil, en este caso, el ICMS (IVA sobre productos y determinados servicios) y el ISS (IVA sobre servicios).
En la práctica, esto significa que en lugar de cumplir con numerosos formatos y mandatos de facturación electrónica, según el estado y el municipio de la transacción, un estándar digital nacional proporcionará un cumplimiento uniforme en todo el país para la facturación electrónica. La NFB-e cubrirá la facturación de bienes y servicios a nivel estatal y municipal para las transacciones B2G, B2B y B2C.
La reforma reducirá drásticamente la carga de los contribuyentes y ampliará el alcance de la facturación electrónica a los municipios en los que aún no se ha adoptado dicho mandato.
Es esencial añadir que se mantendrán los requisitos de compensación para la facturación electrónica en Brasil, lo que significa que las empresas seguirán teniendo que cumplir con las normas de compensación de facturas en tiempo real con la autoridad fiscal.
¿Qué es lo que sigue?
La propuesta de ley aún está en fase de discusión y seguirá a la Comisión Constitucional de Justicia y Ciudadanía (CCJC) para su aprobación y posibles modificaciones antes de la votación en el Congreso. Hasta entonces, el cumplimiento de las normas de facturación electrónica en todo Brasil sigue siendo un reto.
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En la Unión Europea, las normas del IVA relativas a las entregas de bienes, así como a las prestaciones de servicios “tradicionales” entre dos partes, están bien definidas y establecidas. Sin embargo, los servicios entre iguales facilitados por una plataforma no siempre se ajustan a las categorías establecidas en la Directiva del IVA de la UE (Directiva 2006/112/CE del Consejo). Existen ambigüedades en torno a la naturaleza del servicio prestado por el operador de la plataforma y al estatus, a efectos fiscales, del proveedor individual del servicio (es decir, un conductor de un servicio de transporte compartido o un individuo que ofrece su propiedad en alquiler en un mercado en línea). Esto supone un reto único para los responsables de la política del IVA.
La Comisión Europea ha abierto recientemente una consulta pública sobre el IVA y la economía de plataforma para abordar estas cuestiones. Ya hemos hablado de otras iniciativas propuestas por la Comisión, como el registro único del IVA en la UE y la declaración del IVA y la facturación electrónica . En este blog se analizarán los retos subyacentes a los que se enfrentan los responsables políticos y las propuestas específicas expuestas en la consulta, que podrían afectar de forma significativa a los operadores y usuarios de plataformas digitales.
Una cuestión previa al tratamiento del IVA de las plataformas digitales es si la plataforma se limita a poner en contacto a vendedores individuales con clientes individuales -es decir, si actúa como intermediario- o si presta activamente un servicio independiente al cliente. Esta cuestión es importante porque los servicios prestados a una persona que no es sujeto pasivo por un intermediario, de conformidad con el artículo 46 de la Directiva del IVA, se imputan al lugar de la operación subyacente.
En cambio, los servicios prestados a una persona que no es sujeto pasivo en nombre de un contribuyente se imputan en el lugar donde se encuentra el proveedor o, en determinadas circunstancias, en el lugar donde se encuentra el cliente. El hecho de que una plataforma concreta actúe como intermediario puede ser muy específico y depender, por ejemplo, del nivel de control ejercido por la plataforma sobre los precios o la conducta del usuario .
Para complicar aún más las cosas, existen posibles ambigüedades en relación con el IVA:
Una última fuente de ambigüedad es si un prestador de servicios individual tiene la condición de sujeto pasivo cuando realiza únicamente prestaciones ocasionales; esto podría plantear la cuestión de si dichas prestaciones estarían sujetas al IVA.
Estas ambigüedades suponen un reto evidente para la coherencia del tratamiento del IVA de las plataformas en todos los Estados miembros.
