La adopción global de la facturación electrónica se está acelerando. Los gobiernos de todo el mundo están presionando para adoptar la facturación electrónica para transformar digitalmente sus sistemas nacionales y, a menudo, para cerrar la brecha del IVA.
Si bien muchos países han introducido su propio mandato de facturación electrónica para digitalizar los controles fiscales, los requisitos y sistemas implementados por cada país a menudo no se alinean entre sí. Esto hace que sea complicado para las organizaciones multinacionales cumplir con sus obligaciones de facturación electrónica.
Para mejorar la interoperabilidad, los países de Asia y Europa están adoptando Peppol, un marco establecido para simplificar la interoperabilidad de la facturación electrónica y otros documentos de contratación. Pero, ¿qué es exactamente? Este blog tiene toda la información que necesitas.
Peppol comenzó en 2008 como un esfuerzo por estandarizar la contratación pública en los gobiernos de toda la Unión Europea. Se trata de un marco compuesto por especificaciones que permiten la contratación electrónica transfronteriza y un método de envío de facturas a los clientes. Peppol integra los procesos de negocio estandarizando la forma en que se estructura e intercambia la información.
En los últimos años, Peppol ha ampliado su ámbito de actuación para incluir a APAC. Singapur fue el primer país asiático en establecer una autoridad Peppol. Además de estar establecida en Europa, también incluye Australia, Japón, Malasia y Nueva Zelanda.
Peppol es la abreviatura de Pan-European Public Procurement On-Line, ya que inicialmente fue una iniciativa europea.
Si bien la recepción de facturas electrónicas es obligatoria por ley para todas las entidades del sector público de la UE desde abril de 2020, siendo Peppol una de las opciones elegidas por muchos países para implementar dicha obligación, y el nombre de Peppol deriva de su servicio europeo, el estándar ahora se está adoptando fuera de la unión. Malasia y Singapur son dos países no europeos que han adoptado Peppol en los últimos años, por ejemplo.
Si bien hemos dejado claro que Peppol es un estándar a nivel de la UE para el intercambio de documentos electrónicos como facturas electrónicas, eso no explica cómo funciona realmente.
La Unión Europea estableció estándares para las facturas electrónicas. Estos documentos deben cumplir con las especificaciones requeridas y, en la mayoría de los casos, ser enviados a través de su red. La mayoría de las entidades del sector público de la UE están obligadas a poder recibir dichas facturas, lo que crea un método uniforme y universal de facturación de las transacciones B2G en toda la región.
Vale la pena señalar que, si bien el sector público está obligado a recibir estas facturas en algunos casos, también se pueden enviar a empresas para transacciones B2B. Peppol permite el intercambio electrónico eficiente de facturas electrónicas, órdenes de compra y otros documentos comerciales, ya sea que se trate de una empresa privada o una organización pública.
Las facturas de Peppol se envían al destinatario a través de un punto de acceso de Peppol. Este se conecta a la red Peppol y proviene de un proveedor de servicios aprobado, lo que permite a las empresas intercambiar documentos electrónicamente con otras organizaciones con un punto de acceso.
Peppol conecta a las organizaciones a través de una red de proveedores de servicios acreditados por Peppol, eliminando las barreras al comercio electrónico creadas por las redes cerradas de “tres esquinas”.
Para garantizar que los citados Puntos de Acceso siguen las normas y reglamentos establecidos, cuenta con autoridades oficiales. También están en marcha para “establecer los requisitos nacionales para el diseño y el contenido de los documentos de Peppol”, según la propia PEPPOL.
En la actualidad existen 17 Autoridades Peppol, todas ellas organismos nacionales, excepto uno. OpenPeppol es la única autoridad que no está adscrita a un país, ya que actúa como la autoridad oficial de Peppol en jurisdicciones donde no existe ninguna autoridad.
Su implementación generalizada lo convierte en una opción atractiva para muchos. Teniendo en cuenta la variedad de enfoques de la facturación electrónica en los distintos países, el atractivo de Peppol es la estandarización y la interoperabilidad del intercambio global de documentos electrónicos.
Tener una colección de estándares comunes para la transferencia de documentos electrónicos para cada país en el que una organización realiza negocios simplifica el proceso, reduciendo así la posibilidad de errores.
La estandarización de la forma en que se estructura e intercambia la información la hace más segura. Además de facturas y órdenes de compra, Peppol tiene el potencial de automatizar el intercambio de cualquier tipo de documento comercial, entre cualquier organización, en cualquier parte del mundo.
En la actualidad, Peppol cuenta con 37 países miembros, 29 de los cuales se encuentran en Europa.
Fuera de Europa, los países que han implementado los estándares Peppol incluyen:
Los modelos de esquina son marcos para las transacciones digitales. Hay múltiples enfoques, aunque el marco base de Peppol es el modelo de 4 esquinas
Ahora considerado un modelo antiguo, el modelo de 3 esquinas para la facturación electrónica requería que los remitentes y receptores se conectaran a través de un solo proveedor de servicios. Los compradores a menudo decidían qué proveedor de servicios utilizar, lo que significaba que los proveedores tenían que utilizar varios sistemas entre sus clientes.
Una actualización del enfoque anterior, el modelo de facturación electrónica de 4 esquinas conecta cuatro entidades. Las cuatro esquinas son:
La introducción de puntos de acceso asegura las transacciones al garantizar que la comunicación de los documentos se envíe y reciba correctamente, utilizando la validación de documentos, los procedimientos de Conozca a su cliente (KYC) y más.
Como se ve en Singapur, Peppol también tiene un modelo de 5 esquinas. Este enfoque añade otro rincón al modelo tradicional, siendo la plataforma central de la Autoridad Tributaria/Gobierno. Este marco también se conoce como Peppol CTC.
El modelo de 5 esquinas permite a las autoridades fiscales recibir acceso casi en tiempo real a las facturas, lo que garantiza que la información fiscal se transfiera correctamente.
A discreción del gobierno correspondiente, la plataforma central puede validar los documentos antes de que se envíen al destinatario o permitir que los proveedores de servicios certificados los validen en su lugar, sirviendo como repositorio para las facturas electrónicas.
Este proyecto piloto establecido por OpenPeppol demuestra que las especificaciones de red y facturación electrónica también se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de informes digitales de la propuesta VIDA de la UE.
El proyecto está abierto a las autoridades/administraciones fiscales de la UE, proveedores de servicios y usuarios finales.
Sovos participa en este proyecto piloto. Somos un miembro respetado que sirve como proveedor tanto en Malasia como en Singapur.
Obtenga más información sobre la adopción de la factura electrónica y sus numerosas reglas y regulaciones en nuestra Guía de facturación electrónica. Para obtener ayuda para cumplir con los requisitos de facturación electrónica y otras consideraciones fiscales, considere nuestra solución Compliance Cloud .
Se esperaba que cuando los ministros de Finanzas de la UE se reunieran la semana pasada, recibiéramos noticias de un acuerdo político sobre la propuesta del IVA en la Era Digital (ViDA). Desafortunadamente, debido a las objeciones de un estado miembro en torno a las reglas de la plataforma, esto no sucedió. Ahora, la fecha oficial de avance de ViDA ha quedado en suspenso mientras se resuelven estas preocupaciones entre los miembros. No obstante, la Presidencia belga ha reiterado su compromiso de mantener la propuesta como un paquete unificado y aspira a lograr un acuerdo antes de que finalice su presidencia en junio de 2024, en cuyo caso los plazos de la propuesta seguirán vigentes.
El negocio de la legislación no es lineal, ni es tan limpio como a muchos de nosotros nos gustaría. Sin embargo, no se equivoque al respecto. VIDA está llegando y cambiará el panorama del IVA de la UE para siempre. Un indicador positivo de ello fue el hecho de que dos de los tres pilares de ViDA fueron aceptados por unanimidad. Dado que se requiere el consentimiento unánime de todas las partes, ninguna de las propuestas puede seguir adelante hasta que se encuentre una solución de compromiso, pero no tengo ninguna duda de que llegaremos a este punto en un futuro próximo.
ViDA es bueno para todos. A pesar de algunas objeciones menores aquí y allá y de algunos posicionamientos por parte de algunos miembros de la UE, entienden que ViDA es una herramienta fundamental para crear eficiencias de escala en el sistema de IVA de la UE. A fin de prepararse mejor para la economía moderna, corresponde a los gobiernos reducir la complejidad de las empresas y fomentar el comercio transfronterizo en toda la UE.
La razón por la que ViDA se introdujo por primera vez fue para fomentar una cultura empresarial más colaborativa y que la UE pudiera garantizar la captura precisa de los ingresos fiscales que se les deben legalmente a sus miembros. La propuesta constaba de tres partes que abordaban el fraude del IVA, apoyaban a las empresas y promovían la digitalización. Todos estos elementos siguen siendo necesidades vitales de la comunidad de la UE y por eso creo que pronto se acordará una solución viable. En este momento, confío en que todavía se puedan cumplir los plazos propuestos.
En pocas palabras, ViDA es una propuesta que permitirá a los países de la UE utilizar la tecnología para mejorar el sistema actual del IVA y prevenir mejor el fraude. Las actualizaciones incluyen la facilitación de la facturación electrónica, la introducción de requisitos obligatorios de información digital de las transacciones transfronterizas y mecanismos legales para facilitar los negocios transfronterizos y el cumplimiento. Cuando se promulgue, esto significará cambios significativos en la forma en que opera en estos países.
Como era de esperar, cambios de este tamaño y alcance están generando muchas preguntas entre las empresas que realizan operaciones en la UE. Todo, desde los costos de los procesos hasta las necesidades tecnológicas, se está evaluando a medida que se dispone de más información sobre ViDA.
Mis colegas y yo hemos escrito extensamente sobre los beneficios de ViDA y lo que la propuesta significa tanto para la UE como para sus respectivas comunidades empresariales. Le animo a que siga a nuestros expertos de forma rutinaria para conocer los últimos acontecimientos, ya que la puntualidad puede cambiar a menudo sin previo aviso.
P: ¿Cuándo comenzarán las empresas a ver el impacto de ViDA?
R: El conjunto de propuestas sobre el IVA en la era digital publicado por la Comisión Europea abarca varias áreas de la legislación sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En sentido estricto, el impacto concreto de ViDA afectará a diferentes empresas en diferentes momentos entre 2024 y 2030. Esta última fecha se aplica a las propuestas de ViDA sobre la obligatoriedad de la facturación electrónica y la presentación de informes digitales para las denominadas transacciones intracomunitarias, que representan menos del 20 % de todas las transacciones de la UE. Sin embargo, lo que es mucho más importante, ViDA propone eliminar las restricciones actuales para que los países de la UE introduzcan la facturación electrónica obligatoria nacional tan pronto como se adopte el paquete ViDA, lo que bien podría ocurrir durante este año. Esto significa que, muy probablemente, los países de la UE que aún no cuentan con tales regímenes acelerarán la introducción de la facturación electrónica obligatoria y la presentación de informes en tiempo real ya en los próximos dos años. Si uno se da cuenta de que muchos países de la UE ya habían anunciado iniciativas en esta dirección, o incluso habían comenzado a implementarlas, es fácil ver cómo el efecto neto de esta disposición será una intensificación de la actual ola de nuevos mandatos del Comité contra el Terrorismo para los que hay que prepararse a muy corto plazo.
Los otros dos pilares de ViDA, principalmente los relativos a las normas del IVA para los operadores de plataformas que facilitan el alquiler de alojamientos de corta duración y los servicios de transporte de pasajeros, y la simplificación de los registros a efectos del IVA en la UE, entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2027.
P: ¿Es probable que haya un período de gracia para que las empresas se ajusten y cumplan?
