La Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas (ZATCA) anunció a principios de este año las normas definitivas del sistema de facturación electrónica de Arabia Saudí, anunciando los planes para dos fases principales del nuevo sistema de facturación electrónica.
La primera fase del sistema de facturación electrónica de Arabia Saudí entrará en funcionamiento a partir del 4 de diciembre de 2021.
Con el mandato a la vuelta de la esquina, destacamos las últimas novedades de una reforma que aún está en evolución.
La última documentación comunicada sobre los requisitos fueron las Directrices detalladas, publicadas en agosto de 2021. Las Directrices detalladas aclaraban los siguientes temas:
Los requisitos de la primera fase no son tan complejos como los de la segunda, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
La ZATCA ha conseguido proporcionar a los contribuyentes la información necesaria. La fecha de entrada en vigor se ha fijado según lo previsto y no se espera ningún retraso.
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Ya en 2019, Portugal aprobó una minireforma de la facturación electrónica que consolida el marco del país en torno a los informes SAF-T y el software de facturación certificado.
Desde entonces, han sucedido muchas cosas: se ha incluido a las empresas no residentes en el ámbito de aplicación de los requisitos de facturación electrónica, se han pospuesto los plazos debido a Covid y se han publicado nuevas normativas. Este blog resume los últimos y próximos cambios.
Introducido en 2019, la aplicación de facto del requisito del código QR se retrasó, y ahora se espera que los contribuyentes lo apliquen plenamente en enero de 2022. Se debe incluir un código QR en todas las facturas. Las especificaciones técnicas sobre el contenido y la colocación del código en la factura están disponibles en el sitio web de la autoridad fiscal .
El ATCUD es un número de identificación único que se incluye en las facturas y forma parte del contenido del código QR. El ATCUD es un número con el siguiente formato “ATCUD:Código de validación-Número secuencial”.
Para obtener la primera parte del ATCUD -el llamado “código de validación”-, los contribuyentes deben comunicar a la autoridad fiscal la serie de documentos junto con información como el tipo de documento, el primer número de documento de la serie, etc.
A cambio, la autoridad fiscal entregará un código de validación. El código de validación será válido para toda la serie de documentos durante al menos un año fiscal. La segunda parte del ATCUD -el “número secuencial”- es un número secuencial dentro de la serie de documentos.
Este mes, la autoridad fiscal portuguesa ha publicado especificaciones técnicas para la obtención del código de validación, creando un nuevo servicio web. Para acceder a este servicio web, se requiere un certificado específico obtenido de la autoridad fiscal y que puede ser asignado a los contribuyentes o a los proveedores de servicios de software.
Además, la autoridad fiscal ha creado una lista estándar de clases y tipos de documentos, lo que permite la comunicación de tipos de documentos en un formato estructurado.
A partir de enero de 2022 se exigirá un ATCUD en todas las facturas. Para estar preparados para la fecha límite, los contribuyentes deben obtener los códigos de validación de las series durante el último semestre de 2021 para aplicarlos en las facturas emitidas a principios de 2022.
En abril de este año, Portugal aclaró que las empresas no residentes con registro de IVA portugués deben cumplir con las normas de IVA nacionales. Esto incluye el uso de software de facturación certificado para la creación de facturas, entre otros. Estas empresas también deben garantizar la integridad y la autenticidad de las facturas electrónicas. En Portugal, la integridad y autenticidad de las facturas se presume con el uso de una firma o sello electrónico cualificado, o el uso de EDI con medidas de seguridad contratadas.
En consecuencia, desde el 1 de julio de 2021, las empresas no establecidas pero registradas a efectos del IVA deben adoptar un software de facturación certificado para cumplir con la legislación portuguesa, tal y como se exige en el Decreto-Ley 28/2019, la Decisión 404/2020-XXII, y la Circular 30234/2021.
