México entra en una nueva etapa de fiscalización digital donde las plataformas digitales pasarán a estar bajo monitoreo de la autoridad tributaria. Con el paquete fiscal 2026 ya aprobado, el país avanza hacia un modelo de supervisión mucho más directo sobre los servicios digitales que operan en su territorio.
En efecto, la reforma al Código Fiscal de la Federación incorpora el nuevo artículo 30-B, que otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la facultad de acceder en línea y de forma permanente al sistema o aplicativo de plataformas digitales que presten servicios en México. La medida comenzará a aplicarse a partir del 1 de abril de 2026 y representa uno de los cambios más relevantes en la regulación del ecosistema digital en los últimos años.
De acuerdo con la Regla 2.9.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 -que contempla el acceso en línea del SAT a la información fiscal de plataformas digitales para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales de la RMF 2026– esto tiene como único objetivo comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, particularmente en materia de IVA y de los impuestos aplicables a los servicios digitales.
El acceso del SAT se enfocará exclusivamente en información operativa y transaccional necesaria para verificar dicho cumplimiento. Esto incluye registros de transacciones, historiales de facturación y cobros, datos asociados a los receptores de los servicios, así como a los enajenantes de bienes o prestadores de servicios tratándose de plataformas de intermediación, así como medios y forma de pago.
Esta facultad no implica vigilancia sobre el comportamiento individual de los usuarios, ni el acceso a datos sensibles como perfiles personales, mensajes o contenidos consumidos. Así, conforme a lo establecido por la propia Regla 2.9.21, la supervisión se concentra en los flujos económicos, la correcta tributación de las plataformas, e identificación de los consumidores e intermediarios.
Esta regla administrativa refuerza que la facultad del SAT no constituye un mecanismo de vigilancia general, sino una herramienta de fiscalización acotada, orientada exclusivamente a garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas digitales que operan en México y su trazabilidad.
La disposición aplica principalmente a plataformas digitales, marketplaces y servicios de intermediación, incluyendo:
Las empresas que operen en México deberán registrarse ante el SAT, contar con domicilio fiscal en el país y permitir la conexión de sus sistemas para el reporte de operaciones, conforme a los lineamientos técnicos que defina la autoridad.
El nuevo esquema busca fortalecer la recaudación, reducir la evasión fiscal en el entorno digital y asegurar que todas las plataformas digitales extranjeras y de intermediación cumplan de manera equitativa con sus obligaciones tributarias. Para lograrlo, la autoridad fiscal introduce un modelo de fiscalización continua que eleva de forma significativa el estándar de cumplimiento.
Las plataformas que no se registren, no habiliten el acceso requerido o incumplan las obligaciones de reporte podrán enfrentar bloqueos temporales del servicio en todo el país, ejecutados a través de operadores de telecomunicaciones.
A ello se suma una presión creciente sobre la infraestructura tecnológica de las empresas, que deberán adaptar sus sistemas, habilitar canales seguros de intercambio de información y cumplir con especificaciones técnicas y operativas definidas por el SAT.
Para los usuarios finales, el impacto será indirecto. Mientras las plataformas cumplan con la normativa, los cambios pueden pasar prácticamente inadvertidos. Sin embargo, un incumplimiento por parte de la plataforma -como no reportar adecuadamente o no colaborar con la autoridad- podría derivar en la suspensión temporal del servicio, incluso cuando el usuario esté al día con sus pagos, introduciendo un nuevo riesgo operativo para los consumidores en México.
La reforma responde a un conjunto de factores estructurales que han venido configurando el mercado digital en los últimos años. Por un lado, el crecimiento sostenido del consumo digital y la expansión de plataformas de streaming, comercio electrónico y servicios bajo demanda han transformado la economía mexicana. Por otro, el Estado busca fortalecer su base recaudatoria, especialmente frente a servicios prestados por empresas no residentes, y avanzar hacia un esquema de mayor equidad fiscal entre compañías locales y extranjeras que compiten en el mismo entorno digital.
Este contexto marca un punto de inflexión: el ecosistema digital deja de operar bajo esquemas de fiscalización indirecta y pasa a estar sujeto a una supervisión fiscal mucho más intensa, sistemática y tecnológica.
La entrada en vigor del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación redefine las reglas del juego para plataformas digitales, servicios de streaming, comercio electrónico y modelos bajo demanda en México.
Para las empresas, el desafío viene de la mano de la adaptación tecnológica, cumplimiento normativo y responsabilidad fiscal. Para los usuarios, el cambio no implica una revisión de su consumo personal, pero sí un entorno donde la continuidad del servicio dependerá del nivel de cumplimiento de las plataformas.
En este escenario, Sovos se consolida, a través de sus soluciones y servicios, como un aliado estratégico para navegar la transformación fiscal del ecosistema digital mexicano, ayudando a las empresas a reducir riesgos de errores, sanciones o bloqueos del servicio, entregando mayor control y previsibilidad frente al nuevo régimen y facilitando el cumplimiento y la integración tecnológica.
El compliance fiscal dejó de ser un proceso de cierre mensual o una tarea reactiva del área contable. Hoy es una capacidad estratégica que se ejecuta en tiempo real y que define qué tan preparada está una empresa frente a la fiscalización digital.
En este nuevo escenario, las organizaciones ya no compiten solo por eficiencia operativa o crecimiento comercial, sino por su capacidad de gestionar datos con la misma inteligencia que los gobiernos. Las autoridades fiscales se han convertido en verdaderos expertos en el uso de la información, y el gran desafío para las empresas es alcanzar ese mismo nivel de visibilidad para cumplir, competir y crecer. En este contexto, el compliance deja de ser una obligación para transformarse en una ventaja estratégica.
Mientras muchas compañías siguen conciliando reportes días o semanas después de emitir sus transacciones, las autoridades ya analizan esa misma información al instante, la cruzan y detectan inconsistencias incluso antes de que el propio contribuyente las identifique.
Este cambio de paradigma fue el eje central del webinar de Sovos “El Nuevo Horizonte del Compliance: Inteligencia, Visibilidad y Cierre de Brechas”, presentado por Ariel Steiner, director comercial en Sovos México, donde quedó claro que el cumplimiento ya no es una función reactiva, sino un habilitador de ventaja competitiva.