R: La propuesta de ViDA tiene como objetivo un enfoque razonable para permitir que las empresas preparen sus sistemas y procesos para el impacto de ViDA, pero el hecho es que tan pronto como el paquete entre en vigor, los Estados miembros son libres de introducir la facturación electrónica obligatoria sin ninguna aprobación derogatoria de la UE. A pesar de que los Estados miembros tienen la ambición de implementar sus mandatos de manera responsable, empresas como Sovos, que han cumplido con los mandatos del CTC en muchos países durante casi dos décadas en todo el mundo, ahora saben que ningún período de gracia es lo suficientemente largo como para permitir que una empresa adopte una actitud relajada. Muchas empresas subestiman gravemente el trabajo que hay que hacer para garantizar la calidad de los datos y los largos ciclos de adaptación de sus diferentes aplicaciones empresariales para incorporar los cambios de datos y procesos necesarios para la elaboración de informes en tiempo real y la facturación electrónica. Y la introducción de cambios de esta magnitud en los procesos empresariales y administrativos nunca está exenta de desafíos en ambos lados de la ecuación: las empresas cometerán errores que pueden tardar en corregirse, y esto solo se vuelve más difícil a medida que los gobiernos hacen lo mismo de su lado en paralelo bajo la presión de los plazos políticos.
P: ¿A qué nuevas demandas tecnológicas podemos esperar que se enfrenten las empresas?
R: Si bien a menudo los procesos de presentación de informes que deben implementarse para cumplir con los protocolos de transmisión específicos, la autenticación y la orquestación del intercambio de documentos siempre reciben mucha atención, las empresas deben ser igualmente cautelosas con el impacto de los mandatos de CTC generados o modificados por ViDA en sus procesos y datos ascendentes. Muchas empresas tienen múltiples sistemas ERP, múltiples sistemas de facturación, sistemas de cuentas por pagar, etc. para diferentes líneas o categorías de negocios o socios comerciales. La mayoría de estos sistemas procesan los datos de las facturas en una factura en papel o en PDF según la legislación vigente de forma torpe, manual o semiautomatizada que no se puede “actualizar” fácilmente para gestionar los requisitos de integridad y calidad de los datos de un estricto régimen de facturación electrónica y presentación de informes electrónicos. Más allá de los titulares sobre la facturación electrónica obligatoria y la presentación de informes en tiempo real, la letra pequeña de la propuesta sobre el IVA en la era digital impulsará una serie de modificaciones potencialmente desafiantes en los procesos comerciales, incluida la definición misma de lo que constituye una factura, que requerirá que miles de millones de facturas en PDF en la Unión Europea se conviertan a formatos legibles por máquina. Lo que complica las cosas es que las iniciativas de CTC y ViDA solo cuentan una parte de la historia: las empresas de la UE también deben cumplir con un número cada vez mayor de requisitos de facturación electrónica de empresa a gobierno, y muchos gobiernos están planeando extender los requisitos para facturar a los clientes del sector público a la esfera de empresa a empresa. Esto significa que las empresas deben utilizar cada vez más software y proveedores de servicios que puedan garantizar el cumplimiento de marcos y leyes que se suman a la necesidad de un replanteamiento completo de los procesos y sistemas de facturación en la mayoría de las empresas.
P: ¿Qué procesos de negocio es probable que se vean afectados como parte de las nuevas regulaciones?
R: Todos los procesos de facturación y relacionados se verán afectados. Esto incluye cualquier proceso de cuentas por pagar y cuentas por cobrar y los sistemas de información asociados que los respaldan: todo esto debe revisarse en este contexto y prepararse para el cambio de paradigma de digitalización que vendrá de la mano de ViDA.
P: ¿Pueden las empresas esperar que sus asociaciones tecnológicas actuales funcionen para los nuevos estándares?
R: Las empresas que actualmente utilizan sistemas EDI, software de automatización de compras a pago o cuentas por pagar de servicios SaaS, gestión de comunicaciones con los clientes, order-to-cash, presentación de facturación electrónica y soluciones de pago, etc., deben preguntarse cómo manejarán esas plataformas los nuevos requisitos para la facturación electrónica y la presentación de informes electrónicos en virtud de ViDA y las iniciativas regulatorias asociadas. Estos proveedores, que se especializan en la optimización de procesos empresariales, suelen tener poca experiencia en esta área específica de cumplimiento. La mayoría de ellos no están configurados para anticipar y abordar de manera oportuna las decenas o cientos de cambios que suelen seguir a la implementación inicial de un régimen de CTC en cualquier jurisdicción. Aconsejamos a las empresas que se pongan en contacto con sus proveedores de software empresarial y proveedores de servicios para hacer estas preguntas: ¿están al tanto de estos cambios y cuál es su plan para mantenerlo en cumplimiento?
P: ¿Cómo se verán afectadas las transacciones transfronterizas?
R: Las transacciones transfronterizas entre países de la UE estarán sujetas a un nuevo régimen de información en tiempo real que sustituye al requisito actual de un estado recapitulativo. La notificación real se realizará sobre una base transaccional a cada Estado miembro, y los Estados miembros comunicarán esta información a una base de datos central de la Comisión Europea. Además de estas secciones de información digital de ViDA, las transacciones transfronterizas dentro de la UE también se ven afectadas por otras partes de la propuesta de otras maneras. Por ejemplo, se prevén cambios de gran alcance para eliminar las cargas administrativas de las empresas que trasladan sus propias existencias entre países de la UE. Además, será obligatoria la denominada ventanilla única de importación (I-OSS) para las ventas transfronterizas a distancia de bienes de bajo valor a los consumidores de la UE, lo que afectará a los vendedores y plataformas de comercio electrónico en, por ejemplo, los Estados Unidos y China.
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Actualización: 2 de enero de 2024
La Ley de Finanzas para 2024 ha sido aprobada oficialmente y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2023. Con la finalización de la ley, las nuevas fechas de implementación son las siguientes:
Recepción de facturas electrónicas: A partir del 1 de septiembre de 2026, TODOS los contribuyentes, independientemente de su tamaño, deberán ser capaces de recibir facturas electrónicas. Esta fecha podrá prorrogarse hasta el 1 de diciembre de 2026, a más tardar, pero solo por decreto.
Emisión de facturas electrónicas:
Transmisión internacional de datos de transacciones y pagos B2B, B2C:
La obligación de reporte electrónico para las transacciones internacionales B2B (compraventas) y B2C y los datos de pago sigue el mismo calendario que la de emisión de facturas electrónicas (1 de septiembre de 2026 o 1 de septiembre de 2027 dependiendo del tamaño de la empresa).
El decreto de implementación que ratificará formalmente este nuevo cronograma se espera para el primer trimestre de 2024.
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Actualización: 19 de octubre de 2023
El 17 de octubre de 2023 se dio a conocerel esperado nuevo calendario de implementación de la facturación electrónica y
la presentación de informes electrónicos dentro del anteproyecto de Ley de Finanzas para 2024 .
De acuerdo con el proyecto de modificación del Código General Tributario y la Ley N° 2022-1157, las nuevas fechas son las siguientes:
Fases de ejecución: La puesta en marcha del mandato se desarrollará ahora en dos fases, en lugar de las tres fases previstas anteriormente.
Emisión de facturas electrónicas:
Recepción de facturas electrónicas: A partir del 1 de septiembre de 2026, todos los contribuyentes deberán ser capaces de recibir facturas electrónicas.
Obligaciones de información electrónica: La aplicación de las obligaciones de información electrónica se realizará en las mismas fechas revisadas.
Es importante tener en cuenta que las fechas mencionadas, septiembre de 2026 y septiembre de 2027, pueden estar sujetas a reajuste con la posibilidad de reprogramar al 1 de diciembre como última fecha, en los años respectivos.
Tras la aprobación de la Ley de Finanzas para 2024, se espera que en el primer trimestre del próximo año se emita un Decreto complementario a la ley para la plena aplicación de las obligaciones antes mencionadas.
Las empresas deben aprovechar el tiempo adicional a través de la participación activa en la fase piloto, durante la cual se deben probar todos los casos de uso relevantes para que los cambios en las aplicaciones, procesos y sistemas puedan ser atendidos y ajustados a tiempo para garantizar el cumplimiento.
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Actualización: 15 de septiembre de 2023
En una reciente reunión de la Communauté des Relais, la autoridad fiscal dio a conocer detalles adicionales sobre el aplazamiento previamente comunicado del mandato de facturación electrónica B2B en Francia.
Este retraso se debe a que la autoridad fiscal ha escuchado los comentarios de las empresas francesas que han tenido dificultades para cumplir con el plazo original. Es una prueba más, como ya ha reiterado la CPI , de cuánto tiempo y esfuerzo se requiere para que la mayoría de las empresas comparen las complejidades de un nuevo mandato.
Si bien las fechas formales aún no se han definido, el cronograma principal revisado se presentó como parte de un despliegue en 3 etapas:
2024: Las autoridades publicarán la primera lista de proveedores de servicios registrados oficialmente (PDP – Plateformes de Dématérialisation Partenaires) en la primavera de 2024. Durante el transcurso de 2024 se completará el desarrollo del portal público (PPF – Portail Public de Facturation).
2025: Durante este año se llevará a cabo un proyecto piloto a gran escala, en el que participarán empresas de todos los tamaños. La autoridad tributaria ve este piloto como una oportunidad para que los contribuyentes ajusten sus procesos y sistemas de facturación electrónica y presentación de informes electrónicos para cumplir con lo que se ha convertido en un marco CTC complejo y sofisticado.
2026: El despliegue de la obligación para toda la economía tendrá lugar en gran medida durante 2026. Sin embargo, queda por ver a qué ritmo una vez que el Parlamento apruebe la Ley de Finanzas a finales de 2023.
Las empresas afectadas por el mandato francés, con sede en Francia y en otros lugares, estarán ahora en una mejor posición para cumplir con éxito la nueva reforma, suponiendo que aprovechen el tiempo adicional proporcionado por las autoridades francesas. En particular, mediante el uso proactivo del programa piloto para generar confianza y conocimiento sobre el camino crítico hacia la preparación. Para los contribuyentes más grandes que enfrentan estas obligaciones, sería prudente considerar estos cambios como un mero aplazamiento de 6 meses, con el comienzo del programa piloto actuando como la fecha de inicio de facto. Para comprender el impacto total en sus procesos de negocio y flujos de datos, las empresas deberán probar a fondo hasta 36 casos de uso. Los numerosos proveedores de software que ayudan a las empresas a agilizar sus procesos de compra a pago y de pedido a cobro estarán sin duda ansiosos por probar el cumplimiento de sus soluciones lo antes posible en lo que se ha convertido en un ecosistema completamente nuevo.
La participación en el piloto ampliado, con el apoyo profesional de Sovos, proporciona un entorno libre de riesgos para evaluar y luego realizar el ajuste esencial.
Sovos es uno de los primeros 20 candidatos para la acreditación de proveedor de servicios (PDP) en Francia y, como tal, estará listo para apoyar a nuestros clientes mientras toman las numerosas medidas necesarias para cumplir plenamente con el nuevo marco CTC, aprovechando su rica experiencia en mantener a los clientes en cumplimiento con las complicadas obligaciones de facturación electrónica en todo el mundo.
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10 agosto 2023
La Dirección General de Finanzas Públicas de Francia (DGFiP) pospuso oficialmente la implementación del mandato de facturación electrónica del país el 28 de julio. El aplazamiento es con el fin de proporcionar el tiempo necesario para que los contribuyentes cumplan con el mandato.
La última palabra oficial indica que el cronograma revisado para el mandato se proporcionará en el marco de la Ley de Finanzas para 2024. Esperamos que esta ley se apruebe a finales de 2023.
Además, el pasado 31 de julio la DGFiP publicó actualizado el ‘Fichero de especificaciones externas para la facturación electrónica‘ (versión 2.3). A pesar del aplazamiento de la puesta en marcha inicial, estas actualizaciones demuestran el compromiso de las autoridades con el desarrollo del mandato y establecen la expectativa de que los preparativos de los contribuyentes, los proveedores, los candidatos del PPD y las organizaciones profesionales deben continuar.