El mandato portugués de facturación electrónica para las transacciones entre empresas y administraciones públicas incluye un requisito de formato vinculado a métodos específicos de transmisión. En otras palabras, las facturas dirigidas a la administración pública deben emitirse electrónicamente en el formato CIUS-PT y transmitirse a través de uno de los servicios web puestos a disposición por la administración pública.
Inicialmente, en enero de 2021 se inició una implantación gradual que obligaba a las grandes empresas a emitir facturas electrónicas a los compradores públicos. En julio, el ámbito subjetivo se amplió para incluir a las pequeñas y medianas empresas. El último paso es incluir a las microempresas en enero de 2022.
Debido a la pandemia de Covid, Portugal estableció un periodo de gracia, que se ha renovado en varias ocasiones, por el que las facturas en PDF serían aceptadas por la administración pública. En la actualidad, el período de gracia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que significa que, en la práctica, todos los proveedores de la administración pública, independientemente de su tamaño, deben cumplir las normas de facturación electrónica en la contratación pública antes del 1 de enero de 2022.
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Se ha avanzado en la implantación del sistema polaco de control continuo de las transacciones (CTC), el sistema Krajowy de e-Faktur. A principios de este año, el Ministerio de Finanzas publicó un proyecto de ley, que aún está pendiente de aprobación por el Parlamento para convertirse en ley. Se ha publicado un proyecto de especificaciones de la factura electrónica y se ha realizado una consulta pública sobre el sistema CTC.
En junio, el Ministerio de Hacienda anunció que había revisado todos los comentarios presentados por el público y los ministros polacos sobre el sistema de CTC y decidió tomar las siguientes medidas:
En el anuncio, el ministro destacó los beneficios de la adopción del sistema CTC para los contribuyentes. Entre ellas se encuentran: la agilización de las devoluciones del IVA; la seguridad de la factura almacenada en la base de datos de la autoridad fiscal hasta el final del periodo de almacenamiento obligatorio; la certeza sobre la entrega de la factura al destinatario a través de la plataforma CTC y, por tanto, la agilización de los pagos de las facturas; la automatización del procesamiento y el intercambio de facturas gracias a la adopción de un formato de factura electrónica estandarizado.
Además, como resultado de las nuevas normas de facturación electrónica, los próximos cambios de en el paquete SLIM IVA 2 desencadenarán otras medidas de alivio, por ejemplo, en torno a la gestión de duplicados y facturas rectificativas.
Las autoridades polacas están avanzando a buen ritmo en la implantación del Krajowy System e-Faktur. Es positivo ver que la consulta pública ha resultado útil para definir los próximos pasos y es de esperar que la intención de las autoridades de lograr la transparencia y la documentación oportuna continúe a lo largo de todo el despliegue del CTC.
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El traslado de mercancías de un lugar a otro es una parte esencial de los negocios. Fabricantes, mayoristas, transportistas, minoristas y consumidores necesitan orquestar cuidadosamente el envío y la manipulación de materias primas, piezas, equipos, productos acabados y otros productos para que el negocio siga fluyendo. Esta armonía en la cadena de suministro es lo que hace posible la producción y el comercio en la sociedad.
En Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, las administraciones fiscales no intervienen mucho en estos procesos comerciales. Hasta hace poco, lo mismo podía decirse de la mayoría de los países de América Latina. Pero, con el aumento y la expansión de los mandatos de facturación electrónica en la región, esto está cambiando rápidamente.
La mayoría de los gobiernos con mandatos maduros de facturación electrónica están reconociendo ahora que estos mecanismos y plataformas gubernamentales pueden utilizarse como vehículos para entender dónde, qué, cómo y cuándo se mueven las mercancías. La factura electrónica tradicional ya no es suficiente, y las autoridades fiscales están exigiendo a las empresas que informen de los movimientos de mercancías en en tiempo real.
