La industria de las telecomunicaciones se enfrenta a un entorno en constante transformación, donde la protección de datos, la prevención del fraude y la necesidad de adaptarse constantemente a regulaciones emergentes -que abarcan desde la privacidad hasta los requisitos tributarios digitales- convergen con la necesidad de gestionar cada vez mayores volúmenes de información, lo que obliga a las empresas a reaccionar con agilidad y a mantener una vigilancia permanente.

En respuesta, el sector debe implementar soluciones integrales que protejan la identidad digital y garanticen la autenticidad y la integridad de las transacciones con el objetivo de ofrecer un entorno digital confiable que cumpla con las exigencias regulatorias, proteja la información de los usuarios y refuerce la credibilidad y eficiencia en cada intercambio electrónico.

En la atención de la salud, cada interacción con el paciente -desde el primer registro hasta el pago de los servicios- es una transacción que debe estar protegida de principio a fin. Los desafíos incluyen la reducción de tiempos de espera, la mitigación de intentos de fraude por suplantación de identidad en procesos remotos, y el cumplimiento de las normativas fiscales que regulan las operaciones de las entidades de salud.

Asegurar cada una de estas transacciones es fundamental para optimizar la experiencia del paciente y cumplir con las exigencias regulatorias.

Los servicios financieros, que involucran distintas actividades prestadoras de servicios de intermediación relacionados con la generación de valor a través del dinero como la banca, compañías de seguros, administradoras de fondos y otras, tienen una alta transaccionalidad y son altamente regulados, por lo que cualquier error en sus operaciones puede ser duramente sancionado. Mantenerse en cumplimiento con las normativas, cambios regulatorios y  prevenir el fraude, nunca ha sido tan importante.

Los organismos reguladores se han incorporado a la transformación digital para tener un mejor control transaccional de las actividades de las entidades que proveen servicios financieros, demandándoles estar a la par tecnológicamente, tanto en lo que se refiere al cumplimiento fiscal, como a sus niveles de seguridad para mitigar intentos de fraudes o filtraciones de datos en onboardings de clientes y transacciones.