El Mandato Francés es una de las iniciativas de digitalización fiscal más complejas que se han visto en EMEA hasta la fecha. Es esencial que las empresas continúen con sus preparativos. El cumplimiento de este mandato requiere preparar las aplicaciones, los procesos y los sistemas para un conjunto complejo de requisitos. Según la ICC, las empresas necesitan al menos entre 12 y 18 meses para prepararse para el cambio a la facturación electrónica y los informes electrónicos.
Tenga en cuenta que esta información está sujeta a cualquier actualización o cambio adicional por parte de las autoridades francesas y no hay más detalles disponibles en este momento. Comunicaremos cualquier información adicional una vez que esté disponible.
Sovos tiene experiencia en ayudar a nuestros clientes a navegar por las regulaciones de digitalización en todo el mundo, incluido el Mandato francés.
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El gobierno español ha publicado el tan esperado proyecto de reglamento con el marco para implementar la facturación electrónica B2B obligatoria.
La legislación propuesta describe el funcionamiento del sistema espñol de factura electrónica. Su característica principal es la dependencia de los principios de interoperabilidad de los formatos de factura electrónica y de interconectividad de las plataformas de facturación electrónica. El objetivo es promover la digitalización (especialmente para las empresas más pequeñas), reducir la morosidad en los pagos de facturas y ahorrar en costes administrativos como la gestión de facturas.
El proyecto de Real Decreto amplía la Ley de Creación y Crecimiento de Sociedades publicada en septiembre de 2022, que establece inicialmente la obligación de facturación electrónica para empresas y profesionales.
Todas las empresas y profesionales obligados a emitir facturas según la legislación española estarán obligados a hacerlo electrónicamente. Esto se aplica a operaciones B2B con algunas transacciones excluidas, como por ejemplo: al emitir una factura simplificada, emitir una factura de forma voluntaria cuando no existe tal obligación según las normas españolas y en otros casos que el gobierno pueda regular en el futuro.
Sin embargo, la obligación no se aplica si una de las partes de la operación no tiene un negocio establecido, un establecimiento fijo o una residencia comercial habitual en territorio español donde se emiten directamente las facturas.
El sistema español de factura electrónica estará compuesto por las plataformas de facturación electrónica de titularidad privada y la solución de facturación electrónica pública gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los contribuyentes bajo alcance deberán enviar y recibir facturas electrónicas a través de uno de estos dos medios y podrán utilizar ambos en paralelo.
Otras características y requisitos importantes de este sistema son:
La propuesta de Real Decreto define la factura electrónica como un documento estructurado, lo que significa que un PDF dejará de considerarse factura electrónica. Los contribuyentes estarán obligados a emitir facturas electrónicas utilizando uno de los formatos aceptados:
Además, de acuerdo con el principio de interoperabilidad, las plataformas privadas de facturación electrónica deben poder convertir facturas electrónicas a todos los formatos admitidos preservando al mismo tiempo la I&A.
El destinatario de la factura deberá comunicar el estado de la factura electrónica al emisor de la factura en el plazo máximo de cuatro días naturales contados a partir de la fecha del estado informado.
Los estados obligatorios comprenden lo siguiente:
Además, el proyecto de reglamento establece estatus opcionales:
El Real Decreto se encuentra actualmente en borrador pero entrará en vigor 12 meses después de su publicación oficial en el Boletín Oficial de España (BOE). De acuerdo con la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, el plazo de 12 meses se aplicará a los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros, y para el resto de contribuyentes sujetos al alcance el plazo será de 24 meses.
En el primer año a partir de la fecha de entrada en vigor de la regulación, las empresas bajo la obligación de facturación electrónica deben adjuntar un archivo PDF a la factura electrónica legal para garantizar la legibilidad para las contrapartes que aún no están dentro del alcance, a menos que el destinatario acepte recibirla en el formato original.
La obligación de informar del estado de la factura electrónica entrará en vigor a los 36 meses de la publicación del Real Decreto para los empresarios con una facturación anual inferior a 6 millones de euros y a los 48 meses de la publicación del Real Decreto para los profesionales inferiores al mismo umbral.
Se esperan más detalles sobre cómo los contribuyentes bajo el mandato del SII (Suministro Imediato de Información) deben informar los estados obligatorios de la factura electrónica.
Como todavía se trata de un borrador y aún quedan por establecer ciertos detalles, los contribuyentes pueden esperar cambios antes de la publicación de la versión final. Además, hasta el 10 de julio de 2023, el proyecto de reglamento está abierto a comentarios del público en general.
Otra nota importante es que la entrada en vigor de este proyecto de Real Decreto está sujeta a que España obtenga ante la Comisión de la UE una excepción a los artículos 218 y 232 de la Directiva del IVA de la UE. Aunque se trata de un paso formal y no hay indicios de que la Comisión no vaya a conceder la excepción, hasta que eso suceda las nuevas normas españolas no pueden entrar en vigor.
¿Busca más información sobre la factura electrónica en España? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos.
Para obtener una descripción general sobre otros requisitos relacionados con el IVA en España, lea esta página completa sobre el cumplimiento del IVA en España.
El experimentado líder en tecnología SaaS guiará la empresa a medida que más y más países exigen la facturación electrónica a nivel mundial, impulsando la adopción de las soluciones de cumplimiento fiscal global de Sovos.
BOSTON, XX DE JUNIO DE 2023: el proveedor mundial de software de impuestos Sovos anunció hoy el nombramiento de Kevin Akeroyd como CEO. Akeroyd se une a Sovos desde Magnit, donde se desempeñó como CEO desde julio de 2020, supervisando una empresa multimillonaria. Sovos ha alcanzado una escala de propuesta de valor a los clientes empresariales única en el sector: factura electrónica y cumplimiento fiscal en cualquier país desde una única conexión API.
Akeroyd se une en un momento en que cada vez más países exigen la facturación electrónica y las soluciones de Sovos se están adoptando ampliamente en empresas multinacionales. Como parte de esta transición, el actual CEO de Sovos, Andy Hovancik, pasa a formar parte de la junta directiva.
“Cumplir con los requisitos normativos en todo el mundo solía ser un problema fiscal y financiero; ya no. Hoy en día, las autoridades gubernamentales invierten mucho en tecnología y exigen información en tiempo real directamente de la fuente”, afirmó Kevin Akeroyd, CEO de Sovos. “Las cuestiones reglamentarias son ahora competencia de TI, y Sovos dispone de las soluciones capaces de ofrecer lo que las autoridades desean, cuando lo desean y de la forma que lo desean. Sovos es el único socio con el que se puede contar para proporcionar la confianza de que se están cumpliendo las obligaciones de cumplimiento para que pueda centrarse en sus prioridades empresariales. Estoy deseando dirigir este increíble equipo”.
Antes de incorporarse a Magnit, Akeroyd fue CEO de Cision, llevando a la empresa a cotizar en NYSE, la Bolsa de Nueva York. Anteriormente, Akeroyd había sido gerente general tanto en Oracle como en Salesforce, dirigiendo unidades de negocio líderes en su categoría en software en la nube, servicios y datos.
“TI y la gestión de datos siguen desempeñando un papel cada vez más importante en el cumplimiento de las obligaciones normativas en todo el mundo, un área en la que Kevin aporta una gran experiencia y credibilidad a la creciente organización de Sovos”, dijo Jonathan Boyes, socio de Hg. “Su experiencia navegando en el mundo de la tecnología SaaS y las empresas globales lo convierten en la persona ideal para este puesto. Estamos entusiasmados de asociarnos con él en la siguiente fase de crecimiento de Sovos”.
Acerca de Sovos
Sovos se construyó para resolver las complejidades de la transformación digital de los impuestos, con ofertas completas y conectadas para la determinación de impuestos, los controles transaccionales continuos, los informes fiscales y más. Los clientes de Sovos incluyen a la mitad de las empresas del ranking Fortune 500, así como a empresas de todos los tamaños que operan en más de 70 países. Sus productos SaaS y la plataforma patentada Sovos S1 se integran con una amplia variedad de aplicaciones comerciales y procesos de cumplimiento gubernamental. Sovos tiene empleados en toda América y Europa, y es propiedad de Hg y TA Associates. Para más información, visite www.sovos.com/es y síganos en LinkedIn, Instagram y Youtube.
Sovos Contact:
Amelia Wright
Alloy on behalf of Sovos
sovos@alloycrew.com
Como director ejecutivo, Kevin Akeroyd establece la estrategia y el tono de la empresa. Kevin se puede describir mejor como un líder que adopta la transformación y la innovación y comprende el papel que juegan los datos y el análisis para impulsar el crecimiento de la empresa. Es un gran pensador que alienta las grandes ideas de sus equipos y equilibra esas ambiciones con las realidades financieras y operativas de la organización.
Él cree en ser una organización impulsada por un propósito que existe para el bien común. La cultura no es una palabra de moda para él, sino algo que considera el tejido de la empresa. Kevin entiende que tener una organización en la que todos se sientan incluidos y puedan aportar su verdadero yo al trabajo todos los días conduce a mejores resultados. Como líder de personas ante todo, se preocupa profundamente por nuestros empleados, clientes y socios como personas.
Kevin está bien versado en tecnología, globalización y estrategias de comercialización para carteras de productos sofisticados. Entiende las complejidades de los negocios internacionales y cómo las empresas luchan por escalar operaciones a través de una multitud de fronteras, regulaciones y supervisores gubernamentales diferentes.
Cuando no está en la oficina, Kevin pasa el mayor tiempo posible con su familia. Es un apasionado y siempre agradece una conversación sobre deportes, viajes, música y la madre naturaleza. Un buen debate sobre el vino del viejo mundo contra el vino del nuevo mundo también es algo que también entretendrá activamente.
Para obtener más información, consulte el perfil de LinkedIn de Kevin.
Esta guía sobre el Insurance Premium Tax (IPT, Impuesto sobre las Primas de Seguros) es para aseguradoras, corredores y cualquier persona que necesite comprender el cumplimiento del IPT. Esta guía ofrece información y consejos a todos los que trabajan en el ámbito del cumplimiento de la normativa fiscal: desde gestores fiscales a interventores y responsables de cumplimiento.
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Hay cinco elementos clave para determinar el Insurance Premium Tax
Navegue con éxito por uno de los elementos más complejos del Insurance Premium Tax con nuestro libro electrónico: Location of Risk Rules.
El cálculo del Insurance Premium Tax varía según el país. Hay varias formas de calcular el Insurance Premium Tax, incluyendo la tasa porcentual, las cantidades fijas, las escalas móviles y otros modelos.
Utilice nuestra Guía sobre IPT para comprender todos los elementos del Insurance Premium Tax y cómo orientarse en territorios complejos.
En el Reino Unido, las aseguradoras e intermediarios que reciban primas de seguro gravables deben registrarse y tener en cuenta el Insurance Premium Tax (IPT). Los requisitos de registro varían según el país, por lo que es importante cumplir con los requisitos de registro específicos del país.
Registrarse para el Insurance Premium Tax, país por país. Es importante seguir el proceso de registro, comprobar de antemano los plazos y la documentación requerida para evitar retrasos y posibles sanciones.
Lea nuestros cinco consejos más importantes para el registro sin estrés en el Insurance Premium Tax.
Sabemos que las tasas de IPT son complicadas y siempre están cambiando. ¿Por qué no pregunta a nuestros expertos?
¿Solo necesita respuestas? Aquí están las respuestas a las preguntas más importantes sobre la tasa impositiva del IPT:
Las tasas del Insurance Premium Tax pueden aumentar por diferentes razones. Al anunciar un aumento de tasa, las autoridades fiscales proporcionarán información sobre cuándo entra en vigor la nueva tarifa y cualquier otro cambio que afecte a los pagos y las presentaciones de IPT.
La solución IPT Determination, de Sovos, es la primera herramienta virtual integral para el cumplimiento del IPT que permite calcular y aplicar con confianza tasas de IPT globales en el presupuesto. Sus actualizaciones de impuestos en tiempo real aseguran que las tasas impositivas y la aplicabilidad fiscal sean siempre precisas.