La pregunta ya no es “¿cumplo?”, sino algo mucho más estratégico: ¿estoy viendo lo mismo que ve la autoridad fiscal?
Este cambio no ocurre en un solo país ni responde a una moda regulatoria aislada. Se trata de una transformación global que avanza en tres grandes olas: Europa digitaliza el control, Latinoamérica lo convierte en estándar y Asia lo automatiza con inteligencia artificial.
El resultado es un ecosistema donde cada factura, cada nómina y cada declaración está conectada en tiempo real. Las zonas ciegas desaparecen y la transparencia se vuelve total. Cerrar la brecha ya no es teoría. Hay países que ya lo lograron con resultados medibles, sostenibles y permanentes. La pregunta es si las empresas están evolucionando al mismo ritmo.
En este nuevo contexto, el compliance también cambia de significado: deja de ser un costo operativo para convertirse en una capacidad estratégica. Cumplir ya no es solo pagar impuestos o presentar reportes, sino demostrar integridad, eficiencia y control del negocio frente a autoridades cada vez más digitales y analíticas.
El panorama regulatorio se ha vuelto más dinámico, complejo y demandante que en cualquier otro momento de la historia. Las empresas operan en múltiples jurisdicciones, enfrentan actualizaciones normativas constantes y deben responder a autoridades que ya no fiscalizan de forma posterior, sino prácticamente en tiempo real.
Esto aumenta el riesgo: uno de cada cuatro negocios teme sanciones severas o procesos judiciales por incumplimiento, mientras la mayoría de los líderes ejecutivos reconoce estar más expuesto al riesgo fiscal que hace cinco años.
En este contexto, cumplir ya no significa solo presentar declaraciones a tiempo. Significa mantener control, trazabilidad y consistencia sobre cada transacción, desde el momento en que ocurre.
El modelo tradicional -registrar, revisar internamente y luego reportar- quedó atrás. Cada vez más gobiernos operan bajo esquemas de Controles Transaccionales Continuos (CTC), donde facturas, nóminas, pagos y declaraciones son validadas casi en el mismo instante en que se generan. La autoridad ya no espera el cierre del mes: observa la operación en vivo.
México es uno de los ejemplos más avanzados. Con CFDI 4.0, Carta Porte, cruces automáticos, prellenados y analítica avanzada, el SAT no solo recibe información: la interpreta, la correlaciona entre sistemas y anticipa inconsistencias antes que las propias empresas. En otras palabras, la autoridad puede tener más visibilidad que el contribuyente sobre su propia operación. Y ahí es donde se genera la brecha.
Lejos de ser una tendencia aislada, esta transformación tiene un fuerte historial regional. Brasil fue pionero con su ecosistema SPED, integrando facturas, contabilidad y declaraciones en una única base de datos. Chile avanzó hacia la facturación electrónica universal, incorporando desde grandes corporaciones hasta microempresas. México, por su parte, elevó el estándar con un modelo altamente granular y predictivo.
El resultado es un entorno de transparencia total, sin zonas ciegas, donde prácticamente cada movimiento fiscal deja huella digital. Para las empresas, esto implica una realidad ineludible: si el gobierno ya opera con datos integrados y automatizados, los procesos manuales y fragmentados simplemente no son suficientes.
Mientras las autoridades consolidan información en tiempo real, muchas organizaciones aún dependen de ERPs aislados, validaciones tardías, conciliaciones posteriores y múltiples reportes para entender lo que ya ocurrió.
Esta fragmentación genera retrabajo, auditorías inesperadas, pérdida de confianza en los datos y decisiones tomadas con información incompleta. Además, eleva los costos operativos justo cuando el negocio necesita mayor eficiencia. El compliance fragmentado no solo incrementa el riesgo. También frena la competitividad.
Frente a este escenario, el compliance moderno exige un cambio de mentalidad. Ya no se trata de corregir errores después del cierre, sino de prevenirlos antes de que escalen.
Esto implica tres capacidades clave:
Si el cumplimiento se vuelve estratégico, también debe volverse medible. No se trata de generar más reportes, sino de contar con indicadores que reflejen madurez digital y capacidad de anticipación.
Algunos KPIs clave incluyen:
La precisión, la velocidad y la anticipación se convierten en la nueva brújula del área fiscal. Estos indicadores muestran si la organización está reaccionando o liderando con datos.
Durante el webinar, Sovos presentó un concepto central: Mirror Visibility. El principio es simple pero transformador: si la autoridad puede analizar cada dato de una operación con granularidad total y en tiempo real, las empresas también deberían poder hacerlo, accediendo a los mismos datos que ven los gobiernos y las entidades fiscales, como si operaran frente a un espejo de la información que observan las autoridades.
Mirror Visibility replica la lógica de fiscalización del gobierno dentro de la empresa. Cada transacción se valida, se cruza y se audita de forma continua. Las discrepancias se detectan antes de convertirse en requerimientos formales. La evidencia está disponible en todo momento. Ya no se trata de responder auditorías, sino de evitarlas. Pero para lograrlo no basta con integrar datos: es necesario convertir esa información en inteligencia
Ahí es donde entra Sovos Intelligence.
Más que una herramienta tecnológica, Sovos Intelligence propone una nueva forma de gestionar el compliance: pasar de un modelo reactivo —donde el equipo corrige errores después del hecho— a uno anticipativo, basado en analítica avanzada e inteligencia artificial.
En la práctica, esto significa que un CFO o director fiscal puede hacer preguntas en lenguaje natural como: “Muéstrame las facturas de transporte CFDI 4.0 con posibles discrepancias de IVA y Carta Porte”.
En segundos, la plataforma analiza millones de registros, identifica riesgos, explica causas y entrega trazabilidad completa. Sin esperar auditorías. Sin procesos manuales. Con evidencia defendible.
El resultado es un cambio cultural profundo: los equipos fiscales dejan de apagar incendios y comienzan a prevenirlos.
