La iniciativa de la Comisión Europea «VAT in the Digital Age» reflexiona sobre cómo las autoridades fiscales pueden utilizar la tecnología para luchar contra el fraude fiscal y, al mismo tiempo, modernizar los procesos en beneficio de las empresas.
A principios de este año se puso en marcha una consulta pública en la que la Comisión agradece los comentarios sobre las opciones políticas para las normas y procesos del IVA en una UE económica digitalizada. En una entrada anterior del blog, Sovos exploró los aspectos de un registro único del IVA en la UE . Es una de las principales iniciativas propuestas por la Comisión para adaptar el marco del IVA de la UE a la era digital. Otra cuestión fundamental son las obligaciones de notificación del IVA y la facturación electrónica, que se analizan en este blog.
Requisitos de los informes digitales
La Comisión ve la necesidad de modernizar las obligaciones de notificación del IVA y está estudiando la posibilidad de ampliar la facturación electrónica. La Comisión introdujo el término «requisitos de información digital» para designar cualquier obligación de notificación de datos sobre transacciones que no sea la obligación de presentar una declaración del IVA, es decir, la notificación transacción por transacción. Esto significa que los requisitos de información digital incluyen varios tipos de requisitos de información sobre transacciones (por ejemplo, el listado del IVA, el archivo estándar de auditoría/SAF-T, la información en tiempo real) y requisitos obligatorios de facturación electrónica.
Estas medidas se han aplicado de diversas maneras en los distintos Estados miembros de la UE en los últimos dos años, lo que ha dado lugar a una diversidad de normas y requisitos para la declaración del IVA y la facturación electrónica en toda la UE. La actual iniciativa de la Comisión es una oportunidad para que la UE consiga una armonización en este ámbito. En su consulta pública se pide información sobre el camino a seguir.
El camino hacia la armonización
La consulta pública contiene varias opciones políticas a considerar. Una de ellas sería dejar las cosas como están actualmente, sin armonización y con la necesidad de que los Estados miembros sigan solicitando una excepción si quieren introducir la facturación electrónica obligatoria. En el otro extremo de la escala, otra opción sería introducir la plena armonización de la información sobre las transacciones del IVA, tanto para las transacciones intracomunitarias como para las nacionales.
Y entre estos extremos, hay otras vías. En lugar de hacer obligatoria una solución armonizada, ésta podría ser simplemente recomendada y voluntaria, junto con la supresión de la necesidad de solicitar una excepción antes de introducir los mandatos de facturación electrónica B2B. Otra vía es hacer que los contribuyentes conserven todos los datos de las transacciones y los pongan a disposición de las autoridades que los soliciten. Y una última opción podría ser adoptar una armonización parcial en la que la declaración del IVA para todas las entregas intracomunitarias se alinee y sea obligatoria, pero en la que a nivel nacional siga siendo opcional.
Si bien estas opciones políticas permanecen formalmente abiertas a consulta pública hasta el 5 de mayo aquí, deben considerarse ahora a la luz de la resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2022 con recomendaciones a la Comisión sobre una fiscalidad justa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación.
En su resolución, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que adopte medidas relativas a la facturación electrónica y la presentación de informes, para reducir la brecha fiscal y los costes de cumplimiento. Entre las medidas recomendadas está la de establecer sin demora una norma común armonizada para la facturación electrónica en toda la UE y establecer el papel de la facturación electrónica en los informes en tiempo real. Además, el Parlamento Europeo propone que la Comisión explore la posibilidad de una introducción gradual de la facturación electrónica obligatoria para 2023, en la que los sistemas operados por el Estado o certificados deberían administrar la emisión de facturas. En ambos casos hay que centrarse en una reducción significativa de los costes de cumplimiento, especialmente para las PYME.
Queda por ver cómo conseguirá la Comisión alinear las recomendaciones del Parlamento Europeo con sus opciones políticas y los Estados miembros, donde en varios casos ya se han aplicado soluciones.
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