Infórmese sobre cómo IPT Determination puede ayudar a las aseguradoras que suscriben programas globales complejos.
¿Quiere aliviar la carga de sus equipos fiscales? Los servicios gestionados de IPT de Sovos incluyen la asistencia de nuestro equipo de especialistas en normativa en el idioma local que monitorizan e interpretan las normativas sobre IPT en todo el mundo para que usted no tenga que hacerlo.
En el Reino Unido (RU) y el Espacio Económico Europeo (EEE), la responsabilidad generalmente recae en la aseguradora que ha suscrito la póliza. Hay algunos casos en los que un titular de la póliza o intermediario involucrado en un acuerdo de seguro puede necesitar liquidar el IPT.
En el Reino Unido y el EEE, esto depende del tipo de seguro. El seguro de propiedad, el seguro de vehículo, el seguro de viaje y vacaciones, y el resto de seguros siguen diferentes enfoques. Las reglas varían fuera del Reino Unido y del EEE, por lo que es posible que haya doble tributación cuando haya una combinación de cobertura del EEE y de fuera del EEE.
La localización del riesgo afecta a la tasa aplicable. En muchos países, la determinación la tasa es por tipo de seguro. En el EEE, existen 18 tipos principales de seguros no de vida, y es imperativo determinar en qué tipos se encuadra la cobertura del seguro. Esto garantiza que los impuestos se apliquen correctamente.
Infórmese sobre la localización del riesgo en nuestro libro electrónico.
Hay exenciones del IPT en el Reino Unido y en el EEE. Algunas son muy específicas, mientras que otras son considerablemente más amplias. Algunas exenciones incluyen las que se observan en relación con las mercancías en tránsito y el seguro de enfermedad, pero es importante revisar las exenciones para cada país en el que se aplique el seguro.
En primer lugar, considere la fecha en la que se activa la liquidación de una responsabilidad de IPT. Esto generalmente se conoce como una fecha de punto fiscal. Varía de un país a otro. En la mayoría de los países del EEE y en el Reino Unido, la fecha predeterminada de punto fiscal es la fecha en que la aseguradora recibe una prima de un asegurado.
El proceso de pago y de declaración IPT varía en diferentes países. Algunos tienen plazos de liquidación mensuales. Otros pueden tener obligaciones de pago trimestrales, semestrales o incluso anuales. Los plazos de pago y los plazos de envío de declaración de impuestos no siempre son los mismos.
Los cargos parafiscales adicionales son comunes en el Reino Unido y el EEE. Suelen aplicarse a tipos específicos de seguros, como los de propiedad e incendio, pero en algunos países son de aplicación general. Estos cargos suelen implicar registros adicionales en un país, ya que puede haber oficinas de impuestos independientes que se ocupen de ellos.
En algunas circunstancias, es posible reclamar lo que se haya pagado en exceso de IPT. Esto está sujeto a las normas vigentes en el país en el que se solicita la devolución, ya que algunos países (especialmente Italia) tienen normas más estrictas que otros. Recomendamos mantener registros precisos de cualquier evidencia que justifique los importes reclamados, como notas de abono emitidas a asegurados, ya que a menudo se requieren.
La Comisión Europea ha anunciado su largamente esperada propuesta de cambios legislativos en relación con la iniciativa del IVA en la Era Digital (ViDA). Este es uno de los avances más importantes en la historia del IVA europeo, y afecta no solo a las empresas europeas, sino también a las no comunitarias cuyas empresas comercian con la UE.
La propuesta requiere modificar la Directiva 2006/112 sobre el IVA, su Reglamento de aplicación 282/2011, y el Reglamento 904/2010 sobre cooperación administrativa en materia de lucha contra el fraude en el ámbito del IVA. Abarca tres áreas distintas:
Esta propuesta de cambio normativo aún necesitará la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo con arreglo a los procedimientos legislativos ordinarios antes de que pueda entrar en vigor. En asuntos fiscales como este, el proceso requiere la unanimidad de todos los Estados miembros.
Este blog se centra en las obligaciones de información digital del IVA y la facturación electrónica, mientras que las futuras actualizaciones de Sovos abordarán las otras dos áreas.
Por el momento, la Comisión Europea ha optado por no proponer una reglamentación relativa al canal de transmisión de los datos declarados a las autoridades fiscales. En la actualidad, esto se deja a la decisión de los Estados miembros.
La razón de esta decisión se debe probablemente a que se trata de una cuestión técnica, y a que el debate habría ralentizado el proceso de publicación de esta propuesta. La Comisión Europea también parece ambigua sobre si querría regularlo en el futuro.
Muchos países preparados para introducir los controles transaccionales continuos (CTC) han estado esperando a que los reguladores de la UE ofrezcan una respuesta sobre qué normas deberá cumplir cada Estado miembro. Queda por ver si esta propuesta animará a estos Estados miembros a seguir adelante con sus planes, a pesar de su carácter no definitivo. Cabe destacar que Alemania solicitó una excepción a la actual Directiva del IVA para poder imponer la facturación electrónica solo unos días antes de la fecha original en la que la Comisión tenía previsto publicar esta propuesta: el 16 de noviembre de 2022.
Hable con nuestros expertos fiscales para entender cómo afectarán a su empresa estos cambios propuestos.
Parte I de V – Steve Sprague, director comercial, Sovos
Las leyes de facturación electrónica exigidas por los gobiernos se están abriendo paso en casi todas las regiones del mundo, trayendo consigo mandatos y expectativas más estrictas para las empresas. Insertados en todos los aspectos de su operación, los gobiernos son ahora una influencia omnipresente en su pila de datos que revisa cada transacción en tiempo real mientras atraviesa su red. La supervisión en tiempo real también ha traído consigo la aplicación de la ley en tiempo real, que puede variar en severidad desde multas significativas hasta el cierre completo de su negocio. Todo esto ha creado una nueva realidad para los líderes de TI que necesitan una estrategia para hacer frente a estos cambios globales. Hemos pedido a nuestro director de estrategia, Steve Sprague, que nos ofrezca su orientación sobre cómo afectará esto a los departamentos de TI y cómo pueden prepararse mejor.
P: Ahora que las autoridades gubernamentales están en los datos de las empresas y exigen informes en tiempo real o casi real, ¿qué impacto tendrá esto en los departamentos de TI?
SS: Los CIO tienen que tomar una decisión: ¿pivotan con estos cambios y adoptan un enfoque centralizado de sus datos, sistemas, procesos de negocio y aplicaciones, o dirigen una plataforma descentralizada en la que se deja que cada país tome sus propias decisiones? Más del 95% de las empresas han aplicado un enfoque descentralizado a medida que estos mandatos han ido creciendo país a país. Sin embargo, a medida que América Latina ha pasado de tener sólo tres países que instituían estos mandatos en 2014 a más de 14 países que los implementan ahora, y con otros 30 países de todo el mundo que están comenzando el proceso de implementación de regímenes similares, incluyendo economías de toda Asia y Europa, como Francia y Alemania, un enfoque descentralizado conduce a varios problemas a largo plazo, incluyendo:
– Visibilidad limitada fuera del país
– Múltiples herramientas y proveedores a través de diferentes países
– Procesos desarticulados con un enfoque en el cumplimiento de las obligaciones locales solamente
– Resolver el “problema a mano” vs. mirar el panorama más amplio mirar el panorama general
– Funciones y responsabilidades mal definidas
– Enfoque incoherente a la hora de implementar países adicionales
P: Para cumplir con los mandatos del gobierno y garantizar que las operaciones continúen sin interrupción, ¿qué debería priorizar la TI? ¿Qué enfoque recomendaría?
SS: La TI debe centrarse en el objetivo final: implementar un enfoque centralizado de estas leyes de facturación electrónica exigidas por el gobierno para garantizar un enfoque globalmente coherente de todas las presentaciones digitales. Habrá una reducción de costes al consolidar el número de proveedores y herramientas, y el riesgo se mitigará aún más gracias a una mayor estandarización y visibilidad. No puedo exagerar la importancia de las sinergias de aplicación a medida que los requisitos aumentan y se amplían. Esto sólo va a ser más complejo a medida que pase el tiempo. La claridad de las funciones y responsabilidades es el otro beneficio para los equipos de TI, ya que este enfoque conducirá a áreas de enfoque claramente definidas para el equipo. Por último, la alineación de los análisis a través de un centro de datos será ahora posible, proporcionando un panel de control centralizado para sus operaciones globales.
Muchas cosas han cambiado en el mundo de la facturación electrónica exigida por los gobiernos. La continua inversión en tecnología por parte de las autoridades gubernamentales ha puesto a los reguladores en posición de exigir una mayor transparencia junto con informes más detallados y en tiempo real. Para satisfacer estas demandas, las empresas recurren a sus organizaciones de TI. La buena noticia es que no tiene que hacerlo solo. Sovos cuenta con los conocimientos necesarios para guiarle a través de esta evolución global, basándose en nuestra experiencia de trabajo con muchas de las principales marcas del mundo.
¿Necesita ayuda para mantenerse al día con los mandatos globales? Póngase en contacto con el equipo de expertos fiscales de Sovos.
Una fuerza laboral diversa aporta perspectivas y experiencias únicas, lo que ayuda al crecimiento general de una compañía. Abrazar las diferencias, estar abierto al aprendizaje y sentirse cómodo con lo desconocido es enriquecedor… y absolutamente necesario.
“Sovos está comprometido con una cultura que valora las opiniones y contribuciones de todos. Si tiene talento y motivación, aquí tendrá éxito en hacer crecer su carrera y nuestra compañía”.
– Kevin Akeroyd, director ejecutivo, Sovos
Estamos comprometidos a crear y mantener un entorno en el que los empleados puedan trabajar de manera segura. Ser inclusivo es un valor fundamental de Sovos, uno que consideramos esencial para lograr nuestro propósito como negocio. Las iniciativas DEI no son estáticas y estamos evolucionando continuamente nuestro entorno inclusivo en Sovos. La inclusión es una forma de pensar que se traslada a cómo nos relacionamos con los demás. Creemos en empoderar a todos los sovosianos con conciencia DEI que les permita pensar, participar y actuar de una manera que promueva un sentido de inclusión y pertenencia para sus compañeros de trabajo.
Sovos se ha unido a una colaboración única de más de 2,000 de las principales empresas y organizaciones del mundo, todas las cuales comparten nuestra convicción de que la diversidad y la inclusión son un problema social que la comunidad empresarial puede y debe abordar. Los firmantes del CEO se comprometen a cultivar entornos laborales donde se agradecen y aprecien diversas experiencias y perspectivas, y donde los empleados se sientan cómodos y capacitados para discutir la diversidad y la inclusión. Averigua más aquí.
Sovos apoya el desarrollo profesional de las mujeres. La Alianza de Mujeres de Sovos es una oportunidad para que nuestras empleadas se conecten, amplíen sus redes internas a nivel mundial e intercambien historias, aprendan y orienten en un espacio de apoyo.
El registro del Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPT) ante las autoridades fiscales de toda Europa puede resultar difícil y complejo, especialmente cuando se trata de varios territorios. Hay muchos elementos que las empresas deben tener en cuenta a la hora de registrarse para el IPT. ¿Cuáles son los documentos justificativos necesarios? ¿Quién puede firmar? ¿Es necesario legalizar los documentos? ¿Hay un proceso de dos pasos? Estas son solo algunas de las preguntas que puede hacerse durante el proceso de registro.
Basándonos en los problemas más comunes que nos encontramos con nuestros clientes de IPT, hemos reunido nuestros cinco consejos principales para facilitar el proceso de registro de IPT:
Es probable que su empresa ya esté haciendo negocios en los territorios en los que debe registrarse. Por lo tanto, es importante que el registro se complete rápidamente para evitar las sanciones que pueden imponer algunas autoridades fiscales. Le recomendamos que firme y devuelva los documentos lo antes posible para evitar estas complicaciones.