Además, la integración es sin fricción. Sovos Intelligence no reemplaza ERPs, sistemas contables o plataformas de facturación. Los conecta. Centraliza la información y crea una única fuente de verdad fiscal donde todas las áreas pueden validar, analizar, auditar y defender cada transacción.
Así, la información fiscal deja de ser un archivo histórico y se transforma en conocimiento útil para decidir mejor.
Durante años, el cumplimiento fue percibido como un costo obligatorio. Hoy se ha convertido en un indicador claro de madurez digital, control operativo y solidez empresarial.
Las organizaciones que dominan su información fiscal no solo reducen riesgos: toman decisiones con mayor rapidez, asignan mejor sus recursos y fortalecen su credibilidad frente a autoridades, inversionistas y socios comerciales.
En este nuevo entorno, el compliance deja de ser una tarea administrativa para convertirse en una fuente de inteligencia estratégica para el negocio.
Alcanzar ese nivel de visibilidad no depende de sumar más herramientas aisladas, sino de contar con una estrategia integral que conecte datos, sistemas y regulaciones en un solo ecosistema. Sovos habilita ese modelo a través de Sovos Intelligence y capacidades de Mirror Visibility, integrándose con los ERPs y plataformas existentes para centralizar la información fiscal, automatizar validaciones y aplicar analítica e IA sobre las transacciones.
Más que reemplazar sistemas, crea una capa de control y trazabilidad que permite anticipar discrepancias, reducir auditorías y operar con evidencia defendible en tiempo real.
El resultado es simple: equipos fiscales menos reactivos, decisiones mejor informadas y un cumplimiento que impulsa —en lugar de frenar— el crecimiento del negocio.
Descubre en el webinar completo cómo aplicar estos principios en tu organización y cerrar las brechas de visibilidad antes de que se conviertan en riesgos. Míralo aquí.
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El inicio de un nuevo año tributario encuentra a muchas empresas con procesos aún tensionados, aprendizajes pendientes del cierre anterior y un marco regulatorio que no da tregua. Más allá de diciembre, los errores operativos en facturación, contabilidad y control tributario continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo frente a un escenario de fiscalización cada vez más exigente.
Aunque el cierre fiscal concentra tradicionalmente la mayor presión operativa, los problemas que se arrastran desde ahí suelen impactar los primeros meses del año siguiente: diferencias contables no resueltas, documentación incompleta, correcciones tardías y procesos manuales que dificultan la trazabilidad. El resultado es conocido: observaciones del SII, multas, reprocesos y mayores complejidades en auditorías futuras.
Este contexto cobra especial relevancia considerando que 2025 introdujo nuevas obligaciones normativas que elevan el estándar de control, información y fiscalización, y cuyos efectos se extienden directamente al año tributario que comienza.
A continuación, los errores operativos más frecuentes que las empresas deben abordar desde el inicio del año, y cómo enfrentarlos de manera efectiva.
Uno de los errores más habituales es la existencia de diferencias entre facturas electrónicas, notas de crédito o débito y los registros contables. Estas inconsistencias, muchas veces mínimas, pueden escalar rápidamente durante una revisión o fiscalización.
“El cumplimiento tributario no debería gestionarse como una carrera de último minuto. Las empresas que trabajan con controles continuos reducen significativamente el riesgo de diferencias que luego son difíciles de corregir”, explica María del Carmen Aguilar, Senior Regulatory Counsel de Sovos.
Intentar regularizar grandes volúmenes de documentos tributarios en periodos concentrados -ya sea al cierre o al inicio del año- aumenta la probabilidad de errores formales, rechazos y atrasos en los plazos legales.
Cómo evitarlo:
Registrar operaciones en un período tributario incorrecto sigue siendo un problema recurrente y puede distorsionar tanto los resultados financieros como la carga impositiva.
Cómo evitarlo:
Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos e inventarios continúan siendo focos de
riesgo cuando no se concilian adecuadamente, afectando la confiabilidad de la información financiera.
Cómo evitarlo:
El uso intensivo de planillas y revisiones manuales sigue siendo una de las principales fuentes de error, especialmente en organizaciones con alto volumen de transacciones.
Cómo evitarlo:
“Los errores tributarios no son solo un problema fiscal; también reflejan desafíos tecnológicos y de gestión. La automatización y la trazabilidad permiten enfrentar el año tributario con mayor previsibilidad y menor exposición al riesgo”, agrega Aguilar.
El 2025 trajo modificaciones normativas significativas para Chile que las empresas deben tener en consideración. Estos cambios abarcan desde requisitos adicionales en documentación tributaria, hasta nuevas obligaciones para plataformas digitales y comercio electrónico. Los más destacados:
El 1 de septiembre de 2025 entró en vigencia la Resolución Exenta N°44, que acompaña la versión 4.2 del formato de boletas electrónicas. Para operaciones que superen las 135 UF (aproximadamente $5.100.000 CLP), ahora es obligatorio incluir:
Esta información debe incluirse tanto en el archivo XML como en su representación gráfica (PDF). Las sanciones por incumplimiento, según el artículo 97 N°10 del Código Tributario, van del 50% al 500% del monto de la operación.
La nueva resolución Exenta SII N°154 (5/11/2025) establece nuevos requisitos para facturas electrónicas y guías de despacho en operaciones que trasladen bienes afectos a IVA a partir del 1 de mayo de 2026. Las empresas deberán incluir:
Además, se crea el Registro de Guías de Despacho Electrónicas, donde deberán incluirse tanto guías electrónicas como en papel.
La Resolución Exenta N°121 (19/12/2024), vigente desde marzo de 2025, estableció nuevas restricciones para la emisión de facturas en supermercados y restaurantes:
El incumplimiento se sanciona con multas del 50% al 500% del monto de la operación -con un mínimo de $122 mil CLP a un máximo de $30 millones CLP aprox.- así como el cierre del establecimiento hasta por 20 días.
A partir del 1 de marzo de 2025, de acuerdo con la Resolución Exenta SII N°117 (12/12/2024), los vendedores de bienes usados deben emitir facturas electrónicas sin IVA para identificar proveedores y detallar bienes adquiridos. Esta medida impacta directamente a comerciantes de:
El objetivo es mejorar la trazabilidad de estas operaciones y fortalecer el control tributario sobre este sector.