Las implicaciones también son graves. Es muy probable que las autoridades confisquen las mercancías que circulen por la vía pública sin esos documentos, y los propietarios y transportistas serán objeto de multas y otras sanciones.
El país que cuenta con el sistema más sofisticado es, sin duda, Brasil. El MDF-e (o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) es un documento obligatorio exigido por la administración tributaria para controlar el movimiento de mercancías en Brasil.
Este documento puramente digital combina la información de una factura electrónica (NF-e) y los documentos electrónicos que las empresas de transporte emiten a sus clientes (CT-e). Este sistema pasó a ser obligatorio en 2014 y desde entonces se ha ampliado y modernizado con una amplia red de sensores electrónicos y transpondedores colocados en las carreteras públicas de Brasil, destinados a garantizar que cada camión que mueve mercancías ya tiene el correspondiente MDF-e, NF-e y CT-e. En la mayoría de los casos, las autoridades no necesitan detener los camiones para verificar la existencia del documento.
Recientemente, México emitió una nueva resolución que obliga a los contribuyentes que entregan mercancías, o simplemente las redistribuyen, a contar con la autorización correspondiente de la administración tributaria (SAT). Los productos que se entregan por carretera, ferrocarril, vía aérea o fluvial necesitan tener lo que se conoce como el CFDI con el Suplemento de Carta Porte.
CFDI es el acrónimo de factura electrónica en México. Ese complemento de Carta Porte es un nuevo anexo a la factura electrónica de traslado (Traslado) que emiten los propietarios que entregan productos o al CFDI de Ingresos que emiten las empresas transportistas. La Carta Porte proporcionará todos los detalles sobre la mercancía que se transporta, el camión u otro medio que se utiliza, la hora de entrega, la ruta, el destino, el comprador, el transportista y otros datos. Este nuevo mandato entrará en vigor el 30 de septiembre de 2021. Al igual que en Brasil, el incumplimiento de este mandato dará lugar a fuertes sanciones.
Chile también tiene un mandato que exige que la entrega de mercancías esté previamente autorizada por la administración tributaria. Estos documentos de autorización fiscal se conocen localmente como Guías de Despacho y desde enero de 2020 solo pueden emitirse en formato electrónico.
Existen algunas excepciones en las que la guía de despacho puede ser emitida temporalmente en formato papel por determinados contribuyentes. Asimismo, en casos de contingencia, se podrá autorizar a los contribuyentes a emitir versiones en papel de la guía; sin embargo, eso no eximirá al emisor de regularizar el proceso una vez finalizada la contingencia.
El contenido de la guía de despacho variará en función de quién la emita y de la finalidad de la entrega (ventas, consignaciones, devoluciones, exportaciones, traslados internos, etc.), pero en general, la entrega de mercancías en Chile sin la guía de despacho autorizada será objeto de sanciones por parte de la administración tributaria (SII).
Argentina tiene un IVA a nivel federal y un impuesto sobre los ingresos brutos a nivel provincial. Para controlar la evasión fiscal, ambos niveles de gobierno ejercen ciertos niveles de control en el proceso de despacho de mercancías dentro de sus jurisdicciones.
El sistema del fisco para controlar el flujo de mercancías en la vía pública no es tan abarcador como en Brasil, Chile y México, pero se está acercando. Sólo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, además de la Ciudad de Buenos Aires, requieren autorización de la autoridad fiscal para trasladar mercancías que se originen o tengan como destino sus jurisdicciones. Para ello, requieren el COT (o Código de Operaciones de Transporte) donde se incluyen todos los datos relacionados con los productos, medios de transporte y demás información una vez que se otorga la autorización. Las provincias de Salta, Río Negro y Entre Ríos están trabajando en una normativa similar.
A nivel federal, la AFIP sólo exige una autorización previa para la entrega de ciertos productos como la carne y los cereales. Pero también a este nivel, el entorno normativo está cambiando.