Las autoridades fiscales europeas son muy específicas con sus requisitos, y dependiendo del Estado miembro de la UE, las normas pueden ser diferentes. Por lo general, los documentos justificativos deben estar fechados en los últimos seis meses y ser claramente legibles. Algunas autoridades fiscales exigen que los documentos estén certificados por un notario y apostillados, otras aceptan la firma electrónica y otras no. El proceso de registro puede retrasarse cuando los documentos justificativos son incorrectos, o las plantillas se rellenan de forma incorrecta. Para evitar retrasos en la presentación de su registro, asegúrese de prestar mucha atención a las instrucciones proporcionadas.
Aunque alguna información solicitada puede parecer intrusiva y personal, siempre hay una razón para la solicitud. Nunca le pediremos que proporcione nada más que lo que las autoridades fiscales requieren para completar un registro de IPT. Sus datos personales se tratan siempre con la más estricta confidencialidad y seguridad y cumplen con las normas del GDPR.
Los plazos para el registro del IPT en los Estados miembros de la UE pueden variar. Algunas autoridades fiscales, como Alemania, confirman el registro en el plazo de una semana desde su presentación, mientras que Grecia puede tardar entre 8 y 12 semanas. No se preocupe si su registro no se confirma tan rápido como esperaba.
Queremos que su registro se realice de la manera más eficiente y rápida posible. Si tiene alguna duda, su representante de registro está siempre dispuesto a ayudarle. Podemos responder a sus preguntas por correo electrónico o concertar una llamada para repasar todo el proceso si así lo prefiere.
Los servicios gestionados de IPT de Sovos ofrecen el apoyo de nuestro equipo de expertos mediante un software que se actualiza en tiempo real. Además, nuestro equipo de especialistas en regulación supervisa e interpreta las regulaciones globales de IPT, para que usted no tenga que hacerlo.
Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para descubrir cómo su empresa puede beneficiarse de una oferta completa de IPT de principio a fin, o descargue nuestro libro electrónico, IPT Compliance: A Guide for Insurers, para saber más sobre IPT en toda Europa.
Actualización: 10 de febrero de 2023 por Carolina Silva
El gobierno español está siguiendo varias rutas para digitalizar los controles fiscales, incluida la introducción de requisitos de software en el sistema de facturación.
En febrero de 2022, España publicó un Proyecto de Real Decreto que establece requisitos de software de facturación para garantizar la normativa antifraude española.
El Anteproyecto de Decreto garantiza que los software de facturación cumplan con los requisitos legales de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Establece estándares para los sistemas conocidos como SIF (Sistemas Informáticos de Facturación).
Para cumplir con los estándares del SIF, los contribuyentes pueden utilizar un sistema Verifactu, un sistema de emisión de facturas verificable que se detalla más adelante en este artículo.
Desde la publicación del Proyecto de Decreto y la conclusión de su consulta pública, la autoridad tributaria española ha publicado un proyecto de especificaciones técnicas para el sistema Verifactu y una lista de modificaciones que se introducirán en el Proyecto de Decreto. Uno es la fecha estimada de entrada en vigor de los requisitos del software de facturación.
Entre los múltiples requisitos del SIF establecidos en el Proyecto de Decreto se encuentra la capacidad de generar un registro de facturación en formato XML por cada venta de bienes o prestación de servicios. Este debe enviarse a la autoridad fiscal simultáneamente o inmediatamente antes de la emisión de la factura.
El Proyecto de Decreto establece dos sistemas alternativos que los contribuyentes pueden adoptar para cumplir con las normas técnicas del SIF: el SIF ordinario y el sistema Verifactu.
Un sistema Verifactu es un sistema de emisión de facturas verificable y su adopción es voluntaria según el Proyecto de Decreto. Los contribuyentes que utilicen sistemas informáticos de facturación para cumplir con sus obligaciones de facturación podrán optar por enviar continuamente a la autoridad tributaria todos los registros de facturación generados por sus sistemas.
Un sistema de facturación Verifactu cumple con todas las obligaciones técnicas impuestas por el Proyecto de Decreto. Los contribuyentes utilizan el sistema para enviar efectivamente todos los registros de facturación de manera electrónica de manera continua, automática, consecutiva, instantánea y confiable.
Un contribuyente opta por un “sistema de emisión de facturas verificable” iniciando sistemáticamente la transmisión de registros de facturación a la autoridad tributaria. Si los sistemas son Verifactu, las facturas deberán incluir una frase que así lo indique.
Existen varios beneficios para los contribuyentes que deciden optar por un sistema Verifactu:
Los contribuyentes y promotores de SIF deben conocer varios plazos establecidos por la autoridad tributaria española. Estos todavía son parte del borrador de desarrollo del SIF y los plazos oficiales están pendientes:
Aunque todavía se encuentra en borrador, se espera que se publique oficialmente el Proyecto de Real Decreto, junto con una Orden Ministerial que detalle las especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas de facturación. Próximamente la publicación oficial de las especificaciones técnicas de Verifactu.
El Proyecto de Decreto establece explícitamente que su implementación es compatible con un mandato de facturación electrónica que también está en marcha en España. Por lo tanto, los contribuyentes deben prepararse para cumplir.
Para obtener más información sobre los próximos cambios fiscales en España, hable con un miembro de nuestro equipo de expertos.
Para obtener una descripción general sobre otros requisitos relacionados con el IVA en España, lea esta página completa sobre el cumplimiento del IVA en España.
Actualización: 24 de febrero de 2022 por Víctor Duarte
El Ministerio de Hacienda de España ha publicado un proyecto de resolución que, una vez adoptado, establecerá los requisitos para el software y los sistemas que respaldan los procesos de facturación de empresas y profesionales. Esta ley tendrá un impacto significativo en los actuales procesos de emisión de facturas. Será necesario implementar nuevos requisitos de contenido de las facturas, incluido un código QR, y la generación de registros de facturación para enero de
El reglamento también pretende adaptar el sector empresarial español, especialmente pymes, microempresas y autónomos, a las exigencias de la digitalización. Para ello se considera necesario estandarizar y modernizar los programas informáticos que apoyan la contabilidad, facturación y gestión de las empresas y emprendedores.
El reglamento establece los requisitos que debe cumplir cualquier sistema para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación sin interpolaciones, omisiones o alteraciones.
Las nuevas normas establecidas en el reglamento se aplicarán a:
Las empresas que no entran en las categorías anteriores no tienen que cumplir, pero las que sí lo hacen deben asegurarse de que sus sistemas informáticos están adaptados a esta normativa a partir del 1 de enero de 2024.
Las facturas generadas por los sistemas informáticos o los sistemas y programas electrónicos que soportan los procesos de facturación de las empresas y profesionales deben incluir un código de identificación alfanumérico y un código QR, generados según las especificaciones técnicas y funcionales establecidas por el Ministerio de Hacienda.
Los sistemas informáticos que soportan los procesos de facturación deben tener la capacidad de:
Para conseguir estos fines, todos los sistemas informáticos deberán certificar que garantizan el compromiso de cumplir con todos los requisitos establecidos en esta norma a través de una "declaración responsable". El Ministerio de Hacienda establecerá el contenido mínimo de esta declaración más adelante en una nueva resolución.
Los registros de facturación deben cumplir con varios requisitos de contenido establecidos por la normativa.
Los contribuyentes que utilicen sistemas informáticos para el cumplimiento de sus obligaciones de facturación podrán voluntariamente enviar a la AEAT todos sus registros de facturación generados por los sistemas informáticos de forma automática por medios electrónicos. La respuesta de un mensaje de aceptación formal por parte de la AEAT supondrá automáticamente la incorporación de estos registros a los libros de ventas e ingresos del contribuyente.
La AEAT podrá personarse en el lugar donde se encuentre o se utilice el sistema informático y podrá requerir el acceso total e inmediato al registro de datos, obteniendo, en su caso, el nombre de usuario, la contraseña y cualquier otra clave de seguridad que sea necesaria para el acceso total.
La AEAT podrá solicitar una copia de los registros de facturación, que las empresas podrán facilitar en formato electrónico mediante soporte físico o por medios electrónicos.
El reglamento no incluye ninguna norma específica para el mandato de la factura electrónica B2B proyecto de decreto que se está discutiendo actualmente en el Congreso y está a la espera de su aprobación. Sin embargo, si se aprueba el mandato, todas las facturas electrónicas B2B emitidas bajo este proyecto de decreto tendrán que cumplir con todas las nuevas reglas establecidas en este reglamento.
Aunque esta nueva normativa no parece llevar a España más allá del control continuo de transacciones (CTC), la propuesta tiene claras similitudes con los requisitos de facturación de Portugal.
El proyecto de resolución que los establece está actualmente abierto a consulta pública hasta el 11 de marzo de 2022. Una vez aprobada esta resolución, el Ministerio de Hacienda publicará las especificaciones técnicas y funcionales necesarias para cumplir con los nuevos requisitos y la estructura, contenido, detalle, formato, diseño y características de la información que las empresas deben incluir en los registros de facturación.
El Ministerio de Hacienda también publicará las especificaciones de la política de firma y los requisitos que debe cumplir la huella digital o ‘hash’. Una vez que se publiquen estos detalles, quedará más claro si España sigue el camino de Portugal o si se hace un camino propio.
¿Necesita ayuda para mantenerse actualizado con las últimas actualizaciones de IVA y cumplimiento en España que pueden afectar su negocio? Póngase en contacto con el equipo de expertos de Sovos hoy.
Mantenerse al día de los tipos impositivos, las normas y la regulación más recientes del impuesto sobre las primas de seguros (IPT) es un desafío para las aseguradoras. Por no mencionar que esto es especialmente complejo para las aseguradoras que suscriben pólizas en múltiples regiones.
Escrito por el equipo de especialistas en normativas de Sovos, Cumplimiento del IPT – Guía para aseguradoras proporciona todo lo que necesita saber sobre el panorama normativo del IPT.
Con una combinación de información exhaustiva país por país, además de orientación sobre el IPT y el panorama fiscal digital, esta guía está dirigida a cualquier aseguradora que desee saber más sobre el cumplimiento del IPT.
Aunque se centra en Europa, nuestra guía también explora otras jurisdicciones de Asia, Australia, América del Norte y del Sur. Esta guía es su fuente de información de confianza para cualquier parte del mundo en la que haga negocios.
DESCARGAR EL LIBRO ELECTRÓNICO
La Guía de cumplimiento del IPT para aseguradoras incluye:
El futuro digital del IPT
El panorama fiscal está cambiando. Los gobiernos de todo el mundo recurren a la tecnología para colmar lagunas en los ingresos fiscales y acelerar la recaudación de impuestos. Como consecuencia, las autoridades fiscales están centrando cada vez más su atención en el
A la luz del aumento de los regímenes fiscales digitales y de la información granular, el cumplimiento del IPT debe ser una prioridad para las aseguradoras. Una declaración o notificación incorrecta puede acarrear costosas sanciones y daños a la reputación.
Nuestro libro electrónico «Guía de cumplimiento del IPT para aseguradoras» ofrece orientación sobre los numerosos elementos del cumplimiento de IPT. Esto incluye el punto de vista fiscal, los tipos impositivos, la moneda, la tramitación, el envío y la importancia de la exactitud de los datos.
Debido a los recientes cambios en el IPT en toda Europa, incluidos los complejos y detallados requisitos de declaración de España y la declaración del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de Portugal, esta guía le ayudará a navegar por el constantemente variable panorama del IPT.
La «Guía de cumplimiento del IPT para aseguradoras» analiza en profundidad algunas de las jurisdicciones del IPT más complejas y singulares de Europa. Esto incluye Italia, Eslovaquia, Portugal, Francia, Alemania, España, Finlandia, Dinamarca y el Reino Unido.