La circular N°38 del 30 de abril de 2025 (Ley N°21.713) establece que, a partir del 1 de octubre de 2025, las plataformas de intermediación, administradores de medios de pago electrónico, órganos del Estado y bancos comerciales deben exigir acreditación del inicio de actividades para autorizar el desarrollo de actividades económicas.
Desde el 1 de enero de 2026, las plataformas y administradores de medios de pago deberán verificar el cumplimiento tributario de quienes operen a través de ellos. Si detectan incumplimiento, podrán continuar proveyendo el servicio, pero deberán retener un porcentaje del IVA asociado a la transacción.
Desde el 25 de octubre de 2025, quedaron afectos a IVA la compra de bienes ubicados en el extranjero realizada remotamente por consumidores finales, siempre que:
Las plataformas de intermediación extranjeras deben inscribirse en el sistema de tributación simplificada y retener y pagar el IVA (19%) en arcas fiscales.
La Resolución Exenta N°53 (vigente desde 1 de mayo de 2025) establece que todo comercio con ventas presenciales a consumidores finales debe entregar representación impresa o digital del comprobante según el tipo de pago:
Los comercios sin dispositivos tecnológicos tienen hasta el 1 de marzo de 2026 para adecuar sus sistemas.
Si algo deja claro el marco normativo vigente es que la tendencia no apunta a flexibilizar, sino a profundizar los mecanismos de control, trazabilidad y fiscalización digital. Para 2026, se espera que el SII continúe fortaleciendo el uso de datos, cruces de información y monitoreo en línea, especialmente en sectores de alto volumen transaccional, comercio digital y plataformas de intermediación.
En este escenario, la preparación para el año tributario no pasa únicamente por cumplir con las nuevas regulaciones, sino por replantear la gestión tributaria como un proceso permanente, integrado a los sistemas financieros y operativos de las organizaciones.
“El marco regulatorio chileno está avanzando hacia un modelo de fiscalización más preventivo, continuo y basado en datos. Anticiparse ya no es una ventaja competitiva: es una condición para operar con estabilidad”, afirma María del Carmen Aguilar.
Iniciar el año tributario con procesos sólidos, información confiable y sistemas alineados con la normativa vigente permite reducir riesgos, evitar correcciones posteriores y operar con mayor eficiencia. En un contexto de regulaciones más exigentes y fiscalización reforzada, prepararse desde el inicio marca la diferencia entre reaccionar ante los problemas o gestionarlos con control y previsibilidad.
Sovos apoya a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a lo largo de todo el año fiscal, asegurando la correcta emisión, validación y control de documentos conforme a la normativa vigente del SII. A través de sus soluciones para el cumplimiento tributario, permite reducir errores operativos, anticiparse a fiscalizaciones y gestionar el cumplimiento tributario de forma integrada, segura y escalable.
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La gestión documental se entendió por años como una función operativa: almacenar, ordenar y recuperar archivos. Pero hoy, en medio de la aceleración digital, y con la IA como impulsora del cambio, la gestión documental se está transformando en un componente estratégico del negocio.
Ya no se trata solo de guardar documentos. Se trata de gestionarlos como activos vivos, con trazabilidad, automatización, inteligencia y seguridad en todo su ciclo de vida.
En el futuro próximo la IA convertirá la gestión documental en un ecosistema dinámico donde los documentos se entienden, se analizan, se protegen y, en algunos casos, actúan por sí solos.
La gestión documental moderna ya no es un repositorio: es la administración integral del ciclo de vida completo de documentos y contratos dentro de una organización, con procesos orquestados, auditables y gobernados por políticas claras. Incluye:
La combinación de nube, automatización e IA generativa está redefiniendo por completo la relación de las empresas con sus documentos.
La IA permite extraer datos clave, validar contenido, detectar inconsistencias, resumir y anticipar fechas críticas. Los documentos dejan de ser texto pasivo y se convierten en fuentes de insights para áreas legales, financieras, comerciales y de compras.
Recordatorios de vencimientos, renovaciones automáticas, flujos inteligentes, auditoría continua y gestión autónoma de versiones.
Equipos diversos pueden trabajar simultáneamente sin duplicar archivos, mezclar versiones o exponer información sensible.
En el futuro (muy cercano) será estándar que la firma esté conectada a un proceso de validación de identidad, especialmente en contratos sensibles o sujetos regulados. En muchos casos lo está, pero falta estandarizar.
Cada interacción -desde una vista hasta una firma- queda registrada con metadatos, generando evidencia para auditorías y cumplimiento.
Contratos realmente inteligentes: la IA permitirá que los contratos evolucionen desde documentos estáticos hacia sistemas autónomos capaces de interpretar su propio contenido. Esto significa que un contrato podrá alertar automáticamente cuando se cumpla una condición, anticipar un vencimiento, bloquear un riesgo no autorizado, solicitar una aprobación interna o incluso activar procesos en sistemas corporativos sin intervención humana.
No se trata de “smart contracts” basados en blockchain, sino de contratos empresariales tradicionales enriquecidos con lógica, monitoreo continuo y comprensión semántica.
Detección preventiva de riesgos legales: la revisión contractual dejará de ser reactiva. Los modelos de IA serán capaces de detectar cláusulas débiles, lenguaje ambiguo, términos desactualizados o riesgos regulatorios antes de que lleguen a la etapa de aprobación.
La IA no solo señalará problemas: también podrá sugerir redacciones alternativas, comparar el documento con políticas internas y verificar consistencia entre distintas versiones. Esto reducirá disputas, incumplimientos y exposición legal.
Integración con sistemas de negocio en tiempo real: los documentos ya no estarán aislados. La IA actuará como puente entre contratos y sistemas como CRM, ERP, HR, plataformas financieras y herramientas de workflow, permitiendo que los datos fluyan automáticamente entre áreas.
Un contrato podrá actualizar el estado de una oportunidad comercial, generar una orden de compra, activar una solicitud de onboarding o sincronizar obligaciones en un sistema de compliance. Es la gestión documental convertida en un orquestador de procesos empresariales.