La AFIP, junto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte de la Nación han emitido la resolución conjunta 5017/2021 que ordena el uso de una carta de porte digital (Carta Porte Electrónica) cada vez que haya un traslado de productos agropecuarios en la vía pública en Argentina. Este cambio entrará en vigor el 1 de noviembre de 2021. En 2022, este requisito federal podrá ampliarse a otros productos.
La exigencia de autorización para el traslado de mercancías en LatAm no se limita a las mayores economías de la región. Los países más pequeños con sistemas de facturación electrónica han ampliado, o están en proceso de ampliar, sus mandatos para exigir a los contribuyentes que informen a la autoridad fiscal, antes de que los bienes se muevan como resultado de una venta o cualquier otra distribución interna.
Por ejemplo, en Perú se exige a los contribuyentes las Guías de Remisión antes de iniciar la entrega de sus productos. Este documento electrónico debe ser informado y autorizado por la Administración Tributaria (SUNAT) utilizando el formato digital establecido para tal fin e incluirá toda la información sobre el producto entregado, emisor, destinatario, medio de transporte, fechas y más.
Uruguay cuenta con el "e-Remitos" que es un documento electrónico autorizado por la administración tributaria (DGI). Es necesario para cualquier movimiento físico de mercancías en Uruguay. Al igual que en otros países, este documento proporcionará toda la información sobre la mercancía transportada, el medio utilizado, el emisor, el destinatario y datos adicionales. Se entrega electrónicamente y es autorizado por la administración tributaria utilizando los esquemas XML establecidos para tal fin.
Por último, en Ecuador la administración tributaria (SRI) exige las "Guías de Remisión" para que cualquier mercancía sea transportada legalmente dentro del país. Como la infraestructura para soportar la factura electrónica no está totalmente desarrollada en Ecuador, en algunos casos la administración tributaria permite al contribuyente cumplir con esta parte del mandato haciendo que la factura electrónica sea emitida por el minorista que entrega las mercancías a sus clientes. Aunque Colombia y Costa Rica no exigen un documento electrónico separado para autorizar el transporte de mercancías, se espera que en el futuro este requisito entre en vigor, reflejando lo que ha ocurrido en muchos otros países de la región.
El elemento común de todos estos mandatos en América Latina, es que todos ellos están estrechamente ligados al sistema de facturación electrónica impuesto en cada país. Básicamente se ven como un módulo más del sistema de factura electrónica donde se debe remitir a la administración tributaria la información relativa a las mercancías que se transportan por vías públicas, fluviales, ferroviarias o aéreas, a través de los esquemas XML establecidos para ello.
Las administraciones tributarias de la región están mejorando activamente sus sistemas para garantizar el control adecuado de los movimientos de mercancías en tiempo real. En algunos casos, las administraciones tributarias han proporcionado soluciones en línea destinadas a los contribuyentes con un número reducido de entregas. Pero para el resto de los contribuyentes, se requiere una solución autodesplegable.
El cumplimiento del mandato no sólo lo realiza la administración tributaria, sino también la policía y las autoridades de la vía pública, las cuales confiscan rutinariamente los bienes por incumplimiento. Dado que estos mandatos han demostrado ser exitosos para controlar la evasión fiscal y el contrabando, es seguro decir que los Remitos, Guías de Despacho, Cartas Porte o COTs han llegado para quedarse definitivamente y los contribuyentes que hacen negocios en América Latina no tienen otra opción que cumplir con este nuevo requisito regulatorio.
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Más de 170 países de todo el mundo han implantado un sistema de IVA, y algunos de los más recientes en adoptarlo son los países del Golfo. En un intento de diversificar los recursos económicos, los países del Golfo han pasado la última década investigando otras formas de financiar sus servicios públicos.
Por ello, en 2016 el CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), formado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Qatar y Omán, firmó el Acuerdo Común del IVA para introducir un sistema de IVA con un tipo del 5%.