Europa es el tercer domicilio de entidades de seguros cautivas más grande del mundo. Alrededor del 15 % de las empresas tienen su sede en el continente. Este libro electrónico también contiene normas relevantes del IPT, tasas aplicables y orientaciones para las cautivas.
Argentina fue uno de los primeros países de América Latina en implementar un régimen de factura electrónica dirigido a verificar el cumplimiento de los contribuyentes. Aun cuando las raíces del sistema actual datan de los años 90 -con el establecimiento del régimen de registro fiscal de imprentas y del Código de Autorización de Impresión (CAI) por Internet- las primeras regulaciones sobre la factura electrónica propiamente hablando fueron emitidas hace casi dos décadas, con la publicación de la Resolución General que regulaba el régimen de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes en el 2002 y la implantación de un sistema de facturación electrónica opcional para cierto segmento de contribuyentes. Este sistema se convirtió paulatinamente en obligatorio, a partir del 2006, para contribuyentes específicos designados por la administración tributaria argentina (AFIP).
Para esto, la AFIP estableció un cronograma aplicable a algunos contribuyentes, mientras que para otros se hicieron notificaciones directas llamándolos a cumplir con el nuevo régimen. Es importante indicar que en la Argentina, cuando se habla de modalidades de factura electrónica, se incluyen tanto la facturación por medio de dispositivos autorizados por la administración tributaria (controladores fiscales) como la emisión de facturas electrónicas en sentido estricto, las cuales se conocen como “comprobantes electrónicos originales”. Este último tipo de comprobantes se puede emitir por medio de un sistema provisto por la administración (facturas en línea o Facturador Móvil, que veremos posteriormente) o por vía WebService, usando un proveedor privado de soluciones que utiliza para tal fin los esquemas XML autorizados por la AFIP.
Sin embargo, la principal expansión generalizada del sistema de factura electrónica en Argentina vino con la Resolución General 3749/2015, que extendió el uso obligatorio de la factura electrónica a los responsables inscritos en el IVA de acuerdo a sus niveles de ingresos y al tipo de actividad a la cual se dedicaran. En agosto de 2018 se emitieron las resoluciones generales 4290, 4291 y 4292, las cuales estuvieron dirigidas a especificar los plazos para el uso de los controladores fiscales y/o las facturas electrónicas (comprobantes electrónicos), así como a unificar el procedimiento que deben seguir los contribuyentes al emitir, reportar y guardar dichas facturas. En ese mismo año se aprobó la ley 27440, mediante la cual se estableció la factura de crédito electrónica para las medianas y pequeñas empresas, y con ella se extendió el alcance del régimen de facturación argentino a las operaciones de factoraje basadas en las facturas emitidas por los pequeños y medianos contribuyentes. La implementación de este sistema se hizo basada en un calendario que se extendió durante el año 2019.
Comprobantes en general: En Argentina, las operaciones comerciales de los contribuyentes pueden ser respaldadas por diferentes tipos de documentos o comprobantes, tales como facturas, facturas de exportación, comprobantes de compra, recibos emitidos por profesionales y proveedores de servicios, documentos fiscales emitidos mediante controladores fiscales, remitos, notas de débito y crédito y otros documentos equivalentes. Es importante indicar que en Argentina, los documentos de venta emitidos a consumidores finales también son denominados “factura”.
Facturas, recibos y ticket-facturas: En la nomenclatura fiscal Argentina, los recibos son emitidos por los profesionales y demás prestadores de servicios, mientras que las facturas son emitidas por contribuyentes o negocios registrados en la AFIP que venden bienes y servicios. Dependiendo del propósito y la categoría del emisor y el receptor de dichos documentos, los mismos podrán tener las categorías A, B, C o M, que se detallarán posteriormente. En ciertas circunstancias, contribuyentes comunes pueden emitir “recibos” dentro de las operaciones del negocio; sin embargo, la normativa existente exige que dichos recibos tengan una leyenda específica, mencionando que los mismos no tienen validez como factura, ya que las transacciones amparadas por dichos documentos deben ser documentadas por medio de facturas. Cuando los documentos de venta son emitidos a través de controladores electrónicos autorizados por la AFIP, los mismos pueden ser de dos tipos: tickets, los cuales son recibos con información simplificada a consumidores finales desde un punto de venta, o tickets-facturas. que podrán tener las mismas categorías A, B, C o M indicadas anteriormente, dependiendo de quién sea el emisor, el receptor y el propósito de dicho documento. Cuando los documentos electrónicos son generados por vía de sistemas electrónicos de facturación (en línea, WebService o aplicativo) dichos documentos se denominan “comprobantes electrónicos originales”.
Modalidades de emisión: Por lo general, a los contribuyentes se les permiten dos modalidades de emisión de los comprobantes fiscales: Por medio de los controladores fiscales, y/o por medio de sistemas electrónicos de facturación. Cuando se opta por emitir facturas mediante sistemas electrónicos, los contribuyentes tienen tres opciones: 1. Utilizar el programa aplicativo de la AFIP, 2) Utilizar el sistema de Comprobantes en Línea y generar las facturas directamente desde el portal de la AFIP o 3) Operar con WebService mediante una aplicación personal o de mercado. El uso de un sistema no es excluyente de los otros. Tanto el uso del aplicativo como el uso de facturación en línea solo son recomendadas para pequeños contribuyentes o profesionales con bajo nivel de facturación. Sin embargo, debe clarificarse que las pequeñas y medianas empresas adheridas al sistema de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, deben emitir exclusivamente facturas electrónicas originales por sus operaciones con empresas grandes o con otras pequeñas empresas. En adición a estos medios de emisión, existen además los comprobantes en caso de contingencia, los cuales son autorizados en situaciones en las que no es posible emitir los anteriores.
Tipos de comprobantes: Dependiendo de quién sea el emisor y el receptor de dichos documentos, así como de la capacidad de dicho documento para sustentar créditos del IVA, dichos documentos pueden ser de varios tipos:
Facturas tipo T: Son facturas emitidas generalmente por hoteles y servicios de alojamiento a turistas extranjeros.
Factura de crédito electrónica: Con el objetivo principal de impulsar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, Argentina instituyó la factura de crédito electrónica, que permite a esos contribuyentes aumentar su productividad mediante el cobro anticipado de los créditos y de los documentos por cobrar emitidos a sus clientes y/o deudores en ocasión de venta de bienes, locación de cosas muebles u obras o prestación de servicios a plazo. Este tipo de factura exige que tanto el emisor como el receptor posean un domicilio fiscal electrónico y haber registrado un CBU. Este tipo de facturas pueden ser de tipo A, B o C, según definición anterior, con sus correspondientes notas de crédito y débito.
Notas de crédito y débito: Una vez un contribuyente emite un comprobante, el mismo no puede ser editado. Las modificaciones a facturas y recibos mencionados anteriormente deben ser hechas por medio de notas de crédito o débito siguiendo la misma categoría A, B, C, M o E del documento original.
Mensajes de confirmación: Los receptores de los comprobantes electrónicos no se encuentran obligados a emitir mensajes de confirmación de la recepción de estos. Sin embargo, para el caso de la factura de crédito electrónica, los receptores deberán aceptar o rechazar los documentos electrónicos recibidos de sus suplidores.
De acuerdo con la documentación técnica emitida por la AFIP, el proceso de emisión, validación, recepción y almacenamiento de los documentos electrónicos se encuentra estrictamente regulado por las disposiciones legales de dicho país tanto con relación al contenido de los documentos transmitidos, como también los sistemas de emisión de estos. Dentro de las principales características de dicho sistema, deben ser indicadas las siguientes:
Requisitos de identificación y contenido de los comprobantes: Dependiendo del tipo de comprobante electrónico emitido por el contribuyente, las normativas existentes fijarán una serie de datos mínimos que los mismos deberán contener. La determinación del tipo de comprobante que un contribuyente puede emitir (A, B, C, E o M) en muchos casos es decidido por la AFIP dependiendo del estatus que dicho emisor contribuyente tenga ante la AFIP. Los datos que deben ser provistos también varían de acuerdo con el tipo de bienes o servicios que son incluidos en la transacción, según definidos en las resoluciones de la AFIP (por ejemplo, en la Resolución General 1415/2003) y en los manuales de desarrolladores emitidos por la AFIP para esos fines. Algunos de los elementos comunes encontrados en estos documentos electrónicos son los siguientes: fecha de emisión, CUIT del emisor, punto de venta, tipo de comprobantes, número de comprobante, importe total, moneda, cotización, información del receptor, código del tipo de autorización y el código de autorización, entre otros. Las facturas emitidas a consumidores finales no requieren por lo general información del receptor de estas, salvo que las transacciones incluidas en las mismas sobrepasen los mínimos establecidos por la legislación. En tal caso, dichas facturas deberán contener los nombres, domicilio, y número de identificación fiscal o del documento de identidad de dicho receptor (CUIT, CUIL, CDI, LE, LC, DNI). El formato especifico que debe tener la información antes indicada está detallado en los esquemas XML de los manuales de desarrolladores emitidos por la AFIP para cada tipo de documento. Las facturas de crédito electrónicas emitidas por las micro, pequeñas y medianas empresas deberán igualmente cumplir con algunos requisitos adicionales referentes a la fecha de vencimiento, plazo de solicitud de autorización, los remitos relacionados a esta y los códigos de autorización electrónicos, entre otros.
Requisitos de los sistemas de emisión: Los sistemas de facturación deben ser capaces de comunicarse vía WebService con los sistemas o bases de datos de la AFIP, generar en forma automatizada los XMLs de los comprobantes electrónicos siguiendo los requisitos de validaciones lógicas y aritméticas de los campos que requieran algún calculo, así como el control de validación de las numeraciones asociadas a los mismos. Una vez remitido el pedimento de autorización, y recibidos los códigos de autorización electrónica (C.A.E.), estos sistemas deben además ser capaces de generar, enviar y permitir la visualización e impresión de la representación gráfica del documento electrónico, todo esto con la seguridad que garantice como mínimo la integridad, autenticidad, y autoría de estos.
Representación gráfica. Por lo general, la emisión de la representación impresa de la factura electrónica en Argentina no es obligatoria. En múltiples casos, la factura es generada en formato PDF y enviada concomitantemente al receptor, que tiene la opción de imprimirla o no. Sin embargo, cuando se trata de operaciones con consumidores finales, el vendedor tiene la obligación de entregar el comprobante impreso, excepto que el comprador, locatario o prestatario acepte otro medio para su recepción que asegure su consulta en el momento de su emisión. El requisito de impresión del comprobante no será exigido cuando la facturación se deba efectuar en el momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio objeto de la transacción, en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante.
Código de respuesta rápida – Código QR: Por sus siglas en inglés, «quick response code» o código de respuesta rápida es un elemento obligatorio de los comprobantes electrónicos que consiste en un código de barras bidimensional cuadrado que permite almacenar información en una matriz de puntos. Las regulaciones actuales exigen que dicho código contenga la siguiente información: fecha de emisión, CUIT del emisor, punto de venta, tipo de comprobantes, número de comprobante, importe total, moneda, cotización, tipo documento receptor (de corresponder), número de documento de receptor (de corresponder), código del tipo de autorización y el código de autorización. La legislación exige que cuando dicho código es generado a partir del programa del contribuyente, toda la información anterior debe ser leída desde el código a través de cualquier dispositivo de captura compatible.
Elementos de seguridad: El uso de la factura electrónica requiere la integración de múltiples elementos que aseguren la integridad, autenticidad y autoría de los comprobantes electrónicos. Entre estos elementos se encuentra primero el Certificado Digital, que debe ser obtenido desde la AFIP e instalado en el dispositivo desde el cual el contribuyente estará realizando sus actividades de facturación. La obtención de estos certificados presupone la tenencia de la correspondiente clave fiscal con el nivel de seguridad 3 o mayor. Los certificados emitidos por AFIP tienen una vigencia establecida al momento de la emisión. Una vez vencidos ya no podrán ser utilizados y el contribuyente deberá solicitar un nuevo certificado.