Reducción drástica de tareas manuales: Las tareas repetitivas desaparecerán. La IA automatizará la extracción de datos clave, el control de versiones, la redacción de anexos, la conciliación entre cláusulas, la clasificación documental y la validación de información.
Incluso revisiones complejas -que hoy requieren horas de lectura humana- podrán resolverse en segundos, con sugerencias de mejora y análisis de impacto. Esto liberará a los equipos de legal, compras, ventas y RR.HH. para enfocarse en actividades de mayor valor.
Unidades legales mucho más ágiles: con flujos automatizados, riesgos detectados en origen y procesos interconectados, las áreas legales dejarán de ser percibidas como cuellos de botella y pasarán a operar como habilitadores estratégicos del negocio. Podrán aprobar más rápido, con mayor seguridad y con evidencia completa de cada decisión. La IA convertirá a los equipos jurídicos en socios del crecimiento, no en instancias de control aisladas.
La gestión documental avanza hacia un modelo completamente digital-first, incluso en sectores que históricamente dependían del papel. En este nuevo escenario, la verificación de identidad se integrará de forma natural en los flujos de firma, convirtiéndose en un estándar para operaciones sensibles o sujetas a regulación.
La validez legal de los documentos ya no estará determinada únicamente por su contenido o formato, sino por su trazabilidad completa, evidencias asociadas y capacidad de auditoría. Al mismo tiempo, las empresas enfrentarán mayores exigencias regulatorias en materia de protección de datos, identidad, soberanía digital y conservación documental.
El foco también migrará desde la simple gestión de archivos hacia una gestión de contratos integral, donde el valor no reside en almacenar documentos, sino en administrar acuerdos que tienen impacto financiero, comercial y legal. En esta transición, los documentos pasarán a ocupar un rol central en el gobierno corporativo, incorporando compliance y control desde su creación y no como un proceso posterior.
Finalmente, la IA consolidará la gestión documental como un sistema nervioso digital de la organización: un entorno donde los documentos se conectan con procesos, decisiones y cumplimiento normativo, aportando inteligencia, automatización y seguridad en cada etapa.
En un entorno donde identidad, firma, trazabilidad y cumplimiento convergen, Sovos agrega un elemento esencial: confianza regulatoria en cada documento y contrato digital.
Sovos ofrece su gestor de contratos y documentos digitales, que permite:
En un mundo donde los documentos se vuelven más inteligentes, Sovos garantiza que también sean más seguros, confiables y legalmente sólidos.
La gestión documental ya no es “administrar archivos”: es administrar confianza.
Las empresas que no modernicen esta capa crítica quedarán fuera del juego regulatorio, operativo y competitivo que marcará 2026.
Las finanzas integradas -o embedded finance– se refieren a la integración directa de servicios financieros como pagos, préstamos, seguros, cuentas y gestión de dinero, ente otras, dentro de plataformas o negocios que no son bancos ni instituciones financieras tradicionales.
En lugar de obligar al usuario a acudir a un banco, abrir una cuenta o usar una aplicación financiera independiente, la experiencia financiera se “embebe” en el flujo natural del servicio: al comprar un producto, contratar un servicio o utilizar una plataforma digital.
Esto transforma la experiencia del cliente: los servicios financieros dejan de ser una barrera externa y se vuelven parte natural de la experiencia digital.
El éxito de las finanzas integradas se apoya en varios pilares:
Las finanzas integradas pueden aplicarse en múltiples contextos. Algunos ejemplos y ventajas:
Aunque están relacionadas, estas tendencias no son lo mismo:
En la práctica, estas tres tendencias suelen combinarse para construir ecosistemas financieros innovadores, seguros y regulados.
Algunas razones clave para su auge reciente:
No todo es sencillo: al incorporar finanzas (sea en la forma de pagos, préstamos, cuentas, otros), aparecen desafíos importantes:
Para empresas que no son bancos, adoptar finanzas integradas supone:
Pero para hacerlo bien, deben asociarse con proveedores regulados; invertir en seguridad, compliance e infraestructura tecnológica; asegurar cumplimiento normativo; diseñar flujos de usuario simples y transparentes.
La experiencia de Sovos en facturación electrónica y cumplimiento tributario se alinea muy bien con empresas que quieren incorporar finanzas integradas, especialmente en mercados regulados o con alta exigencia de compliance.
Para empresas que operan en múltiples jurisdicciones, Sovos ofrece cobertura global: un solo socio tecnológico para manejar documentación, facturación electrónica y
Las finanzas integradas transforman el ecosistema financiero: lo que antes era exclusivo de bancos -cuentas, pagos, préstamos- ahora puede estar integrado en prácticamente cualquier plataforma digital sin ser un banco. Esto abre enormes oportunidades de innovación, inclusión, eficiencia y nuevos modelos de negocio.
Estas oportunidades vienen de la mano de varias responsabilidades: cumplimiento normativo, regulación, seguridad, transparencia. Para las empresas que ya trabajan con estándares contables o fiscales esta transición puede ser mucho más ordenada, confiable y escalable.
Alberto Juárez, VP Digital ID & Trust
La conversación en torno a la identidad digital lleva años atrapada en un espejismo. Hablamos sin parar de tecnologías, funciones, proveedores, interoperabilidad, biometría, wallets, blockchains, marcos regulatorios. Todo eso importa, claro. Pero nada de eso, por sí solo, es suficiente.
Cuando se observa con un poco más de distancia, emerge un patrón que atraviesa industrias, sectores y geografías: las organizaciones están tratando la confianza digital como si fuera un producto. Algo que se implementa, se mide y se reporta. Pero la confianza digital no es eso. Es un sistema vivo que entrelaza decisiones humanas, estructuras tecnológicas, procesos operativos, criterios de gobernanza, gestión de riesgos y política organizacional. Y como todo sistema vivo, no puede ser controlado por fuerza bruta ni resuelto simplemente comprando “la mejor solución del mercado”. La confianza no se instala: se diseña. O se desintegra.
Este es probablemente el punto que más se evita: lo que realmente sostiene un ecosistema de confianza no es la tecnología, sino la coherencia. Coherencia entre todos los mecanismos que determinan quién es quién, qué puede hacer, y cómo se prueba, registra y audita esa identidad en el tiempo. Y es ahí, precisamente, donde fallan la mayoría de las organizaciones.