Tras el acuerdo sobre el IVA, Arabia Saudí y los EAU aplicaron el IVA en 2018. Bahréin le siguió con un régimen de IVA en 2019. Recientemente, Omán aplicó un IVA del 5% a partir de abril de 2021 y, de cara al futuro, se espera que tanto Qatar como Kuwait promulguen leyes de IVA durante el próximo año.
Tras la implantación del IVA y el aumento del tipo del IVA del 5% al 15%, Arabia Saudí ha dado el siguiente paso para digitalizar los mecanismos de control del cumplimiento del IVA.
El Reglamento de Facturación Electrónica promulgado en diciembre de 2020 establece la obligación de que todos los sujetos pasivos residentes generen y almacenen las facturas electrónicamente. Esta obligación se aplicará a partir del 4 de diciembre de 2021.
Arabia Saudí ha hecho un progreso considerable desde que introdujo el IVA por primera vez en 2018. Se espera que el Reglamento de facturación electrónica saudí no solo fomente la digitalización y la automatización para las empresas, sino que también logre la eficiencia en los controles del IVA y mejores datos macroeconómicos para su autoridad fiscal, un avance que probablemente será replicado por otros países del CCG en breve.
Teniendo en cuenta los esfuerzos que supone la digitalización de los procesos gubernamentales y el calendario de implantación del IVA, el siguiente candidato para la adopción de una facturación electrónica similar sería probablemente los EAU. Aunque actualmente no hay planes para un marco obligatorio, los EAU han anunciado audaces planes de digitalización general. Según , el sitio web del gobierno de los EAU, "En 2021, el gobierno inteligente de Dubái estará completamente libre de papel, eliminando más de mil millones de piezas de papel utilizadas para las transacciones gubernamentales cada año, ahorrando tiempo, recursos y el medio ambiente."
La generalización de la digitalización del IVA suele ser la segunda reforma tras la adopción del IVA. Dado que Bahrein y Omán también cuentan con sistemas de IVA, la introducción de la facturación electrónica obligatoria en los próximos años en estos países no sería una sorpresa. La adopción de la facturación electrónica en Qatar y Kuwait dependería del éxito de la implantación del IVA, por lo que no es fácil estimar cuándo comenzará su andadura de digitalización del IVA, pero no cabe duda de que se producirá en algún momento.
Tras la adopción de la facturación electrónica, los países del Golfo pueden seguir digitalizando otros procesos del IVA, incluidas las declaraciones del IVA. La precomposición de las declaraciones del IVA utilizando los datos recogidos a través de los sistemas de facturación electrónica es otra tendencia hacia la que se encaminan los países.
Independientemente de la forma de la digitalización, habrá muchas partes móviles en lo que respecta al IVA y su ejecución. Las empresas que operan en la región deben estar preparadas para invertir en sus procesos de cumplimiento del IVA para evitar multas innecesarias y riesgo de reputación por incumplimiento.
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Una megatendencia actual en el IVA son los controles continuos de transacciones (CTC), mediante los cuales las administraciones tributarias solicitan cada vez más datos de transacciones comerciales en tiempo real, a menudo preautorizando datos antes de que una empresa pueda avanzar al siguiente paso en el flujo de trabajo de ventas o compras.
Cuando una autoridad fiscal introduce CTC, las empresas tienden a verlo como un conjunto adicional de requisitos que los expertos en TI deben implementar dentro del ERP o software de automatización de transacciones. Esta reacción instintiva es comprensible ya que los plazos de implementación tienden a ser cortos y las posibles sanciones por incumplimiento son significativas.
Pero las empresas harían mejor en abordar estos cambios como parte de un viaje continuo para evitar ineficiencias y otros riesgos. Desde la perspectiva de las autoridades tributarias, los CTC no son un ejercicio independiente, sino parte de una estrategia de transformación digital más amplia en la que todos los datos a los que se puede acceder legalmente con fines de auditoría se les transmiten electrónicamente.