A partir de 2018 se generalizó en Argentina el sistema de emisión electrónica de comprobantes, de modo que los contribuyentes deben justificar sus transacciones por medio de facturas emitidas por vía de controladores fiscales o de factura electrónica propiamente dicha:
➝ Todos los inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado.
➝ Los monotributistas.
➝ Empresas prestadoras de servicio de medicina prepaga, por los planes contratados por cada titular, y los establecimientos privados de educación cuando el valor del plan o las cuotas mensuales superen el importe de cinco mil pesos.
➝ Los locadores de inmuebles de terceros con fines turísticos.
➝ Los exportadores.
➝ Los comercializadores de bienes usados no registrables.
De esta forma, el sistema actual está diseñado para alcanzar casi la totalidad de entidades y personas ejerciendo actividades comerciales por cuenta propia o de terceros. De acuerdo con la legislación actual, todos los emisores electrónicos son también receptores electrónicos de dichos comprobantes. De manera opcional, aquellos contribuyentes completamente exentos del IVA podrán optar por emitir facturas electrónicas.
Es la entidad jurídica que provee los servicios de generación, transmisión, entrega, recepción y conservación de comprobantes electrónicos de venta a los emisores electrónicos. Dentro de este grupo se encuentran igualmente las empresas que proveen los controladores fiscales que se utilizan para emitir tickets y ticket-facturas.
Comprende a los contribuyentes obligados a recibir los comprobantes en formato electrónico a través del domicilio fiscal establecido en la AFIP
Por lo general, estos son los consumidores finales de bienes y servicios a los cuales los emisores de comprobantes electrónicos tienen la obligación de emitirles la representación grafica de la factura o ticket factura, excepto en los casos en los que las normas requieren que dichas facturas sean emitidas de forma electrónica.
Los contribuyentes obligados a facturar electrónicamente en Argentina tienen la obligación de constituir un domicilio fiscal electrónico, el cual es un domicilio virtual, gratuito, seguro, personalizado y válido para la recepción de comunicaciones de AFIP y otros organismos, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Este domicilio es obligatorio y produce, en el ámbito administrativo, los efectos del domicilio fiscal constituido, por lo que, a través de las comunicaciones que se reciban por este medio, se considerará al contribuyente como efectivamente notificado. El uso de este domicilio es una pieza fundamental del sistema de factura electrónica, especialmente para el funcionamiento de la factura de crédito electrónica que mencionaremos posteriormente. Las facturas electrónicas que se notifiquen mediante el “domicilio fiscal electrónico” o por intercambio de información a través del “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla Electrónica (WSCCOMU)” gozarán, a todos los efectos legales y reglamentarios, de plena validez y eficacia jurídica, constituyendo medio de prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos. Las facturas de crédito electrónicas se considerarán recibidas a la hora 24 del día inmediato siguiente al de su puesta a disposición en el domicilio fiscal electrónico.
El actual sistema de factura electrónica de Argentina requiere la validación previa de los comprobantes a ser emitidos por los contribuyentes antes de los mismos ser remitidos a sus clientes. Esta validación consiste en un Código de Autorización Electrónica o C.A.E., que es emitido por la AFIP mediante un archivo XML en respuesta a la solicitud que en este sentido hace el contribuyente vía WebService a través del ticket de requerimiento de acceso contentivo de un archivo XML con la información de la factura. El CAE es único e irrepetible e identifica de forma individualizada la factura que sustenta la transacción comercial, la cual no posee validez jurídica sin la presencia de dicho código. En caso de rechazo a la solicitud de autorización, la AFIP responderá mediante una respuesta electrónica en la cual se indicarán mediante códigos y mensajes las inconsistencias detectadas en la solicitud. El proceso de validación de las facturas electrónicas puede hacerse de forma individual por cada factura tipo A y aquellas a consumidores finales que requieren identificación, o puede ser hecha por lotes en caso de comprobantes tipo B y C que no requieran identificación del consumidor final. Alternativamente al CAE, la AFIP permite la utilización de códigos prevalidados de autorización dentro de determinados casos y con múltiples limitaciones. Estas pre-autorizaciones de facturación se hacen a través del Código de Autorización Electrónica Anticipado (C.A.E.A). Los contribuyentes pueden solicitar el uso de estos códigos de forma quincenal y solamente pueden ser usados desde un punto de venta especifico, dentro de la quincena para la cual están autorizados. No todos los contribuyentes pueden usar este tipo de código. Dentro de las precondiciones establecidas para su uso están algunas referentes a la cantidad mínima y el tipo de las facturas a ser emitidas. El uso del C.A.E.A está restringido en términos de la cantidad de facturas que pueden ser emitidas en cada periodo. Cualquier exceso en el volumen de facturas que son emitidas con esos códigos serán penalizadas con la prohibición del uso de este código por parte de la AFIP.
La actual legislación sobre emisión de documentos electrónicos requiere que los emisores de dichos documentos cuenten con planes de contingencia que les permitan prevenir los efectos de fallas, caídas o problemas de operación del sistema. Para tales fines, la legislación permite diferentes métodos que los contribuyentes pueden adoptar para continuar facturando en situaciones de contingencia: Esos son, a saber: a) Gestionando el Código de Autorización Electrónico Anticipado “C.A.E.A.” correspondiente de facturación; b) A través del equipamiento electrónico denominado “controlador fiscal” de “nueva tecnología” y c) o a través de un método manual (talonario). Sin embargo, esta última opción está limitada a los contribuyentes que utilizan el sistema de “comprobantes en línea” para emitir los documentos electrónicos originales según definidos anteriormente.
Una vez emitidos los comprobantes electrónicos, independientemente de la categoría o clase de los mismos, estos no pueden ser directamente anulados o cancelados. Mas bien, sus efectos contables pueden anularse o modificarse mediante la emisión de notas de crédito o débito electrónicas que deberán contener la referencia correspondiente al comprobante original cuyo contenido es incorrecto.
La expedición del comprobante electrónico debe realizarse al momento de la venta, la recepción del pago o la prestación del servicio (lo que suceda primero) para el caso de ventas a consumidores finales. En los demás casos de transacciones con otros contribuyentes, el plazo de expedición y el de entrega variaran dependiendo del tipo de transacción. Para el caso de la entrega es de diez días contados desde la fecha de la emisión.
Los contribuyentes no pueden negarse a recibir las facturas que les son emitidas en formato electrónico. Para evitar conflictos en este sentido, la regulación actual ha establecido domicilio fiscal electrónico, donde el contribuyente recibirá formalmente las facturas que les son emitidas. En el caso de las facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, así como las notas de crédito y débito relacionadas a las mismas, ellas pueden ser aceptadas de manera expresa o tácita. La aceptación tácita ocurrirá cuando luego de transcurrido el plazo de treinta días, la misma no se hubiera rechazado por el receptor. Por lo tanto, el rechazo de estas facturas solo puede hacerse hasta los 30 días corridos contados desde su recepción en el domicilio fiscal electrónico del receptor, y solo por alguna de las causales previstas en la ley, tales como: daño en las mercaderías, cuando no estuviesen expedidas o entregadas por su cuenta y riesgo; vicios, defectos y diferencias en la calidad o en la cantidad, debidamente comprobados; divergencias en los plazos o en los precios estipulados; no correspondencia con los servicios o la obra efectivamente contratados; existencia de vicios formales que causen su inhabilidad, lo que generará la inhabilidad de la factura de crédito electrótiquenica MiPyMEs tanto como título ejecutivo así como documento comercial; falta de entrega de la mercadería o prestación del servicio o cancelación total de la factura de crédito electrónica MiPyMEs.
Una vez los comprobantes electrónicos son emitidos o recibidos por los contribuyentes involucrados en dichos procesos, los mismos deben ser almacenados por el periodo que establece la ley, esto es, por un espacio de cinco años luego de operada la prescripción del período fiscal a que se refieran. Ese almacenamiento debe hacerse electrónicamente e incluir los documentos asociados a estos.
La Argentina comenzó a implementar, desde el 2019, un novedoso sistema de factoring para las facturas emitidas por las micro, pequeñas y medianas empresas. Una vez las facturas emitidas por dichas empresas son aceptadas, tácita o expresamente "sin cancelación" -o sea sin haber sido pagadas- las mismas pueden ser negociadas por el emisor mediante su transferencia a un 'agente de depósito colectivo' (caja de valores) o a través del sistema de circulación abierta, inclusive luego de la fecha de vencimiento del pago consignada en el comprobante. Según cual sea el sistema elegido, el comprador, locatario o prestatario, obligado al pago de la factura, recibirá en el domicilio fiscal electrónico una comunicación informando sobre la mencionada transferencia de la factura de crédito electrónica "MIPyME" a la 'caja de valores'.
La no emisión de comprobante electrónicos, o su emisión sin cumplir con los requerimientos y normativas técnicas establecidos por la AFIP, así como el no almacenamiento de los comprobantes justificativos de las adquisiciones realizadas por el contribuyente, pueden dar lugar a múltiples sanciones que pueden ir desde la aplicación de multas, a clausura temporal de establecimientos de entre dos a seis días. Además de estas sanciones, existen otras de carácter más técnico, como lo son la prohibición de acceder a ciertas ventajas otorgadas al contribuyente o la prohibición de usar ciertos tipos de facturas (Tipo A, por ejemplo). El esquema sancionatorio no solamente se limita a casos de no emisión o de emisión fuera de los formatos establecidos. Cuando el contribuyente emite elevados números de comprobantes originales en contingencia, bien sea por vía de facturas manuales con CAI (Código de Autorización de Impresión), o por uso de los C.A.E.A., la AFIP les obligará a adoptar los demás métodos alternativos de facturación. Por ejemplo, si el contribuyente emite facturas electrónicas mediante una solución de mercado, la AFIP le obligará a utilizar controladores electrónicos, y viceversa.
El régimen legal de la factura electrónica argentina puede esbozarse de diferentes formas, pero desde un punto de vista más simplificado se puede concluir que existen tres grandes grupos de regulaciones que sostienen el sistema:
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Ecuador comenzó a implementar su sistema de factura electrónica en 2014, fecha a partir de la cual la administración tributaria (SRI) ha emitido varias normas que establecen el calendario de integración a dicho sistema. Para el caso de los contribuyentes existentes previo a la legislación actual, el calendario de implementación abarca desde enero de 2019 hasta 2023, cuando se requerirá al último grupo de contribuyentes cumplir con el mandato. Los nuevos sujetos pasivos -exceptuando a aquellos bajo el régimen simplificado o ubicados exclusivamente en las islas Galápagos- que suministren bienes o servicios en el país, deberán emitir facturas electrónicas dentro del año de su constitución, cuando su ingreso bruto anual sea igual o superior a 100.000 dólares estadounidenses. Ecuador implementó originalmente un sistema de facturación en tiempo real “en línea”, donde las facturas y los documentos relacionados debían ser validados previamente por la administración tributaria antes de su emisión y envío a los clientes. Posteriormente, el sistema se cambió a un método de validación fuera de línea (offline) en el que las facturas son enviadas concomitantemente al SRI y a los clientes, sin necesidad de una prevalidación por parte del SRI.
Existen seis tipos de comprobantes electrónicos que deben ser emitidos por los contribuyentes en Ecuador.
A) Factura electrónica: la factura electrónica es otra forma de emisión de facturas de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios para la autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de su origen e integridad de su contenido, ya que incluye la firma electrónica del emisor en cada factura.
B) Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios: estos documentos deberán ser emitidos y entregados por los sujetos pasivos para determinadas adquisiciones establecidas en el marco legal ecuatoriano.
C y D) Notas de crédito y débito: estos documentos permiten a los sujetos pasivos enmendar o modificar facturas válidas emitidas anteriormente.
E) Comprobantes de retención: este tipo de comprobante es emitido para indicar las retenciones de impuestos hechas por los agentes de retención autorizados por la legislación local.
F) Guía de remisión: estos documentos respaldan el traslado de mercancías dentro del territorio nacional, por lo que todo transporte debe llevarlos.