Parte del problema estructural está en cómo entendemos los conceptos clave. Se confunde identidad con verificación, y verificación con confianza. Hoy, muchas empresas que buscan “avanzar en su transformación digital” lo hacen adquiriendo servicios fragmentados, con poca o nula integración estratégica entre ellos.
Así, el objetivo de construir un ecosistema confiable se diluye. Se ralentiza. Se vuelve frágil. Es incómodo decirlo, pero necesario: un onboarding con biometría, una firma digital o una gestión documental avanzada no crean confianza por sí mismos. Lo único que hacen es cerrar una transacción en un momento puntual. La confianza aparece cuando esos puntos están conectados de manera estable, predecible y verificable. Ahí nace el ecosistema. No antes.
La verdadera complejidad, entonces, no es técnica. Es sistémica. Muchas veces se cree que el problema radica en una falla puntual de software, en un cambio regulatorio inesperado o en un proveedor que no escala. Pero el núcleo del problema está en que las piezas no fueron pensadas para trabajar juntas. Lo que desde afuera parece una falla técnica, en realidad suele ser el reflejo de una arquitectura interna fragmentada: distintos equipos con distintas prioridades, métricas que compiten entre sí, tiempos que no se sincronizan, procesos sin puntos de encuentro y, a veces, hasta culturas organizacionales que se contradicen dentro de la misma empresa. La falta de confianza no está en el sistema. Está en la organización que lo sostiene.
Desde esa mirada, un ecosistema de confianza digital es, en esencia, la capacidad institucional de identificar, validar, autorizar, registrar y preservar identidades y sus acciones de forma consistente, trazable y verificable. No importa el canal, ni el momento, ni el caso de uso.
Cuando uno de esos eslabones falla, aparece el riesgo. Cuando fallan dos, el fraude. Cuando se rompen tres, todo colapsa.
La mayoría de los intentos por construir este tipo de ecosistemas fracasa porque siguen patrones conocidos: se piensa en silos — identidad, firma y documentos como proyectos desconectados—, se actualiza tecnología sin revisar procesos ni gobernanza, y se subestiman los efectos colaterales: cada cambio en un punto del flujo puede amplificar riesgos en otro. Además, se prioriza una experiencia “sin fricción” incluso cuando eso implica debilitar los controles que garantizan la seguridad real. Y a eso se suma la ilusión más costosa de todas: creer que el problema se resuelve comprando soluciones individuales. El verdadero diferencial está en elegir socios tecnológicos que entiendan el ecosistema en su conjunto. No se trata de encontrar el mejor proveedor en una categoría específica, sino de trabajar con quienes pueden integrar identidad, prueba e integridad en una arquitectura coherente y sostenible.
Lo que marca la diferencia no es describir el estado actual, sino ofrecer una forma distinta de pensarlo. Una manera que permita tomar decisiones con claridad. En ese sentido, el marco conceptual del “Triángulo de la Confianza Digital” ofrece una mirada integradora que articula tres capas críticas: identidad, prueba e integridad. La primera responde a quién es la persona, con todos los atributos contextuales, evidencias y trazabilidad que la componen. La segunda pregunta cómo sabemos que es quien dice ser, evaluando biometría,
documentos, bases oficiales, historial de comportamiento o antecedentes transaccionales. La tercera, la más ignorada, se enfoca en si podemos confiar en lo que esa identidad hizo, gracias a registros firmados, sellados, preservados y validados legal y técnicamente.
No basta con que estas capas estén orquestadas. Tienen que estar integradas. No es suficiente con que estén conectadas. Tienen que ser coherentes. Esa es la diferencia entre construir un flujo funcional y diseñar un sistema confiable.
La tesis final es clara: el futuro no es identidad. No es firma. Es arquitectura de confianza. La próxima década no la van a liderar los proveedores con más features, sino quienes entiendan cómo ensamblar ecosistemas donde la identidad sea continua, no un evento aislado; donde la verificación sea contextual, no binaria; y donde la integridad sea automática, auditable y transversal. La confianza digital no es una capa más. Es el pegamento que mantiene todo unido. Y hoy, la mayoría está construyendo sin ese pegamento.
Ese es el vacío que podemos ocupar: explicar, diseñar y liderar cómo debería ensamblarse este nuevo modelo de confianza en el mundo real, con claridad, con evidencia, sin humo ni fantasía tecnológica.
¿Conoces los documentos electrónicos que podrían transformar la gestión tributaria en Colombia en los próximos años? El país ha recorrido un largo camino en materia de transformación digital tributaria y se ha convertido en líder y referente de la facturación electrónica.
Desde la consolidación de la validación previa como eje del sistema, ha avanzado hacia un modelo más transparente, trazable y eficiente. Sin embargo, la evolución no se detiene ahí: un nuevo salto se avecina con la incorporación de nuevos documentos electrónicos que prometen ampliar el alcance del ecosistema fiscal digital y fortalecer la administración tributaria.
Durante el webinar “Presente y futuro de la facturación electrónica en Colombia, una perspectiva global”, expertos de Sovos analizaron cómo la experiencia regional marca el rumbo del país y qué documentos podrían convertirse en el siguiente paso para la DIAN.
América Latina ha sido pionera en la adopción de la factura electrónica desde su implementación inicial en Chile en 2003. Hoy, más de 90 países han seguido este modelo, inspirados por su impacto en la recaudación, la transparencia y la reducción de la informalidad.
Pero la transformación no se limita a la factura. En varios países de la región se han sumado documentos complementarios -como las guías de remisión, los comprobantes de retención, los comprobantes de percepción y las adendas electrónicas- que amplían el control fiscal, mejoran la trazabilidad de las operaciones y permiten eficiencia en la interoperabilidad de las empresas.Estos modelos sirven hoy como referencia directa para Colombia, que ya cuentan con las bases regulatorias y técnicas necesarias para dar cualquiera de los siguientes pasos.