En el marco de su consulta pública sobre “El IVA en la era digital“, la Comisión de la UE ha propuesto varias soluciones a los retos mencionados. De ellas, tres propuestas abordan directamente la naturaleza ambigua de los servicios prestados a través de plataformas:
El objetivo de estas propuestas es proporcionar directrices claras a los Estados miembros sobre cómo deben clasificarse los servicios de plataforma y, por tanto, qué normas de IVA deben aplicarse en virtud de la Directiva. Quizá la más directa sea la propuesta de “proveedor considerado”, que atribuiría la responsabilidad del IVA a los operadores de plataformas en determinadas circunstancias.
Ya existe un “régimen de proveedor considerado” para las plataformas que facilitan la venta de bienes de bajo valor en la UE, por lo que es probable que la Comisión considere seriamente esta opción. En particular, la consulta pública solicitó comentarios sobre tres permutaciones diferentes del régimen de proveedor considerado, que sólo difieren en el alcance de los servicios cubiertos.
Sea cual sea la dirección que tome finalmente la UE, está claro que se avecina un cambio importante para las plataformas digitales. Los operadores y usuarios de las plataformas deben prestar mucha atención a estas consultas en curso en los próximos meses.
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El sistema de facturación electrónica en Paraguay se encuentra en desarrollo desde 2017 según el plan llevado a cabo por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para modernizar y mejorar la recaudación de impuestos y minimizar la incidencia del fraude fiscal.
La implantación del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Es. Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional -SIFEN-) supuso la introducción de un nuevo régimen de facturación electrónica en el país. La adopción de este nuevo sistema se encuentra actualmente en su fase de adhesión voluntaria, que comenzó en 2019, y ha permitido a los empresarios, comerciantes y empresas emitir facturas electrónicas de forma opcional. Sin embargo, a partir de julio de 2022, el uso del sistema será progresivamente obligatorio para determinados sujetos pasivos.
Los contribuyentes en Paraguay pueden utilizar la SIFEN para emitir Documentos Tributarios Electrónicos (Es. Documento Tributario Electrónico – DTE). El DTE es una versión digital de la factura y otros documentos tradicionales, que tiene validez fiscal y legal. El DTE se ha convertido en una forma moderna, eficaz, segura y transparente de emitir y gestionar facturas electrónicas para distintos tipos de operaciones comerciales.
Los DTEs son validados al momento de su emisión por el SAT para respaldar las deducciones de IVA y las operaciones relacionadas con el impuesto sobre la renta. Entre los distintos tipos de DTE en Paraguay, encontramos:
Las facturas electrónicas emitidas por los sujetos pasivos adheridos al SIFEN se generan en formato XML. La autenticidad e integridad de cada documento se garantiza a través de la firma digital y el código de control que incluyen las ETD. Cada documento debe ser enviado electrónicamente a la administración tributaria para su liquidación.
El SIFEN se encarga de verificar y validar cada documento. Una vez comprobado que el DTE cumple todos los requisitos, se convierte en una factura electrónica legal. Los sujetos pasivos que emiten la factura electrónica reciben entonces los resultados de la verificación a través del sistema de servicio web.
Una vez autorizada la factura electrónica, los proveedores pueden enviar la DTE a sus compradores por correo electrónico, mensajería de datos u otros medios.
La Subsecretaría de Estado de Tributación de Paraguay publicó recientemente una Resolución General que establece medidas administrativas para la emisión de DTEs. Esta resolución también estableció un cronograma de implementación por etapas, en el cual ciertos sujetos pasivos estarán obligados a emitir facturas electrónicas y otras DTEs utilizando el SIFEN.
El calendario de implantación consta de diez etapas que se inician en el 1 de julio de 2022 con todos los contribuyentes que se adhirieron al programa piloto para adoptar el SIFEN. A partir de enero de 2023, el mandato incluirá a más contribuyentes. Sin embargo, aún no se ha definido qué empresas comenzarán en esa etapa. La SET pretende abarcar a todos los contribuyentes que realicen actividades económicas en el país para octubre de 2024.