Certificado digital: una vez que el contribuyente solicite o esté obligado a iniciarse en el proceso de factura electrónica de Ecuador, deberá solicitar y obtener un certificado digital de firma electrónica. Cumplido este paso, tendrá que solicitar la certificación para los entornos de prueba y producción directamente a través del Portal WEB SRI (Servicios Online).
Una vez que se verifique que la generación de recibos electrónicos, así como su envío y autorización, estén estructurados correctamente y que las pruebas realizadas estén aprobadas, el contribuyente puede ingresar la solicitud de emisión de facturas en el entorno de producción.
Esquema XML: los contribuyentes generarán su factura electrónica en formato .xml de acuerdo con los esquemas .xsd que se encuentran disponibles en el Portal WEB del SRI, a través de sus propias aplicaciones informáticas o mediante la factura electrónica que el SRI brinda gratuitamente a los contribuyentes.
Clave de acceso única: cada documento generado contendrá una clave de acceso única que estará compuesta por 49 dígitos numéricos. La aplicación o sistema informático que utilice el sujeto pasivo deberá generar automáticamente esta clave, requisito obligatorio que hará que cada documento electrónico sea único y a la vez, será su número de autorización. Basado en esta clave, el SRI generará la respuesta autorizando o no la factura o documento electrónico remitido por el contribuyente.
Representación impresa: la actual reglamentación de la factura electrónica en Ecuador posee disposiciones específicas con respecto al contenido de la representación impresa de los comprobantes electrónicos (RIDE). Dichas representaciones impresas deben contener un código de barras QR, cuya definición sigue los estándares internacionales del GS1-128 y deben además adecuarse al formato especifico definido en los anexos 2 y 7 de la ficha técnica del manual de usuario, catálogo y especificaciones técnicas para la “Emisión de Comprobantes Electrónicos” mediante el método de automatización offline. Otras disposiciones sobre este documento se encuentran en la Resolución 233/2018.
Es el contribuyente que emite de manera electrónica sus comprobantes, ya sea porque está obligado en virtud de una resolución o por efecto de su adhesión voluntaria al sistema. El facturador electrónico podrá utilizar un sistema propio o un sistema comercial para la generación de las facturas y otros comprobantes electrónicos.
Es el consumidor de bienes y/o servicios a quien se le emite un CPE y que, como tal, debe recibirlo en su calidad de consumidor. Cuando el mismo sea a su vez emisor electrónico, tendrá la calidad de adquirente electrónico, pero si no lo es, será considerado adquirente no electrónico.
Es el servicio de rentas internas de Ecuador, única entidad validadora de comprobantes electrónicos en dicho país. Contrario al caso de México, Panamá, Guatemala y Perú, en Ecuador no existen entidades autorizadas por la administración tributaria para validar las comprobantes electrónicos.
En el esquema “offline” los contribuyentes no requieren prevalidar las facturas y otros documentos electrónicos previo a su envío a los contribuyentes. Dicha remisión se hace concomitantemente y al SRI. Si los documentos electrónicos cumplen con todas las especificaciones técnicas, y la firma electrónica es válida, el Servicio de Rentas Internas los autorizará automáticamente. En caso de ser no autorizarlos, se le indicará al contribuyente el motivo del rechazo. En el caso de que una autorización haya sido rechazada por problemas de inconsistencia en su información, el emisor deberá utilizar la misma clave de acceso y número de documento para que una vez corregida la inconsistencia, los nuevos datos puedan ser enviados de regreso al SRI para su autorización. Si se autoriza un documento electrónico, los servicios web devuelven el XML autorizado, pero si el documento no es autorizado en forma reiterada, el servicio web solo devolverá el último estado. Es obligación del sujeto pasivo enviar el documento electrónico al SRI individualmente o por lotes, así como la verificación de que el documento está autorizado.
La normativa vigente obliga a los contribuyentes a conservar copias de los documentos electrónicos que hayan emitido durante todo el tiempo del plazo de prescripción; es decir, 5 años contados desde el momento de la emisión.
Contrario a lo que sucede en otras jurisdicciones, por lo general en Ecuador no existe obligación de emitir acuses de recibo por las facturas y otros documentos electrónicos recibidos. Sin embargo, si luego de enviado un documento electrónico, este es rechazado por el SRI, dicho emisor deberá notificar al receptor sobre esa situación, hacer las correcciones correspondientes y notificar nuevamente el documento validado por el SRI. Algunas excepciones a este principio aplican.
Una vez que un documento electrónico es remitido a la administración, este puede tener múltiples estados:
1- En procesamiento (PPR): este es un estatus temporal durante el cual el SRI aún se encuentra procesando el documento enviado. Cabe señalar que el tiempo máximo que le tomará al SRI procesar un documento electrónico será de 24 horas.
2- Autorizado (AUT): el documento electrónico ha sido formalmente autorizado por el SRI.
3- No autorizado (NAT): cuando el estado del documento electrónico sea No Autorizado (NAT), el emisor estará en la obligación de corregir y enviar nuevamente el documento electrónico a través de los servicios web y posteriormente notificar y entregar el nuevo documento electrónico al destinatario por correo electrónico. Es obligación de los destinatarios de los documentos electrónicos validarlos a través del portal WEB del SRI.
De acuerdo con las disposiciones del Artículo 8 de la Resolución 233/2018, cuando un contribuyente se encuentre imposibilitado de emitir una factura electrónica debido a situaciones fuera de su control, deberá emitir dichos documentos por medios físicos hasta que se solucione la situación y notificar a la administración sobre los motivos de la contingencia.
Ecuador tiene un procedimiento particular de anulación de documentos electrónicos. Si luego de emitido un comprobante electrónico que ha sido validado el emisor desea anularlo, podrá hacerlo accediendo directamente al portal del SRI y con la adecuada identificación del mismo, proceder a solicitar la correspondiente anulación. Dicha solicitud de anulación deberá ser automáticamente notificada vía correo electrónico y buzón fiscal al solicitante y al receptor de la factura. Si el receptor original del documento no propone ninguna objeción a la anulación, el documento se considerará anulado.
El uso de facturas comerciales dentro del sistema de factoraje no es nuevo en Ecuador. Está contemplado desde hace muchas décadas dentro del código de comercio de ese país. Sin embargo, con la inserción de la factura electrónica, se establecieron disposiciones con respecto a la emisión, validación, procesamiento y recepción de las facturas electrónicas comerciales negociables. Este subtipo de factura electrónica debe cumplir con requisitos específicos para ser tramitadas y validadas por el SRI. Para tal propósito, la autoridad fiscal ha establecido formatos específicos para la emisión y validación de dichas facturas, las cuales deben ser aprobadas o rechazadas por los receptores, dado que las mismas poseen la calidad de título de valor para todos los fines legales correspondientes. En tal sentido, el SRI emitió varios manuales dirigidos a explicar el procedimiento de remisión, validación, aceptación o rechazo de dichas facturas.
El régimen de facturación electrónica en Ecuador se encuentra regulado básicamente a través de resoluciones emitidas por el SRI, las cuales definen el sistema de cumplimento de dicho mandato. En adición a dichas resoluciones, el código tributario, la ley del IVA y otras leyes y decretos forman parte de la estructura legal en la cual se basa el sistema. Dentro de las principales regulaciones podemos citar las siguientes:
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En 2018, Hungría estableció un marco legal que obligaba a los contribuyentes a utilizar un esquema diseñado para declarar datos de facturación a las autoridades tributarias (NAV) en tiempo real para transacciones nacionales por encima de un IVA mínimo.
Debido al éxito de esta medida, el alcance de este mandato se ha ampliado para incluir una gama más amplia de transacciones, y se han eliminado los umbrales anteriores. El efecto del mandato ya se nota de forma generalizada en Hungría, donde todas las transacciones nacionales entre sujetos pasivos deben comunicarse a la NAV, sin importar la cantidad de IVA declarado.
Además, Hungría también ha publicado un borrador de la normativa SAF-T y dispuesto documentos para comentarios de sujetos pasivos. Se espera que la nueva normativa SAF-T entre en vigor a finales de 2021/2022.
1 Julio 2018: el mandato se aplica a todos los sujetos pasivos, que deberán declarar datos de facturas en tiempo real a la administración de aduanas e impuestos húngara para las transacciones nacionales con un IVA mínimo de 100•000•HUF.
1 Julio 2020: se elimina el umbral de IVA y todas las transacciones nacionales entre sujetos pasivos en Hungría deben declararse sin importar la cantidad de IVA.
1 Enero 2021: las obligaciones de declaración incluyen la emisión de facturas B2C y los suministros y exportaciones B2B intracomunitarios.
1 Enero- 31 Marza 2021: el ministerio de finanzas otorgó un periodo de gracia libre de sanciones de tres meses para cumplir con las nuevas obligaciones de declaración y para dar a las empresas tiempo para pasar de la versión actual (v 2.0 XSD) a la nueva versión v3.0 XSD.
1 Abril 2021: Se hace obligatorio el uso de la versión nueva (v3.0 XSD).
De no declarar las facturas en tiempo real, se podría recibir una sanción administrativa de hasta 500•000•HUF por factura no declarada.
Se aplicarían sanciones adicionales por no cumplimiento con los requisitos de software de facturación.
En un momento en el que Hungría se acerca cada vez más al modelo de autorización para facturación electrónica con CTC, Sovos ayuda a las empresas a mantenerse al día de los últimos requisitos y especificaciones técnicas para que puedan conectar de forma efectiva con la NAV y cumplir con sus obligaciones de IVA.
España es el primer país de la UE que adoptó el método de Controles Continuos de Transacciones (CTC), con la introducción de la declaración de datos de facturación en tiempo cuasirreal en 2017. Con este requisito, la autoridad tributaria española, la AEAT, pretendía agilizar los reembolsos, ofrecer a los contribuyentes datos precisos para devoluciones, llevar a cabo auditorías de una forma más eficaz y combatir el fraude del IVA.
Los sujetos pasivos que están dentro del ámbito deben declarar sus datos de facturación a la autoridad tributaria a través de una plataforma denominada Suministro Inmediato de Información (SII) antes de cuatro días hábiles después de la fecha de emisión.
En 2020, la administración tributaria anunció una nueva versión del SII, introduciendo un libro para el registro de operaciones relacionadas con la venta de bienes en proceso de envío. Esta versión entró en vigor el 1 de enero de 2021.
2 de enero de 2017: se inició el suministro inmediato de información de forma voluntaria para los contribuyentes en España.
1 de julio de 2017: fase obligatoria del suministro inmediato de información para los contribuyentes dentro del ámbito del mandato.
1 de enero de 2018: el período para proporcionar la información se redujo de 8 a 4 días. El mandato se amplió también a otros territorios españoles (País Vasco e Islas Canarias).
1 de enero de 2020: introducción de un libro registro de las operaciones relativas a la venta de mercancías en proceso de envío.
Las omisiones o imprecisiones de la obligación de declaración de la información tienen una multa de hasta el 1 % del importe total del incumplimiento, con un máximo de 6 000 €.
El retraso en la declaración de libros de IVA electrónicos en tiempo real supone una multa del 0,5 % del importe total declarado, con un mínimo de 300 € y un máximo de 6 000 por trimestre.
Los errores u omisiones en el Libro de determinadas operaciones intracomunitarias y en el Libro de bienes de inversión tienen una sanción fija de 150 euros.
Sovos actúa como una verdadera ventanilla única para la gestión de la conformidad con las obligaciones de IVA en España y en todo el mundo.
Sovos es compatible con la plataforma Suministro Inmediato de Información (SII), lo que garantiza que nuestros clientes cumplan el marco legal y técnico desarrollado por la autoridad tributaria española (AEAT).
Los expertos de Sovos supervisan, interpretan y codifican continuamente estos cambios en nuestro software, lo que reduce la carga que supone el cumplimiento para sus equipos fiscales e informáticos.