En la visión de la digitalización que tienen muchas autoridades tributarias, cada categoría de datos se recibe en intervalos “orgánicos” que siguen la cadencia natural del procesamiento de datos por parte de las empresas y las necesidades de datos de los gobiernos.
Las administraciones tributarias utilizan la digitalización para acceder a los datos de manera más conveniente, a un nivel más granular y con mayor frecuencia.
Una empresa que no considera esta continuidad desde el viejo mundo de informes y auditorías hasta el nuevo mundo del intercambio automatizado de datos corre el riesgo de centrarse demasiado en el “cómo” (la orquestación de mensajes hacia y desde una plataforma CTC) en lugar de mantener un Esté atento al “por qué”: la transparencia de las operaciones comerciales.
Los datos recibidos más rápido y en un formato estructurado y explotable por máquinas son infinitamente más valiosos para las administraciones tributarias, ya que les brinda la oportunidad de realizar análisis más profundos de las distintas fuentes de datos de los contribuyentes y de terceros.
Si los datos de su empresa están incompletos o son defectuosos, es probable que se exponga a mayores auditorías, ya que sus datos incorrectos están bajo escrutinio y son más transparentes para el recaudador de impuestos.
Dicho de otra manera, en un mundo fiscal digitalizado, la entrada de basura se traducirá en la salida de basura.
Muchas empresas ya tienen al alcance de la mano la fórmula mágica para solucionar estos problemas de datos. Empiece por prepararse para esta ola de digitalización del IVA con un proyecto para analizar problemas de datos internos y trabajar con partes interesadas internas y externas (incluidos proveedores) para solucionarlos.
Las herramientas diseñadas para introducir controles automatizados para los procesos de presentación del IVA pueden ayudar a lograr una mejor comprensión de los problemas de datos iniciales que necesitan solución. Estas mismas herramientas también pueden ayudarle en el recorrido del CTC al reutilizar los métodos de extracción e integración de datos configurados para la declaración del IVA para la transmisión del CTC, creando así una mejor gobernanza de los datos y manteniendo una conexión entre estos dos procesos naturalmente vinculados.
Muchos datos erróneos surgen de procesos residuales en papel, como facturas de proveedores en papel o en formato PDF o órdenes de compra de clientes. Tomar medidas ahora para cambiar a procesos automatizados basados en alternativas estructuradas y totalmente legibles por máquinas marcará una gran diferencia.
Mejorar los datos de las facturas no es el único desafío. Con la inevitable ampliación de los tipos de documentos que se presentarán según las normas CTC (desde facturas hasta mensajes de aprobación del comprador, documentos de transporte y datos de estado de pago), las administraciones tributarias verificarán cada vez más datos suyos, así como los de los socios comerciales. y datos de terceros: piense en instituciones financieras, aduanas y otros puntos de datos disponibles.
Es poco probable que las administraciones tributarias detengan sus esfuerzos de digitalización en los impuestos indirectos. Los mandatos para introducir el Archivo de Auditoría Estándar para Impuestos (SAF-T ) y requisitos similares de contabilidad electrónica muestran cuán rápidamente los países se están alejando del viejo mundo de las auditorías fiscales y in situ.
Todos estos datos, provenientes de múltiples fuentes con autenticación sólida, brindarán una imagen cada vez más detallada e innegable de sus operaciones comerciales. Es sólo cuestión de tiempo antes de que las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas sean cumplimentadas previamente por administraciones tributarias que esperan pocos o ningún cambio legítimo por su parte.
“Sustancia sobre forma” es un aforismo popular en el mundo de los impuestos. A medida que las administraciones tributarias puedan acceder fácilmente a más aplicaciones comerciales y flujos de datos, es necesario comenzar a considerar la calidad y coherencia de los datos como un primer paso para prosperar en el mundo de la aplicación de impuestos digitalizados.