Las empresas de Paraguay deben prepararse para emitir facturas electrónicas bajo los requisitos del SIFEN. A partir del 1 de julio de 2022, todas las empresas del país podrán utilizar este sistema de forma voluntaria. El listado de los contribuyentes obligados a cumplir con el mandato estará disponible en la página web del SIFEN y en la de la SET (www.set.gov.py). La SET notificará a los contribuyentes afectados a través del buzón tributario paraguayo conocido como “Marandú”.
Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos en para garantizar el cumplimiento de la última normativa de facturación electrónica de Paraguay.
La iniciativa de la Comisión Europea “VAT in the Digital Age” reflexiona sobre cómo las autoridades fiscales pueden utilizar la tecnología para luchar contra el fraude fiscal y, al mismo tiempo, modernizar los procesos en beneficio de las empresas.
A principios de este año se puso en marcha una consulta pública en la que la Comisión agradece los comentarios sobre las opciones políticas para las normas y procesos del IVA en una UE económica digitalizada. En una entrada anterior del blog, Sovos exploró los aspectos de un registro único del IVA en la UE . Es una de las principales iniciativas propuestas por la Comisión para adaptar el marco del IVA de la UE a la era digital. Otra cuestión fundamental son las obligaciones de notificación del IVA y la facturación electrónica, que se analizan en este blog.
La Comisión ve la necesidad de modernizar las obligaciones de notificación del IVA y está estudiando la posibilidad de ampliar la facturación electrónica. La Comisión introdujo el término “requisitos de información digital” para designar cualquier obligación de notificación de datos sobre transacciones que no sea la obligación de presentar una declaración del IVA, es decir, la notificación transacción por transacción. Esto significa que los requisitos de información digital incluyen varios tipos de requisitos de información sobre transacciones (por ejemplo, el listado del IVA, el archivo estándar de auditoría/SAF-T, la información en tiempo real) y requisitos obligatorios de facturación electrónica.
Estas medidas se han aplicado de diversas maneras en los distintos Estados miembros de la UE en los últimos dos años, lo que ha dado lugar a una diversidad de normas y requisitos para la declaración del IVA y la facturación electrónica en toda la UE. La actual iniciativa de la Comisión es una oportunidad para que la UE consiga una armonización en este ámbito. En su consulta pública se pide información sobre el camino a seguir.
La consulta pública contiene varias opciones políticas a considerar. Una de ellas sería dejar las cosas como están actualmente, sin armonización y con la necesidad de que los Estados miembros sigan solicitando una excepción si quieren introducir la facturación electrónica obligatoria. En el otro extremo de la escala, otra opción sería introducir la plena armonización de la información sobre las transacciones del IVA, tanto para las transacciones intracomunitarias como para las nacionales.
Y entre estos extremos, hay otras vías. En lugar de hacer obligatoria una solución armonizada, ésta podría ser simplemente recomendada y voluntaria, junto con la supresión de la necesidad de solicitar una excepción antes de introducir los mandatos de facturación electrónica B2B. Otra vía es hacer que los contribuyentes conserven todos los datos de las transacciones y los pongan a disposición de las autoridades que los soliciten. Y una última opción podría ser adoptar una armonización parcial en la que la declaración del IVA para todas las entregas intracomunitarias se alinee y sea obligatoria, pero en la que a nivel nacional siga siendo opcional.
Si bien estas opciones políticas permanecen formalmente abiertas a consulta pública hasta el 5 de mayo aquí, deben considerarse ahora a la luz de la resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2022 con recomendaciones a la Comisión sobre una fiscalidad justa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación.
En su resolución, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que adopte medidas relativas a la facturación electrónica y la presentación de informes, para reducir la brecha fiscal y los costes de cumplimiento. Entre las medidas recomendadas está la de establecer sin demora una norma común armonizada para la facturación electrónica en toda la UE y establecer el papel de la facturación electrónica en los informes en tiempo real. Además, el Parlamento Europeo propone que la Comisión explore la posibilidad de una introducción gradual de la facturación electrónica obligatoria para 2023, en la que los sistemas operados por el Estado o certificados deberían administrar la emisión de facturas. En ambos casos hay que centrarse en una reducción significativa de los costes de cumplimiento, especialmente para las PYME.
