El principio básico del impuesto sobre el valor añadido (IVA) es que el gobierno obtiene un porcentaje del valor que se añade en cada paso de una cadena económica, que termina con el consumo de los bienes o servicios por un individuo. Aunque el IVA lo pagan todas las partes de la cadena, incluido el cliente final, sólo las empresas pueden deducir el impuesto soportado. Por esta razón, los requisitos del IVA relativos a las facturas generalmente sólo se aplican entre empresas.
Muchos gobiernos utilizan las facturas como prueba principal para determinar los impuestos «indirectos» que les deben las empresas. El IVA es, con mucho, el impuesto indirecto más importante para casi todas las naciones comerciales del mundo. En términos generales, aporta más del 30% de todos los ingresos públicos. El IVA como método impositivo convierte esencialmente a las empresas privadas en recaudadores de impuestos. El papel de la evaluación del impuesto es fundamental, por lo que estos impuestos se denominan a veces «impuestos de autoevaluación».
La brecha del IVA
El IVA depende de que las empresas cumplan con las obligaciones de derecho público como parte integral de sus ventas, compras y operaciones comerciales en general. La dependencia de las empresas para tramitar y declarar el IVA hace necesario que las autoridades fiscales auditen o controlen de otro modo las transacciones comerciales. Pero, a pesar de esas auditorías, el fraude y las malas prácticas suelen hacer que los gobiernos recauden un IVA considerablemente inferior al que deberían. La diferencia entre los ingresos por IVA previstos y la cantidad realmente recaudada es la brecha del IVA.
En Europa, esa brecha del IVA asciende a unos 140.000 millones de euros cada año, según el último informe de la Comisión Europea . Esta cantidad equivale a una pérdida del 11% de los ingresos por IVA previstos en toda la UE. A nivel mundial, calculamos que el IVA adeudado pero no recaudado por los gobiernos debido a errores y fraudes podría ascender a medio billón de euros. Esta cifra es comparable al PIB de países como Noruega, Austria o Nigeria.
La brecha del IVA representa entre el 15 y el 30% del IVA que debería recaudarse en todo el mundo. Y estas cifras serían sin duda mucho mayores si se añaden los ingresos fiscales perdidos por la actividad empresarial no registrada, ya que las cifras sólo incluyen la actividad empresarial registrada de buena fe.
Los gobiernos de todo el mundo están promulgando nuevas y complejas políticas para hacer cumplir los mandatos del IVA. A través de estos mandatos, obtienen una información sin precedentes sobre los datos económicos y reducen las brechas de ingresos. Las autoridades fiscales se mantienen firmes en su compromiso de cerrar la brecha del IVA y utilizarán todas las herramientas a su disposición para recaudar los ingresos adeudados. Esto es especialmente cierto después de la COVID-19, cuando los gobiernos prevén enfrentarse a importantes déficits presupuestarios.
Los retos del IVA y el coste del incumplimiento
Para cerrar la brecha del IVA, los países están presionando a las autoridades fiscales para que cumplan con los requisitos del IVA. Como resultado, están aplicando diferentes consecuencias legales a las irregularidades. Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos del IVA pueden ser enormes. Por eso, la mayoría de las empresas quieren estar lo más seguras posible de que pueden demostrar rápida y fácilmente su cumplimiento del IVA para evitar riesgos, entre otros:
- Multas administrativas
- Sanciones penales
- Auditorías prolongadas
- Efectos indirectos en otros ámbitos de la fiscalidad o la contabilidad
- Auditorías de socios comerciales
- Procedimientos de asistencia mutua
- Pérdida del derecho a la deducción del IVA
- Obligación de pagar el IVA sobre las facturas fraudulentas
En un momento en el que las exigencias de las autoridades fiscales de todo el mundo no hacen más que aumentar, está claro que las empresas deben ser conscientes de los retos de cumplimiento a los que se enfrentan y prepararse para lo que les espera.
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