Al final, las administraciones tributarias quieren entender su negocio. No sólo quieren datos, quieren información significativa sobre lo que usted hace, por qué lo hace, cómo comercia, con quién y cuándo. Esto también es exactamente lo que quieren sus propietarios y la administración.
Por lo tanto, los objetivos finales son los mismos entre las empresas y las administraciones tributarias: la diferencia es que las empresas a menudo darán prioridad a la eficiencia operativa y los objetivos financieros, mientras que las administraciones tributarias se centran en obtener la mejor y más objetiva información posible.
Las administraciones tributarias que introducen los CTC como objetivo pueden ser una bendición disfrazada, y existen beneficios al introducir mejores análisis en su negocio para cumplir con los requisitos de la administración tributaria.
El valor real reside en el conocimiento en tiempo real de las operaciones comerciales y los indicadores financieros, como la gestión del efectivo o las debilidades de la cadena de suministro. Este nivel de conocimiento instantáneo de su propio negocio también le permite estar siempre un paso por delante, lo que le permite controlar la imagen que sus datos brindan a los gobiernos.
Los CTC son el siguiente paso natural en un viaje hacia un nuevo y valiente mundo de transparencia empresarial.
Descargue Tendencias del IVA: hacia controles continuos de transacciones para conocer otras perspectivas sobre el futuro de los impuestos. Síganos en LinkedIn y Twitter para mantenerse actualizado con noticias y desarrollos regulatorios.
El proceso de transformación electrónica de Turquía, iniciado en 2010, se hizo más sistemático en 2012. Este proceso se puso en marcha por primera vez con la introducción de los libros electrónicos el 1 de enero de 2012 y, desde entonces, ha alcanzado un ámbito mucho más amplio para los documentos electrónicos. </p
La Administración Tributaria Turca (TRA), líder del proceso de transformación electrónica, ha desempeñado un papel importante a la hora de animar a las empresas a adoptar la digitalización de los impuestos y ha creado un modelo exitoso para seguir los procedimientos relacionados con los impuestos.
Puede leer más sobre la transformación electrónica de Turquía en nuestro libro electrónico Navigating Turkey’s Evolving Tax Landscape.
El proceso se aceleró aún más con los nuevos requisitos de los documentos electrónicos.
La TRA sigue ampliando el alcance de los documentos electrónicos y los tipos de documentos electrónicos que se utilizan son:
Muchos contribuyentes han adoptado voluntariamente el nuevo sistema desde que la TRA puso en marcha todo este proceso y las últimas actualizaciones de la TRA para los documentos electrónicos son de vital importancia para seguir los procedimientos relacionados con los impuestos.
A medida que se popularicen los documentos electrónicos, se reducirá la pérdida de ingresos derivada de los procedimientos fiscales. Los documentos electrónicos ofrecen ventajas adicionales para las instituciones públicas y las empresas privadas, como el ahorro de tiempo, la minimización de costes y la mejora de la productividad. Es seguro que el alcance de los documentos electrónicos en Turquía seguirá ampliándose en el futuro, lo que afectará a los contribuyentes y a los procedimientos fiscales.
Póngase en contacto con para descubrir cómo el software de cumplimiento fiscal Sovos puede ayudarle a cumplir sus requisitos de transformación y documentación electrónica en Turquía.
Desde 1993, las entregas realizadas entre Italia y San Marino van acompañadas de una serie de obligaciones aduaneras. Estas incluyen la presentación de documentos a las autoridades fiscales de ambos países.
Tras la introducción del mandato de facturación electrónica italiano en 2019, Italia y San Marino iniciaron negociaciones para ampliar el uso de las facturas electrónicas en las transacciones transfronterizas entre ambos países. Dichas negociaciones han dado finalmente sus frutos, y ya están disponibles los detalles.
Italia y el país enclavado de San Marino abandonarán los flujos aduaneros en papel.