Queda por ver cómo conseguirá la Comisión alinear las recomendaciones del Parlamento Europeo con sus opciones políticas y los Estados miembros, donde en varios casos ya se han aplicado soluciones.
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En noviembre de 2021, la Cancillería del Primer Ministro de Bélgica publicó un Proyecto de Real Decreto con el objetivo de ampliar el ámbito de aplicación del actual mandato de facturación electrónica para determinadas transacciones entre empresas y gobiernos (B2G) mediante la aplicación de la facturación electrónica obligatoria para todas las transacciones con las administraciones públicas en Bélgica. Esta obligación ya existía para los proveedores de las entidades públicas centralizadas de determinadas regiones (Bruselas, Flandes, Valonia). Sin embargo, en adelante, incluirá a todas las entidades públicas de todas las regiones belgas.
Más concretamente, la implantación de la emisión obligatoria de facturas electrónicas por parte de los proveedores de las instituciones públicas en Bélgica se llevará a cabo con el siguiente enfoque gradual:
Como resultado de la transposición de la Directiva 2014/55/UE, todos los organismos gubernamentales belgas ya están obligados a poder recibir y procesar facturas electrónicas dentro de la contratación pública. Esta nueva legislación nacional amplía el ámbito de aplicación de la Directiva y obliga a la emisión de facturas electrónicas por parte de todos los proveedores del gobierno federal.
Estos desarrollos B2G no son el final de la historia. Son sólo el principio. El ministro belga de Finanzas, Vincent Van Peteghem, anunció en octubre de 2021 que el gobierno tiene la intención de ampliar la actual obligación de facturación electrónica B2G para cubrir también las transacciones B2B. Sin embargo, las fuentes oficiales aún no han comunicado información formal que especifique los detalles del mandato y su posterior aplicación. El rumor dice que una propuesta legislativa para el mandato de facturación electrónica B2B se iba a publicar durante 2022 y que el proceso de implementación se produciría en 2023.
Sin embargo, teniendo en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo de la semana pasada que favorece fuertemente la facturación electrónica armonizada y obligatoria en la UE, es probable que Bélgica se mantenga a la expectativa al menos hasta que la Comisión presente una propuesta sobre cómo gestionar la facturación electrónica y la presentación de informes en la Unión.
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El 10 de marzo, el Parlamento Europeo (PE) adoptó una Resolución sobre el Plan de Acción de la Comisión para una fiscalidad justa y sencilla en apoyo de la estrategia de recuperación, que establece 25 iniciativas relacionadas principalmente con el Impuesto sobre el Valor Añadido de la Unión Europea (IVA de la UE). El documento incluye varias consideraciones generales y recomendaciones a la Comisión para la propuesta de revisión de la Directiva del IVA (“El IVA en la era digital”) para 2022.
La resolución del PE aborda los importantes retos de la política fiscal del IVA de la Unión Europea (UE) y presta especial atención a la simplificación, modernización y armonización de dichas normas mediante la adopción uniforme de herramientas tecnológicas en todos los Estados miembros, incluidos los requisitos y mandatos de facturación digital y electrónica.
La resolución actualizada pone de manifiesto la preocupación por la falta de apoyo suficiente por parte del Consejo en relación con el régimen definitivo del IVA, es decir, el cambio del principio de origen al de destino, que aún está pendiente de aplicación. En este sistema, el IVA se recaudará en el lugar de destino, dejando atrás las complejas normas del régimen transitorio del IVA.
También se planteó la preocupación por la complejidad de las múltiples normativas fiscales en toda la UE y las limitaciones que ello conlleva, sobre todo para el cumplimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y para aquellas vulnerables al fraude. A estos factores se suman los elevados costes que soportan las empresas para ajustarse a la multitud de requisitos legislativos de las distintas jurisdicciones. El Parlamento hace un llamamiento urgente para que se avance de forma coherente hacia un sistema de IVA más sencillo y moderno.