Las guías de remisión electrónica son documentos que respaldan el traslado de bienes entre distintos puntos geográficos, permitiendo su trazabilidad, control logístico y verificación por parte de las autoridades. Países en Latinoamérica como Perú, Ecuador, Chile y México ya las han implementado con éxito, y los beneficios para las empresas son evidentes:
Además, la validación electrónica garantiza la autenticidad y seguridad de los documentos, fortaleciendo la confianza entre empresas y autoridades. Los expertos de Sovos participantes del webinar coincidieron en que es altamente probable su adopción en el corto plazo en Colombia; para varios países de la región ya es obligatorio, proporcionando un mejor control de la legalidad de los bienes transportados.
Los comprobantes de retención electrónica acreditan la retención de tributos en operaciones comerciales realizadas por agentes autorizados. Este modelo ya opera en países como Ecuador (obligatorio desde 2022), Argentina y Chile, y permite registrar, validar y reportar retenciones de forma automática.
En un futuro cercano, su adopción en Colombia significará mayor control sobre el flujo de impuestos, simplificación de conciliaciones contables y reducción de errores.
A nivel tecnológico, seguiría la misma lógica de la factura electrónica: emisión, validación ante la DIAN y distribución digital mediante APIs o servicios web. Este documento ayuda a fiscalizar correctamente el manejo de retenciones para los obligados a las mismas.
A diferencia de la retención, donde se descuenta un tributo, la percepción electrónica adelanta su recaudación. Este documento acredita un monto adicional al valor de una operación comercial y es clave en países con sistemas tributarios más maduros como Argentina, México, Perú y Ecuador.
En Colombia, este tipo de comprobante aún no existe, pero podría convertirse en una herramienta estratégica para reducir la evasión, fortalecer el control fiscal y optimizar los reportes tributarios.Su implementación exigirá una sólida integración tecnológica, capacitación del personal y consistencia en los datos financieros, pero a cambio permitirá una trazabilidad total de las percepciones y una mayor eficiencia en auditorías y declaraciones.
Aunque las adendas electrónicas no son documentos fiscales, su rol es cada vez más relevante. Funcionan como complementos de la factura electrónica que agregan información operativa -como centros de costo, códigos de compra o datos logísticos-, lo que facilita la automatización de pagos y la integración con sistemas empresariales (ERP, CRM o plataformas logísticas).
México -al igual que otros países de la región- se ha visto enfrentado al dilema de cómo controlar la interoperabilidad a través de un proceso flexible para las industrias, con las bondades de contar con un anexo técnico para evitar múltiples esquemas técnicos.
Con su aplicación, un sector beneficiado fueron las grandes empresas del retail, al poder crear la condición de no aceptar facturas sin una adenda correctamente formada. Aunque es un proceso que no ha sido replicado por otros países, es en la práctica una herramienta estratégica para la automatización de procesos manuales, logrando reducir tiempos de validación y evitando errores manuales. Esta mejora en el intercambio de información entre compañías de forma estándar crea un puente entre lo fiscal y lo operativo enfocada en la productividad de un país.
Colombia ya cuenta con la infraestructura técnica y regulatoria para avanzar. El desafío ahora está en preparar su empresa, fortalecer sus sistemas y acompañar la transición hacia un ecosistema donde cada documento electrónico aporte valor tanto al Estado como al contribuyente.
La factura electrónica fue solo el comienzo. Los próximos documentos digitales marcarán una nueva etapa en la madurez tributaria del país, conectando procesos logísticos, financieros y administrativos bajo un mismo estándar tecnológico.
El futuro de la gestión tributaria en Colombia no es solo digital: será integrado, trazable y colaborativo. Y la preparación para ese futuro comienza hoy.
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¿Sabías que los creadores digitales ahora deben emitir boletas? El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio un paso clave en la formalización de la economía digital al establecer, mediante la Resolución Exenta N°128 del 1 de octubre de 2025, que todos los creadores de contenido digital con domicilio en Chile deberán emitir una boleta de honorarios electrónica (BHE) para documentar los ingresos que perciban desde plataformas de redes sociales, tanto nacionales como extranjeras.
La medida busca integrar las actividades digitales al sistema tributario, garantizando que los ingresos provenientes de plataformas como YouTube, TikTok, Instagram o Twitch, sean declarados correctamente para efectos del Impuesto Global Complementario.
Según la normativa, se considera “creador de contenido digital” a toda persona natural que, de manera independiente y sin subordinación laboral, genere, produzca, distribuya o explote contenido audiovisual -como videos, transmisiones en vivo, animaciones, textos o audios-utilizando plataformas digitales locales o extranjeras.
“La resolución también establece que quienes desarrollen otras actividades económicas deberán emitir la BHE con estas condiciones solo por los ingresos asociados a plataformas digitales. Además, los creadores deberán iniciar actividades ante el SII declarando su rubro como de segunda categoría antes de emitir el documento”, explica María del Carmen Aguilar, Senior Regulatory Counsel en Sovos.
El incumplimiento de la obligación de emitir boleta de honorarios podrá ser sancionado con multas que van desde el 50% hasta el 500% del monto de la operación, con un mínimo de $138.530 pesos chilenos y un máximo de $2.770.600. La emisión de boletas que no cumplan las condiciones fijadas puede acarrear sanciones de hasta el triple del impuesto eludido si existe evasión.
La nueva normativa entró en vigor el 11 de octubre de 2025 -fecha de su publicación en el Diario Oficial-, sin efecto retroactivo sobre boletas emitidas previamente.
“Se trata de un paso natural hacia la formalización de la economía de los creadores digitales, que hoy representan un segmento dinámico y en expansión. La digitalización de los procesos tributarios permite mayor transparencia y simplificación para todos los contribuyentes”, afirmó María del Carmen Aguilar.
Con esta medida, Chile se suma a la tendencia internacional de incorporar las actividades digitales al marco fiscal formal, en línea con los cambios que ya se observan en la región para equilibrar innovación, regulación y responsabilidad tributaria.
Desde el 25 de octubre Chile aplicará IVA a las compras de bajo valor (menos de $500 dólares) realizadas en plataformas digitales extranjeras, gravando una costumbre arraigada en los consumidores chilenos en los últimos años: comprar online a través de plataformas como Shein o Amazon, por poner algunos ejemplos, una infinidad de productos.