Las autoridades fiscales italianas y samarinenses han decidido aplicar un modelo de “cuatro esquinas”, por el que la plataforma de liquidación italiana SDI se convertirá en el punto de acceso para los contribuyentes italianos, mientras que un HUB-SM de nueva creación será el homólogo de SDI para los contribuyentes samarinenses.
Las facturas electrónicas transfronterizas entre los países se intercambiarán entre SDI y HUB-SM. El sistema de intercambio internacional entrará en vigor el 1 de julio de 2022, y habrá un periodo de transición entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022.
Las especificaciones técnicas de HUB-SM ya están disponibles para las importaciones de Italia a San Marino y las exportaciones de San Marino a Italia. Los países también han decidido elegir FatturaPA como formato de factura electrónica, aunque los requisitos de contenido de las facturas de exportación de San Marino diferirán ligeramente de las facturas electrónicas italianas de FatturaPA.
Los sistemas SDI y HUB-SM procesarán las facturas electrónicas hacia y desde los contribuyentes conectados a ellos, o bajo las jurisdicciones de cada país.
En otras palabras, los contribuyentes italianos enviarán y recibirán facturas transfronterizas hacia o desde San Marino a través de la plataforma SDI, mientras que los contribuyentes samarinenses realizarán las mismas actividades a través de HUB-SM.
Ambas plataformas entregarán las facturas a los contribuyentes correspondientes a través de los Códigos de Destino asignados por las respectivas autoridades fiscales. Esto significa que HUB-SM también asignará Códigos de Destino para las empresas de Sammarina.
Inspirándose en la metodología italiana de control fiscal en las transacciones transfronterizas, San Marino exigirá a los compradores de Sammarina que rellenen un documento de integración adicional (similar a una factura de “autofacturación” creada por razones de evidencia fiscal) al recibir la FatturaPA. Este documento se rellenará en un nuevo formato XML-RSM creado por el enclave y se enviará a HUB-SM.
Tras el mayor despliegue de la IDE para las transacciones B2B en 2019, la plataforma ha demostrado ser capaz de adaptarse a nuevos flujos de trabajo y funcionalidades.
Desde el año pasado, las órdenes de compra electrónicas del Sistema Nacional de Salud italiano se intercambian a través del NSO, un complemento de la plataforma SDI. En enero de 2022, la FatturaPA sustituye al Esterometro como mecanismo de notificación transfronteriza.
SDI ya ha debutado en el ámbito internacional con la aceptación de las facturas electrónicas según la norma europea, que se mapean en una FatturaPA antes de ser entregadas a los compradores italianos. Esta integración entre SDI y HUB-SM podría revelar también los primeros pasos de la interoperabilidad entre las plataformas de ambas autoridades fiscales para el comercio transfronterizo.
Póngase en contacto con nuestros expertos, que le ayudarán a entender cómo funcionarán juntos la IDE y el HUB-SM.
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El 28 de junio de 2021, el Ministerio de Finanzas griego anunció que el mandato myDATA se ha pospuesto hasta el otoño de 2021. Esto se debe al impacto financiero adverso de la pandemia en las empresas y el país.
El despliegue gradual comienza en septiembre de 2021 y está previsto que finalice en noviembre de 2021. La notificación retroactiva de los datos históricos (datos emitidos hasta la fecha de entrada en funcionamiento de myDATA) debe realizarse hasta finales de marzo de 2022.
Para la declaración de los datos de ingresos de , deben ser declarados:
Para 2021, no hay obligación de informar sobre las clasificaciones de los gastos.
Para la notificación de los datos de los puntos de venta de :
Se espera que el sistema myDATA suprima la obligación de presentar los informes periódicos de facturación griegos (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών), que se consideran una carga administrativa para los contribuyentes griegos. La AADE espera que el nuevo plan de implantación gradual dé a los contribuyentes tiempo suficiente para prepararse para el nuevo sistema de control de las transacciones continuas.
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