Más concretamente, el PE calificó de “máxima importancia” los esfuerzos de la Comisión por armonizar las normas de procedimiento en toda la UE y fomentar una mayor cooperación entre las autoridades fiscales y las empresas a través del programa de cumplimiento de la UE “Cooperativa”.
El objetivo de varios puntos era utilizar la tecnología como medio eficaz para un cumplimiento fiscal sencillo y moderno. La digitalización del IVA se acogió con gran satisfacción como medio para un cumplimiento moderno y simplificado del IVA, en el que los Estados miembros deben utilizar la información en tiempo real o casi real y la facturación electrónica de manera uniforme y armonizada en todas las jurisdicciones de la UE.
En el mismo sentido, se recomendó que la autoridad fiscal recopile los datos una sola vez, con la máxima protección y respeto a la legislación sobre seguridad de los datos, y que utilice la inteligencia artificial (IA) y diversos programas informáticos para garantizar la máxima eficacia en el uso y la seguridad de los datos. La adopción de requisitos de digitalización mejorará la seguridad, prevendrá y combatirá el fraude y aumentará la cooperación administrativa entre los Estados miembros.
La resolución también se centraba en la nueva agenda empresarial y fiscal de la Unión, apoyando el diseño de un nuevo y único libro de normas sobre el impuesto de sociedades de la Unión, que debería reflejar las negociaciones del Pilar 1 de la OCDE (reasignación de derechos fiscales) y del Pilar 2 (impuesto mínimo sobre los beneficios de las empresas).
Estas recomendaciones deberán ir seguidas de la presentación por parte de la Comisión Europea de una o varias propuestas legislativas antes de 2022/2023.
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Polonia ha estado avanzando hacia introduciendo el marco CTC y el sistema, el Krajowy System e-Faktur (KSeF), desde principios de 2021. Desde el 1 de enero de 2022, la plataforma está disponible para los contribuyentes que opten por emitir facturas estructuradas a través de KSeF y beneficiarse de los incentivos introducidos.
Dado que los contribuyentes llevan un tiempo utilizando KSeF, veamos con más detalle lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá en el futuro en relación con la reforma del CTC de Polonia.
Presentado inicialmente como proyecto de ley por el Ministerio de Finanzas en noviembre de 2021, el reglamento sobre el uso del KSEF fue finalmente adoptado y publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2021 tras varias reiteraciones.
El reglamento abarca principalmente las categorías de autorizaciones, los métodos de autenticación y la información necesaria para acceder a las facturas estructuradas.
Según el reglamento, los contribuyentes que utilicen el KSEF deben autenticarse utilizando uno de los siguientes métodos: Firma electrónica cualificada, Sello electrónico cualificado, Firma de confianza o Token.
La firma de confianza confirma la identidad asignada a un determinado número de identificación polaco (PESEL). El método del token puede utilizarse para conceder autorizaciones en el KSeF una vez que el contribuyente se ha autenticado.
La autoridad fiscal polaca ha publicado nueva información en su sitio web sobre las características del KSeF, incluyendo las preguntas frecuentes y más documentación.
Las preguntas frecuentes incluyen información sobre el alcance y el funcionamiento del sistema, mientras que los archivos XML de muestra y el folleto informativo arrojan luz sobre la estructura lógica de las facturas electrónicas y los requisitos de asignación.
Aunque la autoridad fiscal sigue esforzándose por aclarar los numerosos aspectos del nuevo sistema de CTC en Polonia, aún queda mucho camino por recorrer en lo que respecta a la plena aplicación del KSeF.
Por ejemplo, durante la consulta pública del proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda declaró que los contribuyentes podrían descargar facturas estructuradas a través de la API en formato XML o PDF. A día de hoy, no hay información técnica disponible sobre la generación de PDF dentro del sistema utilizando la API. La autoridad fiscal ha publicado la documentación técnica relacionada con el proceso de salida, pero todavía no hay documentación disponible sobre el lado de entrada.