Desde ropa y accesorios hasta gadgets tecnológicos, miles de productos llegan cada día desde el extranjero directo a la puerta de los hogares. Pero a partir de la fecha indicada, esas compras estarán sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esto significa que el 19% del impuesto se incluirá automáticamente al momento del pago en la plataforma, sin trámites adicionales en Aduanas, haciendo más transparente y ágil la experiencia de compra.
“Esta medida se enmarca en la Ley N°21.713 sobre Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que busca asegurar que el comercio electrónico contribuya en igualdad de condiciones que el comercio local, reforzando al mismo tiempo los mecanismos de fiscalización”, explica María del Carmen Aguilar, Senior Regulatory Counsel en Sovos Latinoamérica.
Con esta medida, Chile está alineándose con una tendencia internacional: asegurar que la economía digital tribute de la misma forma que las transacciones físicas, pero sin perder de vista la experiencia del consumidor.
El IVA se aplicará a todos las compras cuyo valor total (incluidos gastos de envío) no supere los 500 dólares. La novedad es que el impuesto será calculado y retenido por la propia plataforma o comercio digital extranjero en el momento de la compra, siempre y cuando estén inscritos en el registro especial habilitado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De este modo, el cliente pagará el IVA en el checkout y el producto llegará a Chile sin trámites adicionales y exento de aranceles aduaneros. Esto significa una reducción en los costos de importación y agilización en la entrega.
“En cambio, si la compra se hace en un comercio que no está inscrito en el régimen simplificado, el consumidor tendrá que pagar el IVA a la importación, aranceles y otros gastos de aduana cuando el producto ingrese al país. Además del costo adicional, esto puede retrasar la liberación de la compra en Aduanas”, dice María del Carmen.
En esos casos se mantiene el procedimiento general: el producto se grava con IVA y con aranceles aduaneros al momento de la importación, tal como ocurre actualmente.
Desde el pasado 1 de agosto de 2025, las plataformas y comercios extranjeros pueden registrarse en el sistema simplificado del SII, que no exige domicilio en Chile y les permite declarar y pagar el impuesto de forma mensual o trimestral. Si ya estaban inscritos como proveedores de servicios digitales, solo deberán actualizar sus datos para incluir la opción de venta de bienes.
Esta lista de plataformas inscritas estará disponible públicamente en el portal del SII, lo que servirá como referencia para que los consumidores prefieran aquellas que garantizan un proceso de compra más ágil y sin cobros adicionales.
Más allá de la obligación legal, inscribirse también representa una ventaja comercial, pues los consumidores se inclinarán por las plataformas que aparezcan en la nómina oficial, porque eso significa seguridad, rapidez y costos finales más bajos.
El nuevo esquema busca equilibrar el terreno entre el comercio local y el digital transfronterizo, pero también, mejorar la experiencia de compra. Para el consumidor, la diferencia es clara: elegir una plataforma inscrita se traduce en precios finales transparentes, entregas más rápidas y menos trámites. Para las plataformas, representa la oportunidad de operar de manera alineada con la normativa chilena y de transmitir confianza a un público que cada día compra más en el extranjero.
Sovos y sus soluciones ayudan a simplificar el cumplimiento del IVA en Chile, asegurando que estas operaciones internacionales se alineen con la normagtiva local, reduzcan riesgos y ofrezcan a los consumidores una experiencia de compra ágil y transparente.
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Elegir a un proveedor de facturación electrónica es especialmente relevante en un escenario en que la facturación electrónica dejó de ser una opción técnica: hoy es una pieza clave del cumplimiento fiscal, la trazabilidad comercial y la eficiencia operativa.
En mercados donde las reglas cambian con frecuencia -como gran parte de Latinoamérica- elegir un proveedor equivocado puede traducirse en multas, interrupciones operativas y pérdida de ingresos. Además, los costos de migrar a un nuevo proveedor pueden ser muy altos. Una mala elección no solo impacta en el cumplimiento fiscal: también puede frenar ventas, dañar la relación con clientes y encarecer procesos internos.
Por eso, antes de elegir un socio tecnológico conviene evaluar ciertos aspectos clave que marcarán la diferencia entre un proveedor que solo cumple con lo mínimo y uno que realmente acompaña el crecimiento de tu negocio.
Chequea algunos criterios esenciales que deberías revisar para tomar una decisión informada y sostenible en el tiempo:
Un proveedor debe demostrar cumplimiento con las normas de cada país donde operas y contar con procesos probados para adaptarse cuando cambian las reglas (por ejemplo, nuevos campos obligatorios, formatos, o cambios en la emisión B2C/B2B).
La integración es donde se gana (o se pierde) tiempo y dinero. No basta con que el proveedor tenga APIs: importa cómo se conecta, qué datos intercambia, qué tan estable es y cómo maneja las conciliaciones fiscales.
Cada país tiene una arquitectura distinta (timbrado/PAC, validación previa, Operador de Servicios Electrónicos (OSE), validación en línea vs. resumen diario, entre otros). El proveedor debe manejar correctamente el modelo local y tener planes de contingencia claros.
La factura electrónica es información fiscal y personal; exige controles sólidos.
El proveedor debe comprometerse con niveles de servicio (SLA) realistas y respaldarlos con métricas y planes de continuidad.
En entornos donde las reglas cambian de un día para otro, no basta con la tecnología: necesitas acompañamiento.
Los costos pueden incluir setup, timbrado por documento, mensualidades, integración, mantenimiento y tarifas por cambios regulatorios.
El dominio de la información es fundamental para finanzas y auditorías.
Sovos actúa como un habilitador confiable para empresas que operan en mercados con regulaciones fiscales dinámicas. Sus soluciones de facturación electrónica aseguran cumplimiento inmediato con las normativas locales de cada país, adaptándose rápidamente a cambios regulatorios.
Además, ofrece integración sencilla con sistemas ERP, seguridad avanzada de datos, soporte local especializado y reportes detallados para auditoría y trazabilidad. Con Sovos, las empresas reducen riesgos, optimizan sus procesos de facturación y pueden centrarse en el crecimiento de su negocio, sin preocuparse por complejidades fiscales o interrupciones operativas.
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