Y lo que es más importante, todavía no se ha obtenido del Consejo de la UE una decisión que autorice a Polonia a introducir medidas especiales de excepción a los artículos de la Directiva del IVA de la UE para el despliegue del mandato de facturación electrónica para todas las transacciones B2B. La actual Ley del IVA polaca exige la aceptación del comprador para recibir facturas estructuradas. Dado que las autoridades polacas pretenden que el KSeF sea obligatorio en 2023, se espera una modificación de esta disposición una vez que el Consejo de la UE haya autorizado las medidas especiales.
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A diferencia de muchas otras iniciativas nacionales que hemos visto recientemente en el ámbito de la facturación electrónica, Australia no parece tener planes inmediatos de introducir controles continuos de las transacciones (CTC) o la participación del gobierno en su facturación B2B.
A juzgar por la reciente consulta pública de , los esfuerzos actuales se centran en las formas de acelerar la adopción de la facturación electrónica por parte de las empresas. Esta consulta se basa en la divulgación previa del gobierno realizada en noviembre de 2020 sobre "Opciones para la adopción obligatoria de la facturación electrónica por parte de las empresas", que dio lugar a un serio esfuerzo del gobierno para mejorar el valor de la facturación electrónica para las empresas y aumentar la conciencia y la adopción por parte de las empresas.
Además de la decisión de hacer obligatoria la recepción de facturas electrónicas PEPPOL por parte de todas las agencias gubernamentales de la Commonwealth a partir del 1 de julio de 2022, el gobierno australiano busca impulsar también la facturación electrónica en el espacio B2B, pero sin el mandato tradicional para que las empresas facturen electrónicamente. En su lugar, la propuesta es implementar el Derecho de Facturación Electrónica Empresarial (BER).
Según la propuesta del Gobierno, las empresas tendrían derecho a solicitar a sus interlocutores comerciales el envío de una factura electrónica a través de la red PEPPOL en lugar de facturas en papel.
Para realizar y recibir estas solicitudes, las empresas deben configurar sus sistemas para recibir facturas electrónicas PEPPOL. Una vez que una empresa tenga esta capacidad, podrá ejercer su "derecho" y solicitar a otras empresas que le envíen facturas electrónicas PEPPOL.
Según la propuesta actual, el sistema de facturación electrónica se implantaría en tres fases, la primera de las cuales incluiría a las grandes empresas y las posteriores a las pequeñas y medianas empresas. El posible despliegue de BER sería el siguiente:
El objetivo de la iniciativa australiana BER de impulsar la adopción de la facturación electrónica B2B se complementa con una propuesta de varias otras iniciativas de apoyo a las empresas en esta dirección. Una de las medidas sería la habilitación de redes EDI compatibles con PEPPOL. Dado que las redes de EDI representan un obstáculo para la adopción generalizada de la facturación electrónica PEPPOL, en particular para las pequeñas empresas que interactúan con grandes empresas que utilizan múltiples sistemas de EDI, la propuesta de habilitar redes de EDI compatibles con PEPPOL podría, en última instancia, reducir los costes de las empresas que actualmente interactúan con múltiples redes de EDI. Además, el Gobierno está contemplando la posibilidad de ampliar la facturación electrónica al Procure-to-Pay. Las empresas podrían sacar más provecho de la adopción de la facturación electrónica si el enfoque se centra en un proceso P2P eficiente y estandarizado que incluya la facturación electrónica.
Por último, la integración de la facturación electrónica con los pagos es otro medio propuesto para impulsar la facturación electrónica. Esto permitiría a las empresas recibir eficazmente las facturas de los proveedores directamente en su software de contabilidad y luego pagar esas facturas a través de sus sistemas de pago.
Queda por ver la eficacia de las medidas propuestas para acelerar la adopción de la facturación electrónica, y si el Gobierno australiano considerará que fue una decisión acertada no introducir un mandato de facturación electrónica propiamente dicho, como es cada vez más común en todo el mundo.
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